En la Venezuela actual la libertad de expresión se ve cada vez más amenazada por la acción represiva del Gobierno nacional a través de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Así quedó demostrado, cuando el 22 de agosto la ANC aprobó en sesión especial el denominado proyecto de Ley contra el Odio, la Intolerancia y por la Convivencia Pacífica, a partir del cual se pretende castigar a personas y medios de comunicación social bajo el pretexto de garantizar que nadie sea víctima de alguna “forma de violencia política, odios e intolerancias”.
Para la ANC, la futura “ley constitucional”, aún no sancionada, sólo busca asegurar la vigencia efectiva de los derechos humanos (DD. HH.), así como “el desarrollo social, preservar la paz y la tranquilidad pública y proteger a la Nación” (artículo 1).
De hecho, la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, expresó que es “una ley para todos, para evitar que ocurra una confrontación, una guerra civil, un conflicto interno, producto del odio y la intolerancia. No es menos cierto que el odio y la intolerancia han sido promovidos por un sector político de la oposición. Es una ley para todos, para que nadie sea víctima de un crimen de odio o de intolerancia aunque lamentándolo mucho, las víctimas vienen del pueblo humilde de Venezuela”. Incluso, dijo que “será una ley de gran avanzada y de ejemplo para el mundo”.
A propósito de esta propuesta constituyente, resulta importante señalar la particular incertidumbre que causa su lectura, ya que en aras de alcanzar una supuesta convivencia pacífica en el país, libre de odios e intolerancias, su contenido refleja la vulneración del derecho humano a la libertad de expresión, pues de aprobarse como ley permitiría la censura y el cierre arbitrario de medios de comunicación social, incluso digitales. Un escenario que, lejos de crear convivencia pacífica, alimentaría el ambiente de confrontación e intolerancia que se vive en el país y que ha propiciado el mismo Gobierno con un discurso lleno de descalificaciones hacia el que piense diferente.
Esto se hace evidente no sólo porque la ANC está dedicada a usurpar las funciones legislativas que le corresponden exclusivamente a la Asamblea Nacional (AN), sino también por las razones que a continuación se especifican:
- Cuando el artículo 6 del proyecto, al prohibir la propaganda y mensajes “a favor de la guerra y toda apología del odio a favor de la guerra y toda apología del odio político, social, de género, étnico-racial, diversidad sexual, religioso, y de cualquier otra naturaleza”, establece que la difusión por parte de “los prestadores de servicio de radio y televisión será considerada como causal de revocatoria de la concesión, de conformidad con lo previsto en la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos”, el cual no toma en consideración los principios básicos constitucionales (artículo 49 de la Constitución) que están orientados a limitar el ejercicio absoluto de las potestades administrativas.
Precisamente, tal como está planteada en la norma citada, la potestad revocatoria sería ejercida sin ningún tipo de garantías jurídicas para los titulares de las concesiones, por ejemplo, sin ningún procedimiento administrativo, que es la técnica por excelencia para controlar la legalidad de esta actividad administrativa y proteger al ciudadano.
- En esa línea de pensamiento, es preocupante también cuando la mencionada norma del proyecto dispone que los “medios electrónicos” serán bloqueados si incurren en la difusión de estos mensajes prohibidos, pero ¿quién o quiénes asumirán esta decisión? ¿cómo lo decidirán? No se sabe.
En todo caso, por la amplitud que denota la expresión “medios electrónicos” significaría un cheque en blanco a favor del Gobierno para controlar sin límites el internet, entre ellos los portales web de noticias, los blogs o redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram y otros medios de mensajerías de texto, sólo para reprimir cualquier intento de libertad de expresión.
- La propuesta de la “ley constituyente” —tipo de ley que tampoco figura en la actual Constitución—, es una flagrante vulneración a lo dispuesto en el artículo 57 de la Carta venezolana que reconoce el derecho que tiene toda persona a expresar libremente sus pensamientos, ideas u opiniones. El proyecto en cuestión, de hecho, restringe inconstitucionalmente la libertad de expresión, que es un derecho también reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al “institucionalizar” la censura a los medios de comunicación social que difundan mensajes de odio, intolerancia y violencia.
La censura, como se sabe, es una práctica arbitraria que, a pesar de estar prohibida directamente por el texto constitucional en el artículo 58, es un arma política sistemática que ha sido utilizada por el Ejecutivo desde hace mucho tiempo para atacar a sus críticos o disidentes.
Lamentablemente esta práctica y otras están a la orden del día en el país, tal como se lee en los informe anuales presentados por la asociación civil no gubernamental Espacio Público, —dedicada a la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información—, sobre todo cuando en el año 2016 se registraron 366 violaciones a la libertad de expresión, lo que representa un incremento de 28% respecto al mismo período del año 2015, cuando se contaron 286.
- El artículo 13 del proyecto, por otra parte, en sintonía con la política represiva contemplada en el artículo 6, tipifica como hecho punible y castiga con pena de prisión de diez a quince años a “quien públicamente fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona, en razón de su pertenencia a determinado grupo racial, religioso, político o cualquier otra naturaleza, basada en motivos discriminatorios”.
Esta disposición, sin duda cumple también con las exigencias del denominado “derecho penal del enemigo” caracterizado por aplicar reglas jurídicas distintas por parte del Gobierno contra todo aquel que se le oponga, sea dirigente político o ciudadano de a pie, tal como lo hemos denunciado.
Resulta alarmante que con la cínica invocación del deber que tiene el Gobierno de adoptar las medidas necesarias para garantizar la vigencia de los DD. HH. se quiera obtener otro mecanismo de poder cuyo uso se destinará, claro está, para perseguir, amenazar y castigar a las personas y medios que sean catalogados como “enemigos”.
Como suele ocurrir con todos los gobiernos autócratas, al contrario de lo que profesa y proclama, el proyecto en cuestión no reivindica las ideas de paz, armonía y tolerancia, ni mucho menos del Estado de derecho y del respeto por los DD. HH., sino que es un instrumento que excluye y aniquila los valores y principios democráticos sobre los cuales se debe fundar una sociedad libre y justa.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
En una situación como la descrita se percibe más oscuridad y zozobra en el futuro del país ante el grave e inminente peligro que representa el proyecto ideológico analizado, a partir del cual el Gobierno buscará darle forma o ropaje jurídico para suprimir la poca libertad de expresión que aún le queda a los venezolanos, especialmente ejercida en las redes sociales.
Lamentablemente, pareciera apoderarse del país la desesperanza, pues se nos están reduciendo cada vez más las condiciones básicas para seguir existiendo, máxime cuando el discurso intolerante del Gobierno y sus partidarios descansa en una célebre frase orwelliana según la cual “la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza”.
