Al hablar de Defensa Pública más que valorar indicativos de buena o mala gestión, por demás escasos a falta de informes y documentación que los certifique, la percepción ciudadana en el país parece centrarse en la cabeza del organismo, Susana Barreiros.
En efecto, del perfil de quien dirige una institución, como es la Defensa Pública, depende en gran medida la confianza y la credibilidad que el servicio genere en quien demanda su derecho a la defensa. Si a ello le sumamos la ausencia de datos completos sobre la gestión a lo largo del tiempo, agravada por la dependencia del Poder Judicial, es quizás justificada la falta de confianza en la institución de quien no tiene los medios económicos para costearse una defensa privada.
Ahora bien, respecto de Susana Barreiros, debemos destacar que antes de ser nombrada como Defensora Pública por 7 años, en diciembre de 2015, por parte de la Asamblea Nacional saliente, con mayoría de diputados del partido de gobierno, fue jueza de Primera Instancia en Función de Juicio y Nro. 28 del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. El 10 de septiembre de 2015, condenó a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión al líder del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, por los delitos de daños, incendio, instigación y asociación para delinquir, tras una protesta en las inmediaciones de la Fiscalía General de la República en el centro de Caracas que derivó en destrozos al lugar y enfrentamientos entre manifestantes, cuerpos de seguridad y colectivos afectos al gobierno.
El juicio contra López estuvo plagado de irregularidades según organismos internacionales y el propio fiscal que lo acusó, entre ellas la inadmisión de todos los elementos de prueba (salvo uno) para sustentar los argumentos de la defensa, tales como videos, mensajes escritos o testigos a favor de López.
“Este nombramiento responde a una suerte de recompensa por haber actuado de forma inconstitucional, pero plegada a los designios del poder en el caso de Leopoldo López”, declaró para entonces el director del Foro Penal Venezolano, Gonzalo Himiob.
En resumen, es evidente que la falta de independencia de la Defensa Pública, la insuficiente información sobre su gestión y la designación de una defensora pública cuya trayectoria es cuestionada por falta de imparcialidad política, son todos elementos que empañan su credibilidad.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
Para que la Defensa Pública se afiance como una institución clave del sistema de justicia y sobre todo como garante del acceso a la justicia, necesita generar confianza en el ciudadano, y si alguien pone en duda su efectividad y transparencia, no se le puede criticar porque no dispone de información que le demuestre lo contrario.
Quien no pueda optar a una defensa privada y no se sienta seguro con la ofrecida por el Estado, estará atado de manos. Al parecer para el Estado siempre revienta la soga por la parte más delgada, que a todas luces es el ciudadano
