El fiscal general designado por la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, acusó a la titular del Ministerio Público (MP) destituida, Luisa Ortega Díaz, de buscar castigo de manera implacable contra los particulares llamados “raspacupo”, que hicieron uso indebido de las divisas asignadas por el Ejecutivo, pero en cambio se protegió a quienes a través de empresas de maletín estafaron incontables millones de dólares al Estado.
Se olvida el exdefensor del Pueblo que tal uso “selectivo” de la justicia penal contra el eslabón más débil de la cadena se aplicó con el aval del resto del sistema de justicia y del propio Gobierno, y mucho antes de que Ortega Díaz desconociera al régimen. La determinación de la responsabilidad penal no sólo incumbe a la Fiscalía.
Venezuela tiene un historial importante en políticas cambiarias, que regulan la compra y venta de divisas en el país. Después del control de cambio que imperó en Venezuela entre 1983 y 1989, a través de la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales (Recadi), se inició bajo el mandato del fallecido Hugo Chávez un nuevo control cambiario en 2003 (aún vigente), con la creación de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), hoy Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex). En el caso de Recadi, sólo hubo un condenado, el ciudadano Ho Fuk Wing, quien pasó a la historia como el famoso “chinito de Recadi”, como muestra de la impunidad que existía en el país.
Junto a la puesta en funcionamiento de Cadivi en 2003, se crearon reglas para la adquisición de divisas por la ciudadanía, regulándose de esta manera la compra de la moneda extranjera con motivo de viajes al exterior o para la adquisición de artículos vendidos fuera del país. Dos años después de la creación de Cadivi se promulgó la Ley de Ilícitos Cambiarios que sustituyó a la Ley de Régimen Cambiario de 1995. Esta situación, junto con la existencia de un mercado de divisas paralelo, con una cotización superior al oficial, creó todo un ambiente favorable para el manejo irregular de divisas.
Así pues, con la implementación de la Ley de Ilícitos Cambiarios, se inició la persecución de la nueva figura delictiva: los “raspacupo” en la que no recuperaron nunca la mayoría de los dólares utilizados irregularmente. Luego, en 2015, ya en plena crisis económica, se agudizó la cacería de brujas, y así en abril de ese año, la Fiscalía anunció que se había imputado a 856 raspacupos por un fraude que alcanzaba la cifra de 8 millones de dólares. Considerando los miles de millones de dólares que se fueron por Cadivi, resulta obvio que esos 856 imputados no eran más que los “chinitos de Recadi” de este régimen, y que el hecho de que sean cientos los imputados no hizo mella en la impunidad campante, como no lo hizo en su momento la condena de Ho Fuk Wing.
Entretanto Cadivi, como apéndice de un poder totalitario, se siguió prestando para perseguir a los particulares que especularon con divisas a pequeña escala. Incluso, en algunos casos, los raspacupo eran citados por Cadivi a su sede en Caracas para que justificaran el uso de las divisas en cuestión, es decir, a través de un trámite administrativo; así, personas de todas partes del país se trasladaban a Caracas y en vez encontrarse con funcionarios de esta dependencia eran recibidos por una comisión de la policía científica (Cicpc), que los detenía y trasladaba a los tribunales penales, para ser imputados en un juzgado de Control. La mayoría quedó en libertad bajo medidas cautelares pero se inició en su contra una investigación penal. Luego fueron acusados y posteriormente condenados (sólo el 20% de los imputados), además de cancelar una multa y regresar las divisas “ilícitamente” obtenidas, por lo que al igual que en Recadi, la impunidad fue la única vencedora.
Y así, mientras el Gobierno perseguía a un grupo de raspacupo, sin obtener resultados concretos contra la impunidad, por otro lado se constituían empresas de maletín, término acuñado para referirse a empresas creadas sólo en el papel, inexistentes, sin sede, socios desconocidos y menos aún capital, a las que se les reconocieron montos millonarios. Así, el propio exministro de Planificación y luego de Finanzas durante el gobierno de Hugo Chávez, Jorge Giordani, acusó que “escaparon” más de 25 mil millones de dólares. ¿Dónde están los que recibieron ese dinero?, pero sobre todo ¿dónde están los que los otorgaron?
¿Y a ti venezolano cómo te afecta?
Cuando el poder pretende perseguir a los evasores de poca monta y crea investigaciones en la que apenas unos pocos son condenados, a fin de distraer la atención de la opinión pública, y deja impunes tanto a los funcionarios que dieron millones como a los que las recibieron a través de empresas de maletín, se entiende mucho mejor por qué se hace uso de todo tipo de artificios para mantenerse en el poder, pues es sólo el poder quien les da la impunidad que tanto defienden.
