Dijo Montesquieu, un filósofo francés de hace poco más de tres siglos que “es una experiencia eterna que todo hombre que tiene poder tiende a su abuso“. Pues esta experiencia resulta muy clara y cierta si analizamos el recorrido del presidente de Venezuela desde su llegada al poder hasta ahora. Veremos a continuación cómo todas sus medidas y decisiones han sido para ir cada vez logrando más poder y en fraude a la Constitución.
De 2013 a 2015 gobernó casi todo el periodo de manera absoluta a través de leyes habilitantes otorgadas por una Asamblea Nacional dominada en gran mayoría por su partido de gobierno y un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) complaciente, copado por el chavismo desde finales de 2004. Los resultados fueron, por mencionar algunos, el aumento de los presos políticos en casi ocho veces más que Chávez, una represión brutal de los ciudadanos que manifiestan pacíficamente, la imposición de un sistema de racionamiento y distribución precario de alimentación y salud, y militarización y cierre de la frontera.
Desde la elección de la Asamblea Nacional, en vista de los resultados a favor de la oposición en un porcentaje de 2/3 partes, el presidente de la República, acompañado de un TSJ indulgente y un Poder Electoral designado inconstitucionalmente por este; así como, en su mayoría el Poder Ciudadano (hecha excepción por la Fiscal General), no sólo ha tratado de mantener el mismo poder, sino de ampliarlo. En este sentido, ha estado gobernando todo el país desde inicios de 2016 con un estado de excepción que le da poderes prácticamente absolutos, ha obstaculizado la nueva Asamblea Nacional, ha mantenido el control casi total de la economía y de los medios de comunicación y ha transformado el Gobierno en un bastión del Ejército con una represión a la población sin precedentes.
Sin embargo, aún con tanto poder, parece no ser suficiente. Hace no mucho el Gobierno quiso obtener con dos sentencias de la Sala Constitucional que pasarán a la historia un nuevo estado de excepción, este no por la emergencia económica, sino por la supuesta conmoción interior y externa, y además suplir a la Asamblea Nacional por la Sala Constitucional. Luego, al tener que echar para atrás esas decisiones por la negativa reacción internacional, vino algo nuevo: el anuncio de la salida de Venezuela de la OEA.
Como si esto no fuera suficiente, el 1º de mayo, en el Día del Trabajador, anunció que convocaría a una Asamblea Nacional Constituyente, según lo establecido por el artículo 347 de la Constitución. Pero luego explicó que la Asamblea Nacional Constituyente tendría 500 miembros: 250 serían electos de la base de la clase obrera y los otros 250 en un sistema territorializado, con carácter municipal en las comunidades con voto directo, secreto. No habló de voto universal, al obviamente no incluir a toda la población.
Acceso a la Justicia debe aclarar que lo anunciado por el presidente de la República no es una Asamblea Nacional Constituyente según los términos de la Constitución, porque esta es muy clara al establecer que se trata de un órgano que se crea para “transformar al Estado, crear un ordenamiento jurídico nuevo y redactar una nueva Constitución” (artículo 347) y aunque la iniciativa la tiene, entre otros, el presidente (artículo 348), la convocatoria es del “pueblo de Venezuela” (artículo 347).
El pueblo de Venezuela, de acuerdo con la Constitución, está compuesto por todos los venezolanos y venezolanas que hayan cumplido 18 años de edad y no estén sujetos a interdicción civil o política (artículo 64), y no un grupo de ellos, y menos aún los elegidos por el presidente de la República.
El artículo 350 con el que termina el capítulo de la Constitución dedicado a la Asamblea Nacional Constituyente (capítulo III de la Constitución), dice además que el pueblo desconocerá cualquier régimen que contraríe los valores, principios y garantías de la Constitución.
Queda claro entonces que sólo el pueblo puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y aprobar las bases de esa convocatoria, y que además cualquier convocatoria que sea contraria a la Constitución no puede ser aprobada por el pueblo.
Por ello, de conformidad con la Constitución, la mera posibilidad de que se configure o no una Asamblea Nacional Constituyente debe ir a referéndum popular con el voto universal, secreto y directo, y no como pretende el presidente como algo preaprobado y preconstituido por quien él considera. Los constituyentes además deben ser los que diga el pueblo.
Algo que parece no haber entendido el actual presidente de la República desde que fue elegido, quizás en la medida en que se le ha dado mucho poder con leyes habilitantes continuas y estados de excepción sucesivos, es que la Constitución y la ley definen sus atribuciones (artículo 137), por lo que él no puede autoatribuirse potestades que no le otorgan, ni siquiera en estado de excepción. Tampoco ha entendido que “los órganos del Estado emanan de la soberanía popular” (artículo 5), por lo que sin el voto universal, directo y secreto, él no puede tomar iniciativas que cambien esas leyes o la propia Constitución, y reiteramos, ni en un estado de excepción.
Esta conducta del presidente demuestra lo que ya hemos dicho: Venezuela ya no es un estado de derecho, porque ello implica que el Estado ejerza su poder según la Constitución y las leyes, como dice el artículo 137 de la Constitución, y no que se usen estas para que el poder, invocándolas, haga lo que quiera, que es lo que ocurre en Venezuela desde la elección de Maduro.
También hemos alertado que Venezuela ya no es una democracia, que implica que el poder del Estado emana del pueblo. No se puede invocar a parte del pueblo (en este caso 500 personas, sobre aproximadamente 30.000.000) para decir que se es democrático. De hecho, sin elecciones secretas, universales y directas no hay democracia. Y esto es lo que también está ocurriendo en Venezuela desde que se ha desconocido a la Asamblea Nacional elegida por el pueblo y no han convocado las elecciones regionales y se recurre a ardides como este de una Asamblea Nacional Constituyente que no pueden suplir los mecanismos establecidos por la Constitución.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
Si con poderes relativamente limitados por nuestra Constitución y con el derecho al voto vigente, el presidente cada vez ha obtenido más poder y el país está sumido en tal caos como el actual, ¿cuál será la situación después de que un grupo de 500 personas dirigidas por el presidente pretendan establecer un nuevo ordenamiento jurídico sin que tú participes?
