Paciencia. Eso es lo que tendrán que tener los venezolanos que esperan que la Corte Penal Internacional (CPI) actúe en el caso del país. ¿La razón? La avalancha de información que las víctimas y sus familiares enviaron al juzgado con sede en La Haya (Países Bajos), y las peticiones que el Gobierno de Nicolás Maduro le ha formulado para que le dé más tiempo a fin de presentar descargos, están retrasando el avance del proceso.
La CPI informó que recibió más de 2.000 documentos y videos de venezolanos que fueron torturados, detenidos ilegal y arbitrariamente, desaparecidos o cuyos parientes fueron ajusticiados por agentes policiales y militares, exponiendo sus casos y, sobre todo, ofreciendo sus opiniones sobre la actuación del Estado a la hora de investigar dichos crímenes.
La cantidad de información parece haber tomado por sorpresa a los funcionarios de la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS, por sus siglas en inglés), instancia encargada de recopilar y sistematizar los datos en un informe, el cual será utilizado por la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI para decidir si acepta o no la petición del fiscal Karim Khan para reanudar sus averiguaciones en relación con el país. Al menos eso es lo que se desprende de la escueta información suministrada por el juzgado.
«Debido al gran volumen de información que se ha recibido, la Sala le autorizó a la Sección una prórroga hasta el 20 de abril del 2023 para analizar y transmitir los formularios y videos junto al informe final consolidado», anunció. Además, aclaró que el período para que las víctimas pudieran hacerle llegarle información, el cual culminó el pasado 7 de marzo, no ha sido extendido.
En noviembre pasado, la Sala de cuestiones Preliminares le había pedido a la VPRS que sistematizara toda la información que recibiera de las víctimas y que le presentara un informe a más tardar el 21 de marzo.
El fiscal Khan desea proseguir sus investigaciones en el llamado caso Venezuela I, porque considera que las autoridades judiciales y policiales nacionales no están «investigando genuinamente» los presuntos crímenes de lesa humanidad que habrían ocurrido en el país al menos desde 2017.
En un informe presentado en noviembre pasado, el jurista británico empleó las cifras que el Ministerio Público (MP) le ha ofrecido para sustentar su posición. Así, expresó alarma por el hecho de que 606 de los 893 casos (67,86%) que el despacho dirigido por Tarek William Saab tenía abiertos están en fase de investigación, y que en 764 (85,55%) ni siquiera ha determinado a los autores de los crímenes.
Adicionalmente, resaltó que apenas 23 casos (2,58%) han terminado con una condena por parte de un juez, esto a pesar de que han transcurrido hasta cinco años de ocurridos algunos de los hechos.
100% seguro
Además de informar sobre la cantidad de documentos y videos recibidos, la CPI aseguró que ellos estarán a buen resguardo.
«Toda la información recibida se trata de manera estrictamente confidencial. Esta se registra en una base de datos segura, a la que únicamente el personal autorizado de la Secretaría de la CPI tiene acceso», garantizó.
«Los formularios, videos, u otros documentos de las víctimas solo serán transmitidos a la Sala, ninguna otra entidad tendrá acceso a ellos. El Gobierno de Venezuela no tendrá acceso a ningún formulario, video, ni a cualquier otro documento enviado por o en representación de las víctimas».
A lo anterior, el tribunal agregó que «La seguridad de las víctimas y quienes les asisten es primordial».
Otro motivo para esperar
Como si la avalancha de información por parte de las víctimas y sus representantes no fuera suficiente, la Sala de Cuestiones Preliminares también decidió otorgarle al Estado venezolano una prórroga para presentar sus descargos. Así, las autoridades tendrán hasta el 21 de marzo para «presentar traducciones al inglés» de los argumentos con los que refutarán la opinión de Khan e intentarán probar que sí está investigando las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el país.
Las autoridades aseguraron al organismo que el material que presentarán «representa, en términos cualitativos y cuantitativos, una cantidad considerable de trabajo» y aseguraron que el aplazamiento no afectará a la labor de la Fiscalía y que es «en interés de la justicia», explicó la Sala en una resolución publicada el 27 de febrero pasado.
Es llamativo que al mismo tiempo que pedían a la Sala más tiempo, los representantes del Estado embestían contra la Fiscalía de la CPI, a la que acusaron de poner en práctica un «colonialismo jurídico».
En un comunicado difundido el 28 de febrero, por el ministro de Información y Comunicación, Freddy Náñez, el Gobierno aseguró que entregó a la CPI «abundante» evidencia que probaría que el proceso iniciado en 2018 por la entonces fiscal Fatou Bensouda es «político» y que forma parte de la «estrategia de cambio de régimen impulsada por el Gobierno de los Estados Unidos». Aunque no se puede olvidar que EE.UU. no está sometido a la CPI ni reconoce su autoridad.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
El balance presentado por la CPI pone de manifiesto la sed de justicia que tienen las víctimas del Estado venezolano, quienes pese a la barrera idiomática, tecnológica e incluso el evidente miedo a represalias, atendieron masivamente el llamado hecho por el juzgado para presentarle información.
La posibilidad de que la Sala de Cuestiones Preliminares se demore un poco más en anunciar si autoriza al fiscal Khan a investigar lo ocurrido en Venezuela, en virtud de la avalancha de información recibida y las peticiones de las autoridades de más tiempo para presentar sus descargos, puede decepcionar a algunos. Sin embargo, debe tenerse presente que las prórrogas otorgadas son de poco más de un mes. También, es importante recordar que el próximo 31 de marzo el fiscal Khan presentará su escrito de respuesta al del Estado venezolano.
