La académica venezolana (Universidad de Londres, especialista en derechos humanos), autora del libro Women’s Access to Transitional Justice in Timor-Leste, producto de una investigación de campo que desarrolló durante año y medio en Timor Oriental, pero que en su totalidad le llevó 6 años de su vida, basó su obra en el acceso de las mujeres a la justicia transicional durante el intento de resolución del conflicto entre Timor e Indonesia, cuando entre 1975 y 1999, Indonesia invadió a Timor Oriental y se desató una guerra civil.
Noemí Pérez relató lo ocurrido a las mujeres en Timor Oriental en el Conversatorio La reconstrucción de la paz en Venezuela. Transición democrática, justicia transicional y Corte Penal Internacional, llevado a cabo por Acceso a la Justicia el 9 y el 10 de diciembre con reconocidos ponentes nacionales e internacionales, en búsqueda de herramientas que ayuden en un posible proceso de transición en Venezuela.
Las violaciones a los derechos humanos en Timor Oriental fueron de tal magnitud y en diferentes sentidos que el conflicto desencadenó el interés internacional y se desarrollaron diferentes iniciativas de justicia transicional con intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Lo sorprendente es que las encuestas y testimonios recogidos en el trabajo de Noemí Pérez revelaron un matiz de género que no debería ocurrir en ningún lugar del mundo, pero ocurrió en Timor Oriental.
Se supo que en ese país hubo enormes cantidades de mujeres que padecieron violencia sexual y desplazamientos forzosos, incluso fueron violadas estando detenidas durante la noche para luego ser liberadas en la mañana. Se documentaron embarazos y matrimonios forzados con indonesios y estigmatizaciones. Revictimizadas, eran etiquetadas como «las mujeres de los indonesios».
«Y justamente mujeres, víctimas de violencia sexual, acosadas todas las noches, no participaron en los mecanismos de justicia transicional. Otras mujeres víctimas de violencia sexual en Timor Oriental decidieron no llevar sus casos a la justicia por temor y presión familiar».
La afectación al honor de la mujer fue un elemento que entorpeció la posibilidad de llevar el caso a tribunales. «Estos casos quedaron sin resolver y silenciados por la historia. Solo un evento de violencia sexual fue juzgado como crimen de lesa humanidad», dijo Noemí Pérez.
Aunque el Informe de la Comisión de la Verdad contaba con más de 2.500 páginas y 7.824 testimonios, eso apenas representó entre el 1% y el 3% de la población. Un estimado de 40 mil personas participaron en audiencias organizadas por la Comisión de la Verdad, la cual fomentaba reconciliación, salvo con aquellos perpetradores de crímenes de lesa humanidad, los cuales eran pasados a tribunales.
Luego las reparaciones a las víctimas se vieron afectadas. Algunos políticos indicaban que fueron tantos los crímenes cometidos que la ley de reparación para las víctimas no fue aprobada, porque todo el mundo fue víctima y era imposible dar dinero a todos.
En ese sentido, Pérez se inclina por resaltar la importancia de explorar otras formas de reparación como la rehabilitación y las garantías de no repetición.
La investigación de Pérez le permite afirmar que, cuando se aplica la justicia transicional, sea por tribunales o por una comisión de la verdad, se debe revisar patrones para evitar el silencio de las víctimas.
Las reparaciones son un elemento vital de la justicia transicional, que no debería dejarse de lado, en atención a los derechos económicos, sociales y culturales. Las víctimas también indicaban que hay un tema intergeneracional que se explica en que, si yo sufrí, por qué mis hijos están así, sin ayuda.
Desde Acceso a la Justicia, observamos que, si el sistema de justicia venezolano estuviese apegado a las normas, se mantuviera independiente y libre de corrupción, estas situaciones de extrema violencia contra las mujeres y niñas no se presentarían también en nuestro país, sin embargo, en su tercer informe, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela denunció en septiembre de este año que ocurren en el Arco Minero del Orinoco y en otras zonas de conflicto en Venezuela.
Por eso, pensamos que un proceso de justicia transicional, ya sea con tribunales nacionales o internacionales, es decir, contar con un proceso genuino de acceso a la justicia, permitiría reparar los daños infligidos a las mujeres en esas zonas, siempre y cuando se puedan vencer las barreras culturales y emocionales, y diseñar campañas inteligentes para que las mujeres se sientan con confianza de denunciar las violaciones sufridas.
