Durante su intervención en el encuentro “Transición de la Justicia en Venezuela: Construyendo propuestas desde la sociedad civil”, Carlos Ayala Corao, profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, analizó cómo dar una aplicación verdadera y efectiva al modelo vigente en Venezuela y qué corregir para pasar de “la no justicia a un Estado de justicia”
En la búsqueda de la aplicación de una justicia oportuna, eficaz, autónoma e independiente el modelo jurídico venezolano ha evolucionado y sufrido modificaciones en los últimos 50 años, la última de ellas hace 20.
No obstante, actualmente en Venezuela no hay justicia, el sistema que debería administrar su aplicación no es independiente y mucho menos autónomo, pero no por falencias en el modelo sino porque, a pesar de estar plasmado en la Constitución de 1999, quienes tienen la responsabilidad y la obligación constitucional de aplicarlo no lo hacen.
Lograr la reinstitucionalización del sistema de justicia en Venezuela durante la transición hacia la democracia pasa por determinar qué hacer con el modelo que lo rige ¿Es necesario rediseñarlo?
Carlos Ayala Corao, vicepresidente de la Comisión Internacional de Juristas, considera que más que modificarlo el desafío es ejecutarlo: “Yo no creo que estemos re-escribiendo el modelo. Podemos repensar, complementar, desarrollar, ajustar, pero no creo que la prioridad del caso venezolano sea elaborar una nueva Constitución con un nuevo modelo judicial. El modelo está allí. No es malo, pero nunca se aplicó”.
Durante su intervención en el encuentro “Transición de la Justicia en Venezuela: Construyendo propuestas desde la sociedad civil”,Ayala Corao analizó cómo dar una aplicación verdadera y efectiva al modelo vigente en Venezuela y qué corregir para pasar de “la no justicia a un Estado de justicia”.
Despolitizar
“Nosotros tuvimos 40 años de reflexión sobre la justicia en democracia, la sociedad civil fue empoderándose y cuando llegó la Constituyente de 1999 universidades, la sociedad civil y expertos hicimos las propuestas” que fueron las que quedaron plasmadas en la Carta Magna y que contaron con un consenso nacional. Un esfuerzo que no debe dejarse a un lado en opinión del experto.
Explicó que la no aplicación de un modelo que podía haber sido exitoso tuvo que ver con razones políticas. Situaciones como vicios en el sistema de destitución y designación de jueces y funcionarios judiciales encargados ejecutar la ley; falta de legitimación ciudadana, entre otras, han horadado la acción del concepto de justicia basado en criterios democráticos.
“Este modelo de gobierno y administración sufrió un fractura desde la misma Constituyente con la creación de la Comisión de Emergencia Judicial, que comenzó a destituir jueces y, a su vez, dio pie a una Comisión de Reestructuración y Funcionamiento del Poder Judicial, que es la que nombraba y destituía jueces”.
Según Ayala Corao se creó la Dirección Ejecutiva de la Magistratura la cual definió como un brazo ejecutor del gobierno. “Hasta el hermano del fallecido Hugo Chávez fue director ejecutivo; lo que es el gobierno judicial lo vino a ejercer un TSJ, captado políticamente, como brazo ejecutor del autoritarismo y luego de la dictadura” (TSJ: Tribunal Supremo de Justicia).
Pero el modelo judicial de 1999 fue atacado también a través del debilitamiento de las condiciones laborales, el nombramiento y destitución arbitraria de jueces, la instauración de la provisionalidad y la carencia de formación y excelencia, entre otras irregularidades.
Un TSJ independiente
En opinión de Carlos Ayala Corao es imprescindible que la máxima instancia de justicia en el país se rija por criterios en los que prime la autonomía y el respeto al Estado de Derecho. Propone que se estudien métodos de evaluación y designación de magistrados implementados en otros países de América Latina, así como en el Estatuto que rige la transición a la democracia aprobado por la Asamblea Nacional. También propone la instauración de mecanismos de participación ciudadana en la designación de esos juristas.
El jurista defiende el modelo de justicia establecido en la Carta Magna. Estima que cambiarlo implicaría una reforma constitucional.
“Yo diría que tratáramos de ver cómo aplicamos a Constitución de 1999 donde los venezolanos y venezolanas teníamos el consenso. Cómo lo aplicamos, cómo hacemos la transición de la no justicia a la justicia que está en la Constitución, para mí esa es la transición de la justicia”.
