La ausencia de jueces suplentes en la Corte Disciplinaria Judicial deja en un limbo a los ciudadanos que esperan una decisión de esta. Es el caso de Cristina Agostini, jueza titular quien desde 2017 se encuentra en la interminable espera de una decisión de la Corte por falta de jueces.
En febrero de 2008, Cristina Agostini fue notificada sobre la suspensión con goce de sueldo de su cargo de jueza titular, ordenada por la Comisión Judicial, hasta tanto la Inspectoría General de Tribunales realizara las investigaciones pertinentes. Transcurrido más de un año sin que la inspectoría ejecutara las investigaciones, la jueza fue notificada de la suspensión del pago de salario, recibiendo así una segunda sanción sin que pudiera ejercer su derecho a la defensa.
En octubre de 2010, la Inspectoría General de Tribunales dictó acto conclusivo solicitando la apertura del correspondiente expediente disciplinario en su contra y la aplicación de la sanción de destitución.
En agosto de 2013, el Tribunal Disciplinario dictó sentencia a través de la cual absolvió de responsabilidad a la jueza de los ilícitos que se le habían acusado. Sin embargo, la inspectoría apeló dicha decisión. El caso pasó a la Corte Disciplinaria, que ocho meses después declaró la responsabilidad de Cristina Agostini en los ilícitos que se le atribuían, aun cuando algunos de los hechos estaban prescritos y otros no eran considerados faltas disciplinarias.
Ante esas irregularidades, en octubre de 2014 la jueza interpuso un amparo constitucional ante la Sala Constitucional (SC), quien luego de casi tres años (2017), declaró con lugar la acción, anulando así la sentencia de la Corte y ordenando la constitución de una Corte Disciplinaria Judicial Accidental, a fin de que emitiera una nueva decisión que estuviera ajustada lo establecido en el fallo.
La SC, además, ordenó oficiar a la DEM con el fin de que acreditara el tiempo de servicio de la jueza, para que la Corte Disciplinaria Judicial Accidental al momento de decidir verificara si cumplía con los requisitos para la jubilación. Asimismo, decretó el pago de salarios caídos y emolumentos dejados de percibir por la jueza entre el 9 de junio de 2009, cuando inició la suspensión, hasta el 14 de agosto de 2013, cuando el Tribunal Disciplinario Judicial la absolvió.
Finalmente, la Sala ordenó a la Corte Disciplinaria Judicial constituir la Corte Disciplinaria Judicial Accidental dentro de los cinco días de despacho siguientes a la notificación correspondiente, e informar sobre la conformación de dicho órgano. No obstante, casi dos años después de la decisión, la mencionada corte no se ha conformado porque, según un auto que reposa en el expediente, no hay jueces suficientes para su constitución. Hemos de aclarar que el nombramiento de estos jueces depende del TSJ, de modo que el incumplimiento de la decisión de la SC se debe al propio TSJ.
Así, la jueza titular Cristina Agostini se encuentra en un procedimiento plagado de injusticias, el cual ha durado más de diez años y que por lo pronto no parece tener fin, pues se encuentra suspendido indefinidamente. Mientras tanto, ella sigue fuera de su cargo, sin sueldo y sin que haya pronunciamiento sobre su jubilación.
Este uno de los varios casos de jueces titulares que han sido objeto de sanciones y que, a pesar de contar con decisiones a su favor, son mantenidos en un limbo, sin reconocerles sus derechos y poniendo en evidencia que la titularidad del cargo de juez no es garantía alguna contra la arbitrariedad, y que ni los jueces provisorios ni los titulares disfrutan de estabilidad alguna.
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