Nuevo año judicial pero la misma opacidad e ineficiencia
El pasado 7 de febrero se llevó a cabo el acto de apertura del año judicial 2017 y una vez más nuestras esperanzas de obtener información completa para evaluar el desempeño del Poder Judicial quedaron insatisfechas, lo que resulta bastante grave si se tiene en cuenta que desde el año 2012 no se publica el Informe Anual del Tribunal Supremo de Justicia.
Es importante entender que en un sistema democrático y en un Estado de derecho la rendición de cuentas es una obligación de cualquier poder público. La Constitución así lo exige y la propia Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia también lo hace al hacer referencia a la contraloría social, y a la rendición de cuentas al ciudadano y al Poder Popular.
Desgraciadamente, desde hace años este acto tan importante se ha ido desvirtuando y cada vez cumple menos su función. Desde el hecho de que ahora es un evento cerrado, al que la ciudadanía tiene acceso (si acaso) por televisión y nada más, pasando por que el Presidente de la República tome la palabra y aproveche la ocasión para manifestar “un sentimiento muy grande de gratitud por la lealtad” al máximo Tribunal (lo que equivale a admitir públicamente algo que es contrario a la Constitución); y terminando con la ausencia de información completa y transparente sobre la gestión judicial.
La falta de información confiable es tan grave que en su discurso la Presidenta aseguró que el máximo tribunal tomó 6401 decisiones el año pasado, pero la sección de estadísticas de la página web oficial del mismo órgano asegura que fueron 6358. En cualquier caso Acceso a la Justicia considera un deber subrayar que (como hemos explicado en el pasado) este número no dice nada realmente útil en sí mismo para saber cuántos casos han sido resueltos porque el TSJ cuenta en esta categoría las sentencias de fondo, de trámite, de resolución y también autos. Es decir que un caso que aún no esté resuelto puede aportar varias “decisiones” a esta cuenta. Lo que sí podemos decir a ciencia cierta es que el total de decisiones descendió casi un 10% en relación al año anterior.
Por otro lado tenemos la cantidad de casos ingresados, que alcanzó 4802 en el 2016, lo que representa una disminución del 17,5% respecto a los 5821 del año 2015. En un país que vive una crisis cada vez más profunda, con la conflictividad que resulta de ella, el que un árbitro (en teoría) imparcial y garante de la Constitución y la legalidad sea cada vez menos solicitado es una señal de que no está cumpliendo su función apropiadamente. ¿Por qué otra razón alguien no le buscaría para resolver sus conflictos?
A pesar de la poca cantidad de datos ofrecidos en el discurso, podemos decir que según la presidenta del TSJ se produjeron 1,33 decisiones por cada asunto nuevo ingresado, lo que podría parecer indicativo de una alta eficiencia en la labor del máximo tribunal. Sin embargo, dada la manera en que el TSJ utiliza el término decisiones en sus estadísticas, es importante resaltar que un expediente requiere cuando menos dos decisiones para llegar a estar resuelto, y esto en casos de “mero derecho” que representan un número muy pequeño del universo total de casos. En aquellos que incluyen fase probatoria se requieren al menos (y esto siendo muy conservadores) tres decisiones por cada uno.
Esto da una nueva perspectiva sobre la realidad pues implica que se resuelven muy probablemente la mitad de los casos que entran. Ya hemos mostrado anteriormente, que hay casos que se resuelven muy rápido (los iniciados por el gobierno o sus “amigos”), pero los demás deben esperar cuando menos meses y por lo general, años.
En resumen, inicia un nuevo año judicial con un Poder Judicial felicitado por su lealtad al Ejecutivo, que no rinde cuentas detalladas sobre su labor en el año anterior y que las pocas cifras que ofrece dejan ver un nivel de ineficiencia cada vez más preocupante.
¿Y a ti venezolano cómo te afecta?
Lo dicho hasta ahora tiene dos consecuencias directas sobre las vidas de los ciudadanos. En primer lugar, la falta de información adecuada impide controlar que el Poder Judicial esté cumpliendo su labor de manera adecuada, lo que es un derecho que tenemos como ciudadanos y como contribuyentes que financiamos las funciones del Estado.
Sin embargo, es todavía más importante el hecho de que la ineficiencia que muestra el Tribunal Supremo en sus funciones se convierte en demoras de los procesos. De hecho, los números indican que si los ciudadanos requerimos acudir al sistema de justicia con toda probabilidad tendremos que esperar más de un año por una respuesta, y como no nos cansamos de repetir: la justicia que no llega a tiempo no es justicia. Esto sin mencionar que ya está demostrado que el Tribunal Supremo de Justicia ya no se ocupa del ciudadano, y menos aún del Estado de derecho y de la democracia.
