La transición democrática en Venezuela requiere enriquecerse de la experiencia que la sociedad civil y academia de la región tienen en materia de justicia transicional y refundación de la justicia. Por ello, se hace necesario abrir espacios de reflexión conjunta e intercambio de experiencias.
Respondiendo a esta necesidad, se llevó a cabo el encuentro Transición de la justicia en Venezuela: Construyendo propuestas desde la sociedad civil, con el objetivo de generar un espacio de intercambio de criterios y experiencias entre organizaciones de la sociedad civil y académicos de la región y Venezuela para la transición de la justicia con la finalidad de contribuir al análisis de propuestas y bases de una hoja de ruta y áreas de trabajo que oriente los esfuerzos de las OSC venezolanas.
Uno de los expertos que participó en el encuentro fue Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia, quien habló del Gobierno judicial, caso Venezuela, sobre lo cual señaló que una de las premisas debe ser garantizar la independencia en el ámbito judicial, lo que históricamente ha sido una de las falencias de la justicia en Venezuela. Durante su intervención explicó que en el país se han puesto en práctica varias modalidades de gobierno judicial, no obstante, estas no siempre han asegurado la independencia judicial: “El problema no es el modelo, sino la falta de voluntad política para garantizar las condiciones de independencia judicial. Históricamente, el país ha ensayado diversas modalidades de gobierno judicial, pero no siempre ha podido asegurar la vigencia plena de la independencia judicial”.
Daniels hizo un recorrido histórico en el que explicó cómo fue evolucionando el modelo judicial. Habló de cinco períodos: en los últimos cincuenta 50 años Venezuela ha pasado por las estructuras de gobierno judicial que se pueden identificar como los modelos fundamentales a nivel internacional: el que está bajo la tutela del Ministro de Justicia, que nombra jueces y supervisa su gestión (modelo europeo); aquel que está a cargo del propio Poder Judicial (modelo norteamericano) y el que un órgano externo al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo, lo detenta; es decir, el Consejo de la Judicatura o de la Magistratura (modelo latinoamericano).
Señaló que, a pesar de que este último ―implementado en 1999― podría ser calificado como el que mayor independencia podría asegurar, en el caso venezolano ha sido, en la práctica, el más afectado y el que menos se ha aplicado.
A su juicio, la experiencia venezolana demuestra que una adecuada organización y un buen funcionamiento del gobierno judicial son esenciales para el éxito de una reforma judicial y, en consecuencia, de una adecuada administración de justicia en la medida en que garanticen una gestión eficiente y transparente, jueces independientes y capaces, personal judicial calificado y liderazgo del órgano judicial, por lo que no es fundamental el modelo de gobierno judicial en sí mismo considerado, sino los cambios reales que se hagan en el sistema, aunados a ciertas garantías indispensables.
“Lo que realmente marca la diferencia y garantiza que el Poder Judicial funcione de manera adecuada, independientemente del modelo de gobierno que tenga, es que esa estructura permita que se incorporen mecanismos de evaluación y control, tanto de los individuos que integran el Poder Judicial como de la institución”.
Precisa que al ser el Poder Judicial parte del Estado debe ser controlado por lo que respecta a su gestión e iniciativas como todo ente público y sólo así se garantizará una gestión más transparente, se incentivará la generación de información sobre el uso de los recursos que se le asignan y se motivará a los jueces a dar prioridad a la perspectiva del ciudadano y del usuario del servicio.
En cuanto a la depuración de los jueces y fiscales que conforman el sistema de justicia, Daniels advierte que deberá hacerse dentro del debido proceso. “Una opción es revisar la legitimidad de los nombramientos, pues cerca de 90% son provisionales. Hay pocos jueces en el país, cerca de 3.000, y habrá que ir creando nuevos juzgados. Otra herramienta es la nominación de los presidentes de Circuito, que tiene potestades de control sobre los jueces de su jurisdicción”.
En opinión del director de Acceso a la Justicia, una de las maneras de mejorar la gestión judicial sería, por ejemplo, trasmitir juicios por internet en los penales”; también sugiere que para un mejor control externo es necesario publicar las sentencias de los jueces de base, los libros diarios de ingreso de causas y las estadísticas judiciales.
