El lobo llegó para Luisa Ortega Díaz. No solo el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aprobó el antejuicio de mérito en su contra solicitado por el diputado Pedro Carreño, sino que se concretó la reiterada amenaza del chavismo según la cual la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) sería la instancia que “haría justicia contra la traidora” y así fue: la destituyó y el mismo día nombró al sucesor.
Vale recordar que esta persecución contra Ortega Díaz por parte del Gobierno de Nicolás Maduro inició con su declaración del pasado 31 de marzo acerca de las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del TSJ, que despojaban a la Asamblea Nacional (AN) de sus facultades y la declaraban en desacato. Al respecto, Ortega Díaz señaló que había una ruptura del orden constitucional; el mismo día, el presidente Nicolás Maduro convocó un Consejo de Defensa de la Nación y exhortó al TSJ a reconsiderar los referidos fallos. A partir de estas declaraciones la Fiscal General cayó en desgracia con el Gobierno nacional.
La ANC no es el órgano competente para remover a la Fiscal sino el Parlamento nacional como una medida administrativa de acuerdo con la Constitución, luego de que el TSJ aprobara el antejuicio que daría paso al proceso penal que podría concluir o no con una pena privativa de libertad en contra de la funcionaria. Este procedimiento fue obviado y el alto Tribunal emprendió de una vez un procedimiento penal para que el poder constituyente terminara de “cortarle la cabeza” a Ortega Díaz. Vale acotar que, hasta la fecha, no se han formulado cargos contra ella ni se le ha atribuido ningún delito, aunque el TSJ sí acordó medidas cautelares propias de un proceso penal, como congelación de cuentas bancarias, prohibición de vender bienes y de salida del país.
El artículo 279 de la Carta Magna contempla la designación de los titulares de los órganos del Poder Ciudadano previa preselección del Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano, pero la supraconstitucional ANC designó a Tarek William Saab como Fiscal General provisorio. La sede del MP fue tomada por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), con lo que la inconstitucionalidad fue ejecutada mediante un acto de fuerza y Ortega Diaz tuvo que salir de su despacho en moto y resguardada por sus escoltas, algunos de los cuales fueron detenidos por la GNB.
Previamente se sumaron otros hilos a esta telaraña, relacionados con la designación irregular de la vicefiscal Katherine Harrintong por parte del TSJ y no por la Fiscal como corresponde, así como su “extraña” entrada en la maleta de un vehículo al edificio del MP. Harrington fue desalojada de la sede de la Fiscalía General pero ello no la detuvo y se dedicó a realizar constantes visitas sorpresa a los tribunales penales. También presentó procedimientos para agraciarse más con el régimen, como por ejemplo el caso del violinista Wuilly Arteaga.
Desde la designación de Harrintong, el MP sufrió una suerte de paralelismo; en los tribunales penales de Caracas comenzó a reinar el caos al existir una Fiscalía al mando de Luisa Ortega y otra obediente a los designios del TSJ y dirigida por Harrington. Hubo procedimientos presentados en la Oficina de Flagrancia por parte de los fiscales de Ortega Díaz y otros, presentados directamente en la Oficina Distribuidora de Expedientes o directamente en el Tribunal. Incluso administrativamente reinó la anarquía en las sedes fiscales de Caracas y se prohibió la entrada de los alguaciles de los tribunales penales, lo que en consecuencia trajo retardo procesal por pugnas meramente políticas de las cuales el ciudadano de a pie no tenía idea ni responsabilidad.
Justicia internacional
La embestida contra la fiscal destituida recrudeció a mediados de agosto, cuando Tarek William Saab solicitó al TSJ una orden de captura contra el diputado de la AN y esposo de Ortega Díaz, Germán Ferrer. Una vez más el alto Tribunal y la ANC violaron la Constitución al irrespetar la inmunidad parlamentaria del expesuvista, la cual sigue vigente, por cuanto es el Parlamento y no la Constituyente el que debió levantar la prerrogativa de la que goza Ferrer por sus funciones legislativas.
El Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) allanó la vivienda de Ortega Díaz y cargó con objetos como computadoras en la búsqueda de documentos que evidenciaran la existencia de una red de extorsión contra empresarios, que supuestamente dirigía junto a su esposo, según la acusación del ex-Defensor del Pueblo.
Pese a la prohibición de salida del país, la fiscal depuesta y el diputado con orden de aprehensión escaparon hacia la isla de Aruba, desde donde se trasladaron a Colombia y posteriormente a Brasil. La reconocida internacionalmente como legítima Fiscal General participó en una reunión con homólogos en la Cumbre del Mercosur realizada en la nación carioca.
Ortega Díaz aseguró que salió del país porque en Venezuela actualmente es imposible que se realice una investigación imparcial para determinar responsabilidades por corrupción en el Gobierno de Maduro, especialmente en el caso de sobornos de la empresa constructora Odebrecht, así que instó a la comunidad internacional a seguir indagando a partir de las pruebas presentadas por ella y lograr la tan anhelada justicia.
¿Y a ti venezolano cómo te afecta?
Un país del cual se dice tiene seguridad jurídica es aquel donde su Constitución y sus leyes son duraderas y determinadas, sin cambios imprevistos, frecuentes o a capricho; lo cual brinda a sus habitantes tranquilidad. Al ser poco probable que una nación con seguridad jurídica se aísle del mundo, esta tranquilidad que transmite es vista por la comunidad internacional, quien gustosamente invierte en ese país.
Ahora bien, si se cambia a gusto y antojo la Constitución y como primera decisión de los constituyentes está la de remover, perseguir y asediar a la Fiscal General de la República, sencillamente porque ya no es de su bando, ¿es un país con seguridad jurídica? ¿Es un país bien visto por la comunidad internacional? Pareciera que el no es una respuesta más que obvia.
