En el Arco Minero del Orinoco (AMO) la Constitución y las leyes brillan por su ausencia. Así lo denunció la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que constató la existencia de una alianza entre miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y de los cuerpos policiales y grupos irregulares y criminales con el propósito de enriquecerse, sin importar que este pacto conlleve la comisión de violaciones a los derechos humanos.
El señalamiento figura en el segundo informe que la instancia presentó el pasado 20 de septiembre al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y en el cual se asegura que recibió información confiable de que «agentes estatales, en particular (…) militares encargados de la seguridad en la región minera, así como (…) actores no estatales (grupos criminales conocidos como “sindicatos” y “pranatos” y grupos guerrilleros de Colombia)» abusan de la población local y de los mineros para hacerse con parte de los materiales preciados explotados en la rica área.
Aunque en el reporte, la MDH evita aseverar que la alianza entre funcionarios y grupos delictivos sea producto de una política de Estado, sí asegura que dicho pacto existe. En el documento, de 155 páginas de extensión, se lee lo siguiente:
«La Misión ha recibido información creíble de que miembros de las fuerzas de seguridad están en connivencia con “sindicatos”y otros elementos criminales involucrados en el sector minero (…) dicha colaboración ha ido desde la aceptación tácita de la presencia de grupos armados, la colusión activa entre actores estatales y no estatales de bajo rango, hasta supuestas alianzas estratégicas de alto nivel para “limpiar” las minas de ciertos “sindicatos”. Los funcionarios de bajo rango de la FANB también han usado la extorsión y otras formas de abuso de poder para obtener beneficios económicos».
La prestación de servicios de seguridad a las minas ilegales, el control de la distribución de combustible y del transporte aéreo en las zonas mineras, el contrabando transfronterizo de mercurio y de oro; y el cobro de sobornos a los mineros ilegales para acceder a infraestructura, son algunas de las vías ilícitas a través de las cuales los uniformados se han venido enriqueciendo, de acuerdo con la MDH.
Aprovechando la oportunidad
Tras recordar que la FANB no solo desempeña «un papel especial en el marco de seguridad del Arco Minero», la MDH expuso que las «diversas ramas» de la institución castrense «tienen también intereses económicos variados y amplios en la región» y algunos de sus miembros habría sacado provecho de ellos. Estos intereses están representados por empresas como Compañía Anónima Militar para las Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg), que explota algunas áreas de la rica zona; la Empresa Militar de Transporte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Emiltra), que presta servicios de transporte y custodia de oro; y, por último, por la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim).
Se agrega en el reporte lo siguiente:
«La Misión ha recibido información que indica que personal actual y retirado de la FANB podría haberse beneficiado de activos extrapresupuestarios del sector minero del Arco Minero. Según informes públicos, exfuncionarios de la FANB tienen presuntos vínculos con empresas privadas en el sector de la minería de oro en el Arco Minero. Asimismo, las pruebas recibidas por la Misión evidencian una presunta colusión financiera con grupos armados ilegales».
Pero no solo uniformados han sacado su tajada del AMO, sino también otros funcionarios y sus allegados:
«Existen ejemplos de alianzas estratégicas entre la CVM y empresas supuestamente privadas, controladas por miembros de la élite política y militar venezolana con redes empresariales fuera de la República. La mayoría de las empresas privadas que forman parte de las alianzas estratégicas están representadas por testaferros, lo cual es una manifestación de la falta de transparencia en el sector de la minería del oro».
Acto seguido, la MDH insistió en que las 84 entrevistas realizadas a mineros ilegales, habitantes de la zona, exfuncionarios y activistas de derechos humanos le permitieron concluir que «varios políticos de alto nivel» tienen «un interés tanto en actividades mineras lícitas como ilícitas».
Crímenes de todo tipo
La MDH constató que en el AMO se registran distintos tipos de violaciones a los derechos humanos, las cuales van desde privaciones ilegitimas de libertad, tortura y malos tratos, hasta ajusticiamientos y violencia sexual y de género.
Tras revelar que contabilizó 87 casos de vulneraciones a las garantías fundamentales, las cuales dejaron 1.914 víctimas, la instancia de la ONU afirmó que 47% de esos casos fueron cometidos por presuntos agentes estatales, mientras que 44% por no estatales.
Como si esto no fuera suficiente denunció la existencia «de un patrón de falta de investigación por parte del Estado», y por ello instó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) a tomar en consideración sus hallazgos, en el marco de su investigación sobre crímenes de lesa humanidad.
«La impunidad parece basarse en la falta de voluntad o la incapacidad de las autoridades militares y policiales para investigar y del sistema judicial para enjuiciar los delitos cometidos por los grupos armados, en un contexto marcado por alegaciones de connivencia entre el Estado y los actores criminales».
La instancia puso como ejemplo la suerte de las investigaciones por la masacre de Tumeremo, ocurrida en 2016 en el estado Bolívar. La justicia jamás investigó los presuntos nexos entre los criminales que asesinaron a los 17 mineros y agentes policiales.
Por último, la MDH lamentó la falta de cooperación de las autoridades venezolanas, las cuales le negaron la posibilidad de visitar el país e ignoraron sus solicitudes de información.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
El contenido del informe de la MDH pone de manifiesto la grave degradación institucional que sufren la FANB y los cuerpos policiales, que no han dudado en renunciar a sus funciones constitucionales y legales de resguardar la soberanía nacional y proteger a los ciudadanos para aliarse con organizaciones criminales a cambio de enriquecerse.
