Factores como el alto índice de impunidad en el país denunciado recurrentemente por distintas ONGs y la Presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano; el retardo procesal, que algunas fuentes aseguran alcanza hasta al 70% de los casos y la poca justicia que hay, han llevado a la gente a la desesperación haciendo que fenómenos como los linchamientos se multipliquen.
Por ello, en Acceso a la Justicia consideramos preocupante que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en vez de estudiar medidas que garanticen a la población más Justicia, decida suspender las actividades de los tribunales los días viernes para sumarse al plan de ahorro energético.
Comprendemos y compartimos la preocupación por la actual crisis eléctrica, pero la Justicia no puede posponerse, porque entonces deja de serlo. Estas no son sino más señales preocupantes sobre el deterioro del Sistema de Justicia y la institucionalidad venezolana en general.
Ante este panorama no es de extrañar el repunte de los linchamientos, actividad que no es nueva en nuestro país, pero que se ha multiplicado considerablemente. En efecto, aunque no hay estadísticas, han salido a la luz pública videos y la misma Fiscal General de la República ha confirmado que tiene 26 investigaciones abiertas por hechos de este tipo.
Para Acceso a la Justicia, lo que aplica aquí es el bien conocido adagio que “el remedio es peor que la enfermedad”, porque se hace frente a la impunidad con actos que constituyen delitos según los artículos 270, 424 y 83 del Código Penal vigente. En efecto, no puede pretenderse corregir una situación que es producto de la falta de justicia con menos justicia todavía, porque un linchamiento no es justicia. Si hiciera falta prueba de ello, existen varios casos de inocentes ejecutados.
Y lo más grave es que frente a la grave situación de impunidad comentada (98% según cifras oficiales), que es en buena medida la causa de los linchamientos, el gobierno solamente ha ofrecido como solución las llamadas Operaciones de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), que tampoco traen Justicia, al contrario sobre ellas existen numerosas denuncias por violaciones a los derechos humanos y por constituir una “razzia” (ataques sorpresas que generan “limpieza” de un grupos social) contra los pobres. Es obvio que esto no resuelve el problema de impunidad, sino que hace aún más negativo el balance de la Justicia en nuestro país.
¿Y entonces qué hacemos?
La verdadera solución a este flagelo está en manos del Estado, sobre todo porque uno de sus deberes es garantizar el acceso a la justicia. Se trata de un derecho que la ciudadanía debe exigir; pues el artículo 26 de la Carta Magna prevé, entre otras cosas, “una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”.
Por ello, la decisión del TSJ de sumarse al plan para el ahorro energético suspendiendo las actividades los días viernes, implica que los plazos legales se alargarán al menos un 20%, generando aún mayor congestión en tribunales y ocasionará que el país tenga todavía menos de la justicia que tanto requiere. Si el TSJ quiere, como nosotros, un país donde actos terribles y lamentables como los linchamientos no sean parte de la vida diaria, debe reconsiderar medidas como esta y enfocarse en que haya más justicia y el Ejecutivo contribuir y garantizar servicios públicos esenciales como es la administración de justicia.
