Si en algún momento se ha podido tener la certeza que Leopoldo López y Antonio Ledezma no son prisioneros políticos sino rehenes del Gobierno es en este momento, en el que con una total desvergüenza se les traslada de un sitio a otro de reclusión como si fueran simples fichas de un tablero. A pesar de que existe un régimen legal sobre la custodia de un detenido, se ha puesto en evidencia que, por encima de estas normas, está el cálculo político y la discrecionalidad del gobierno.
Recordemos que, en el caso de Ledezma, detenido el 19 de febrero de 2015, y luego trasladado a su residencia en arresto domiciliario el 24 abril de 2015, no tuvo su audiencia preliminar ante el Tribunal Sexto de Control de Caracas sino hasta 15 febrero de 2016, es decir, casi un año después de su detención. A partir de allí, y a pesar de que ha transcurrido el lapso establecido en el artículo 325 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) para que se dé inicio a la fase de juicio, el proceso se encuentra paralizado sin que nadie explique el porqué, mientras la detención del alcalde mayor continúa.
Por su parte, Leopoldo López, detenido el 18 febrero de 2014, fecha en la que se entregó voluntariamente a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), fue remitido a Ramo Verde, y luego de un proceso lleno de irregularidades y violaciones al debido proceso, puestas de manifiesto nacional e internacionalmente, fue condenado el 10 de septiembre de 2015 a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de presidio por los delitos de instigación pública, daños a la propiedad, incendio intencional y asociación para delinquir. Luego, esta decisión fue ratificada en segunda instancia (apelación) y por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en virtud de un recurso de casación interpuesto por la defensa.
La detención de López, así como su juicio, han estado plagados de abusos, pues ha sido reiterado que se les impida el acceso a sus abogados o a su familia sin que se den explicaciones de por qué se procede de esa manera. Así, en este contexto, y luego de tres meses de manifestaciones en todo el país, de manera sorprendente la Sala de Casación Penal del TSJ, mediante sentencia del 7 de julio de este año (el mismo día en el que supuestamente recibió el expediente), se avocó a conocer del caso, y de manera más sorprendente aún, basándose en el decir de la familia y de uno de sus abogados, según el cual López tenía “complicaciones médicas”, decretó “medidas cautelares sustitutivas” entre las que estaba la detención domiciliaria y la “prohibición de dar declaraciones con respecto al presente procedimiento”.
Lo expuesto es suficiente para apreciar el grado de inexistencia de Estado de derecho y de garantías mínimas para los detenidos y procesados en nuestro país, pero lo ocurrido más recientemente ya llega al terreno de la arbitrariedad absoluta.
Así, el 1 de agosto, esto es, 24 días luego de la decisión del TSJ, el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) se presentó en las residencias de López y Ledezma y los condujo de nuevo a Ramo Verde. De acuerdo con la cuenta de facebook del TSJ, respecto del exalcalde de Chacao, ello se decidió así porque incumplió con la condición de no hacer proselitismo político. Basta leer la sentencia de la Sala de Casación Penal para ver la contradicción en la información dada por el propio TSJ, dado que en dicha decisión sólo se le prohibió, como dice la literalidad de la misma, emitir declaraciones sobre su causa, lo que efectivamente no hizo.
También se dijo que la revocatoria de la medida obedeció a que sus declaraciones públicas contravenían la inhabilitación política a la que también había sido condenado, pero ello no es cierto, por cuanto dicha sanción sólo implica la imposibilidad de ser candidato a un cargo de elección popular o votar, pero no impide, en modo alguno expresar sus opiniones políticas, que es lo único que hizo, por lo que este argumento tampoco tiene asidero alguno.
En el caso de Ledezma, en cambio, se informó que la revocación de la medida se debió a un “plan de fuga” sobre lo que no se aportaron pruebas de ningún tipo.
Y pese a todo lo dicho, también de repente, tres días después, el 4 de agosto, y sin que ningún medio oficial diera explicación alguna, pues a esta fecha, ni el TSJ ni el Tribunal correspondiente, o alguna agencia de noticias oficial han dado las razones para ello, el Sebin condujo de nuevo a estos dos detenidos a sus respectivas residencias. La falta de razones llega a tal nivel que el diario oficialista Últimas Noticias apenas dedicó unas breves líneas a la noticia reproduciendo el twitter de Lilian Tintori, esposa de López, sobre el regreso de su esposo a casa, como si no tuviera acceso a las fuentes oficiales.
Los hechos anteriormente descritos no resisten un mínimo análisis lógico, y mucho menos tienen coherencia jurídica, pues si los detenidos habían supuestamente “incumplido” con las condiciones de su detención, e incluso, a uno de ellos se le acusó de planear su supuesta fuga, cómo se explica que pocos días después estas razones ya no tuvieran sustento alguno y se les diera de nuevo arresto domiciliario.
Este ir y venir de personas detenidas, sin base lógica ni jurídica, lo que nos pone de manifiesto, en primer lugar, es la ausencia de un poder judicial autónomo que tome sus decisiones basado en la ley, y más bien resulta bastante obvio que detrás de estas idas y venidas, está el que manda realmente en el país, quien actúa según su conveniencia.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
Cuando los detenidos en un Estado son tratados como fichas de un juego de ajedrez, sin el más mínimo respeto a su dignidad humana, y de acuerdo a los cálculos interesados del poder, las reglas del derecho quedan a un lado, y ponen de manifiesto que no estamos en un Estado de derecho, ni mucho menos en una democracia, y estos, recordemos, son las condiciones necesarias para el respeto de los derechos humanos. Y si esto ocurre con detenidos de alto perfil, para los menos conocidos, e incluso para el ciudadano común, las expectativas de justicia son todavía menores. Al final, todos somos rehenes.
