En Venezuela la corrupción se ha vuelto un grave problema debido a la propagación de este mal en todos los niveles de la administración pública, en gran parte como consecuencia de la falta de una política punitiva contra quienes cometen este delito, y sobre todo, de mecanismos institucionales que la prevengan.
Un ejemplo ilustrativo es el caso del medicamento Carvatir, cuyo ensayo clínico recibió la aprobación de miles de dólares y resultó ser un engaño. Aunque dos personas fueron condenadas por agavillamiento y peculado, la sentencia condenatoria es insuficiente para evitar que este tipo de prácticas sigan ocurriendo.
La investigación se inició en 2020 tras una denuncia presentada por un «patriota cooperante». Según su testimonio, el Estado venezolano destinó la suma de $211.340 a través del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) para el ensayo clínico de fase III del antiviral Carvatir. Este medicamento se administró a pacientes con infección respiratoria aguda grave (COVID-19) con el objetivo de frenar la propagación del virus. Pero, según lo informado por varios medios de comunicación, nunca se pudo comprobar que tales estudios se hicieran y que el supuesto medicamento tuviese la efectividad requerida.
A pesar de haberse hallado culpables a los acusados de los delitos imputados, la pena de 4 años de prisión impuesta resulta insuficiente. En primer lugar, porque puede ser cumplida en libertad al ser inferior a 5 años. En segundo, porque no existe un mandato de reparación o indemnización por los daños causados al patrimonio público, como lo establecen los artículos 95 y siguientes de la Ley contra la Corrupción.
Además, tampoco se conoce que los funcionarios públicos que aprobaron el dinero hayan sido investigados, con el fin de descartar cualquier relación con los sujetos condenados. Este tipo de actuar sin duda califica de deficiente contra quienes cometen delitos contra el patrimonio público.
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