La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia está compuesta por cinco magistrados, de los cuales tres son hombres y dos mujeres. De ellos, dos fueron nombrados el 28 de diciembre de 2014 y tres son parte del máximo tribunal desde el 23 de diciembre de 2015.
En cuanto a los requisitos establecidos por el artículo 263 de la Constitución y el 37 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia la investigación realizada por Acceso a la Justicia evidenció que los magistrados Guillermo Blanco, Francisco Velázquez y la diputada Vilma Fernández los cumplen satisfactoriamente. En cambio, existen profundas dudas sobre la idoneidad de Marisela Godoy y, finalmente, Yván Darío Bastardo no los cumple en absoluto.
La primera sombra de duda que se cierne sobre Marisela Godoy tiene que ver con su militancia política. La LOTSJ es clara en exigir que los magistrados renuncien a ella en caso de tenerla, y hasta donde se sabe ese no ha sido el caso de Godoy. Es importante subrayar que es su deber demostrar suficientemente que cumple todos y cada uno de los requisitos por lo que su renuncia debería ser pública y notoria.
Adicionalmente, existen denuncias en su contra que ponen en duda su honorabilidad; lo que viola uno de los requisitos constitucionales para acceder al cargo. Una vez más, es responsabilidad de la persona postulada despejarlas; sobre todo cuando se trata de la honorabilidad, que es algo que sólo se puede tener si no tiene manchas, producto de dudas que no sean aclaradas debidamente.
Finalmente el caso de Yván Darío Bastardo resulta sumamente preocupante. En primer lugar pues al no poseer un posgrado en derecho, ni haber dado clases en el área en una universidad durante al menos 15 años, ni haber sido juez superior en materia civil por la misma cantidad de tiempo, la Constitución lo descarta como posible magistrado.
Además de esto, Bastardo fue destituido como juez en el año 2007 por su actuación en el caso del asesinato de la abogada Consuelo Ramírez Brandt. Esto viola directamente la LOTSJ que prohíbe taxativamente a personas sancionadas mediante acto definitivamente firme asumir el cargo de magistrado. Si incumplir cualquier requisito es grave en cuanto viola la ley este caso es, por su misma naturaleza, particularmente delicado.
¿Y a ti venezolano cómo te afecta?
Podría parecer al comparar esta Sala con otras que su situación es “mejor”, ya que la mayoría de los magistrados cumple los requisitos. Sin embargo, el que exista un magistrado que en el pasado ha sido sancionado por sus actuaciones como juez es muy grave.
Es decir, una persona que fue removida de su cargo porque no impartía adecuadamente justicia sino que operaba a favor de alguna de las partes, ahora no solamente se le da el poder de hacer eso nuevamente sino que puede dejar sin efecto las decisiones de todos aquellos jueces (en el área civil) que sí están tratando de hacer justicia honestamente. ¿Cómo podemos los venezolanos confiar en un sistema judicial así?
