Con la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ), aprobada de manera unánime en segunda discusión el martes 18 de enero por la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2020, quedó en claro que eran falsas las ofertas de una «reinstitucionalización a fondo» del sistema judicial y que se comete con ella un doble fraude: a la Constitución y a la sociedad civil.
