En la actual crisis de medicamentos que vive Venezuela, las autoridades administrativas se dan el lujo de retener medicinas, impidiendo la distribución de las mismas en el país. Esto fue lo que hace diez años hizo el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria en una prueba más de cómo la ineficiencia del Poder Judicial puede afectar incluso la salud de los ciudadanos.
En 2011 el Servicio Autónomo de Controlaría Sanitaria impidió a la sociedad mercantil Casa de Representación Laboratorios Vivax Pharmaceuticals, C.A, la movilización de más de 35.000 unidades de Cetirivax jarabe, un antialérgico pediátrico. La retención se fundamentó en que dichos medicamentos no cumplían con las normas sanitarias vigentes en el ordenamiento jurídico.
Ante esa situación, en 2012 el laboratorio recurrió la decisión ante la Sala Político Administrativa (SPA) del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El laboratorio alegó que el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria nunca señaló cuál fue la normativa transgredida y que el medicamento cumplía con las exigencias legales vigentes.
De hecho, transcurridos seis años desde la interposición del recurso, el 15 de noviembre de 2018 la SPA señaló que el laboratorio tenía razón y anuló la decisión del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria. No obstante, aunque consta en la sentencia que las medicinas tenían como fecha de vencimiento los años 2013 y 2014, la decisión favorable fue tomada mucho más tarde.
La SPA, evadiendo su responsabilidad, ordenó que los medicamentos se enviaran al Instituto Nacional de Higiene, a fin de estudiar si todavía el principio activo de los medicamentos era eficaz. De no ser así, debía procederse a su destrucción controlada y definitiva. De ser esto último, este caso sería uno de aquellos en los que todos perdemos.
En el caso de Laboratorios Vivax Pharmaceuticals se está en presencia de un procedimiento administrativo viciado y una sentencia a destiempo que nada hizo en favor de la justicia. Todo esto ocurre en un país donde conseguir medicinas es un padecimiento diario en una crisis humanitaria que el Gobierno y el TSJ se han negado a reconocer.
Si desea tener más información sobre la sentencia en cuestión puede consultar en el siguiente enlace: https://accesoalajusticia.org/presuncion-de-validez-de-los-documentos-administrativos/
