Venezuela vive una emergencia humanitaria compleja, por lo que a las carencias cotidianas se suma la falta de insumos o equipos médicos, así como el deterioro progresivo de los centros de salud del país. En el marco de este entorno, el Servicio de Contraloría Sanitaria del Ministerio para la Salud ordenó en marzo de 2018 el cierre del área quirúrgica de la clínica Las Acacias, dejándola inoperativa.
Los representantes legales del centro de salud privado accionaron de inmediato un amparo constitucional y la solicitud de nulidad del cierre, pero ambos recursos fueron negados en primera instancia, pese a que se argumentó que la Contraloría Sanitaria se limitó a hacer una descripción genérica de las instalaciones y mencionar normas, pero no detalló los artículos o supuestos violados por el centro de salud.
La clínica además denunció que le fue aplicada la medida más gravosa para el ejercicio de sus labores, cuando su función está íntimamente ligada a los derechos a la vida y a la salud, todo sostenido en una lista de observaciones de aspectos como que los puestos de trabajo no estaban identificados o que las puertas debían abrir hacia afuera.
Ante la negativa del despacho, el centro de salud apeló la decisión ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. El máximo tribunal, en una de sus diarias injusticias, aunque el 8 de agosto de 2018 aceptó la petición de la clínica y anuló el cierre, y además admitió que estaba el riesgo de causarle un perjuicio irreparable, no hizo mención sobre los excesos cometidos por la Contraloría Sanitaria ni remitió el caso a la Fiscalía para que la investigue, o siquiera un exhorto para que no aplique sanciones que perjudiquen a la población, al afectar los derechos arriba citados.
Si desea tener más información sobre la sentencia en cuestión puede consultar en el siguiente enlace: https://accesoalajusticia.org/sancion-cierre-de-clinica-viola-el-derecho-a-la-salud/
