El domingo 15 de octubre se efectuó la jornada electoral para elegir a los veintitrés gobernadores del país, pese a los innumerables obstáculos impuestos arbitrariamente por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Según el ente comicial, el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ganó dieciocho de las veintitrés gobernaciones, mientras que la coalición opositora obtuvo las jefaturas regionales de Anzoátegui, Mérida, Nueva Esparta, Táchira y Zulia.
Frente a estos resultados, diferentes voceros de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), especialmente el jefe de campaña, Gerardo Blyde, expresaron públicamente su rechazo y desconocimiento de los datos ofrecidos por el CNE. Según el alcalde de Baruta, los resultados dados por el poder electoral no se correspondían con las cifras de las actas que tenían los testigos.
La MUD hizo otros señalamientos en contra del CNE por la comisión de graves irregularidades ocurridas antes y durante el proceso, las cuales harían discutibles los resultados a favor del chavismo.
Pero no sólo la oposición se mostró inconforme con el producto de la elección, también buena parte de la sociedad civil y la comunidad internacional, a quienes les resulta difícil creer que en un país sumido en una grave crisis social y económica el partido gobernante pueda tener tanta popularidad.
Acceso a la Justicia considera necesario enumerar y resaltar las irregularidades del proceso que derivaron en resultados que develan la parcialidad del órgano comicial y la falta de garantías democráticas que afectaron no sólo a la coalición opositora sino también al electorado.
- El CNE permitió que la Asamblea Nacional Constituyente usurpara sus funciones al adelantar las elecciones regionales para el mes de octubre en franca violación de lo dispuesto en el artículo 294 de la Constitución, comicios que, en todo caso, debían celebrarse en diciembre de 2016.
- El irrespeto de los derechos políticos por la Contraloría General de la República, así como por el CNE y el Tribunal Supremo de Justicia con el propósito de impulsar el ventajismo de los candidatos del PSUV, como lo fue por un lado inhabilitar a figuras o dirigentes políticos de la oposición para ejercer cargos públicos, y por el otro el no admitir e impedir las sustituciones de los candidatos de la MUD.
Se debe recordar al respecto que los partidos políticos —con excepción del PSUV— debieron someterse a un proceso complejo de renovación de sus nóminas como requisito para participar en las regionales.
- A sólo cuatro días de las elecciones, el CNE reubicó intempestivamente y de manera arbitraria 282 centros de votación, que colocaron en situación de indefensión a los electores que se vieron impedidos a última hora para trasladarse a los nuevos lugares fijados para ejercer el derecho al sufragio, pues fueron ubicados en zonas de difícil acceso.
- La manifiesta parcialidad política de las cuatro rectoras del CNE y de los efectivos militares del Plan República que no aseguraron en ningún momento la celebración de un proceso electoral limpio, libre, equitativo y ajustado a la Constitución y a la legislación electoral. He aquí tres situaciones emblemáticas que fueron denunciadas durante la jornada electoral y que ponen en evidencia las debilidades del proceso:
- Las irregularidades de los llamados “acompañantes” en el voto asistido, figura que se ha convertido en los últimos procesos electorales en un instrumento para intimidar a los votantes. Aun cuando el voto asistido sirve para auxiliar a quien presenta alguna discapacidad, tiene una edad avanzada o es analfabeto, en estas elecciones la práctica fue grotesca al no llevarse ningún tipo control ni mucho menos un registro de las personas que fungían como supuestos acompañantes para votar, transgrediendo el secreto del voto y la voluntad libre del elector.
- A través de las redes sociales se difundieron denuncias según las cuales los electores de algunos centros de votación estaban siendo “comprados” o presionados a votar por los candidatos oficialistas a cambio de alimentos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
- La instalación de los llamados “puntos rojos” que fueron ubicados descaradamente en las inmediaciones de los centros de votación a solicitud expresa del constituyente Diosdado Cabello. Los empleados públicos y otras personas dependientes del oficialismo debían pasar para ser controlados con el Carnet de la Patria, ante la vista gorda de los coordinadores de centros de votación —responsables de las actividades electorales en materia de logística e infraestructura— y de los efectivos del Plan República.
- La eliminación del uso de la tinta indeleble y la etapa de la estación de información al elector (indicaba en procesos anteriores la mesa en la que ejercería su voto según sus datos) que configuraban elementos garantes para la transparencia e identificación de las personas que ejercían el voto, para evitar las violaciones o suplantaciones de identidad. Se dejó expuesto y sin garantías el respeto del principio “un elector, un voto”.
Las circunstancias descritas dejaron profundas dudas sobre los resultados y con ello la profundización de la grave situación política, económica y social que atraviesa Venezuela.
Lo que ocurrió antes, durante y después de los comicios es tan cuestionable como lo es el árbitro electoral, que busca una fórmula para legitimar —con estas elecciones— un Gobierno que una vez más se manifiesta en desacuerdo con los principios y valores propios de un Estado constitucional y democrático de derecho.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
Ante todas las dudas que dejan las elecciones regionales parece abrirse en el país un nuevo episodio de su crisis que, lejos de superar la falta de medicinas y alimentos y elevada inflación que agobian actualmente a los venezolanos, lamentablemente promete agudizarse, sin encontrar una solución pacífica y democrática a la actual situación caótica que se vive.
Sin una renovación del CNE peligra el ejercicio del voto como arma para dirimir las diferencias de forma democrática. Se aproximan elecciones como las presidenciales, que revisten una gran importancia, y recuperar la confianza de buena parte de los ciudadanos en el sistema electoral luce cuesta arriba.
