La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) está constituida por 5 magistrados, de los cuales tres son hombres y dos mujeres. A su vez, tres de ellos se incorporaron al máximo tribunal el 28 de diciembre de 2014 y dos lo hicieron el 23 de diciembre del año 2015.
En cuanto a los requisitos establecidos por la Constitución (art. 263) y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (Art. 37) Acceso a la Justicia realizó una investigación, de cuyos resultados se desprende que solamente la magistrada Franca Coello los cumple de manera satisfactoria, sobre el magistrado Juan Luis Ibarra existen dudas y los otros tres no tienen el perfil requerido.
Juan Luis Ibarra fue destituido de su cargo como juez rector de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua en 2007, y luego trasladado como juez al Estado Miranda. A pesar de que se desconocen las razones para este cambio, una situación de este tipo genera dudas razonables sobre su honorabilidad y su idoneidad como juez, lo que contraviene la norma Constitucional para ser magistrado.
Otro de los requisitos de la Carta Magna para ser magistrado es haber ejercido la abogacía por al menos 15 años y tener un posgrado en derecho; aunque el texto fundamental ofrece dos alternativas para sustituirlo: haber sido juez superior en el área del derecho de la Sala en cuestión por al menos 15 años o haber sido profesor de derecho en una universidad, también por 15 años o más. Yanina Karabin no cumple ninguna de estas tres condiciones, por lo que no debería ser magistrada del TSJ.
El nombramiento de la magistrada Elsa Gómez es uno de los más groseros pues en el año 2013 la Sala Constitucional determinó que cometió un “error inexcusable” en un caso de corrupción que involucraba al ex comandante General del Ejército y ex presidente de la Fundación Propatria y del Fondo de Desarrollo Urbano (Fondur) General (r) Víctor Cruz Weffer. La Sala consideró que Gómez actuó “de forma grotesca” y solicitó al Tribunal Disciplinario que iniciara un procedimiento en su contra, sin embargo hoy es magistrada de ese mismo Tribunal Supremo.
Finalmente está Maikel Moreno, con toda probabilidad el caso más grave de todo el Tribunal. Moreno fue suspendido y posteriormente destituido de su cargo como presidente de la Sala 7 Accidental de la Corte de Apelaciones de Caracas en 2007 por haber desacatado una decisión de la Sala Constitucional del TSJ. Por si esto fuera poco, Moreno ha sido juzgado dos veces por casos de homicidio y estuvo en prisión en ambas oportunidades y salió de ella por beneficios procesales. Además, ha sido implicado (por un magistrado en ejercicio) en el caso de la banda Los Enanos, grupo de jueces y fiscales que presuntamente manipulaban juicios y sentencias. En opinión de Acceso a la Justicia resulta escandaloso que alguien de estas características haya sido nombrado magistrado, y al hacerlo se violó expresamente tanto la Constitución como la LOTSJ.
A pesar de que, desgraciadamente, es una constante el hecho de que las salas del máximo tribunal del país estén conformadas por personas que no se ajustan al perfil estipulado, es muy alarmante que sea en la Sala que se encarga de dirimir los asuntos penales donde está en juego la libertad de los ciudadanos.
Adicionalmente, como ha informado la prensa, en días recientes la Sala Plena del TSJ aprobó la resolución 2016-0016 que da al Presidente de la Sala de Casación Penal la última palabra sobre la rotación normal de jueces penales que establece el COPP. Actualmente el presidente de dicha sala es Maikel Moreno, quien como hemos mostrado es el que tiene mayor cuestionamiento de todos. ¿Es la persona indicada para tener en sus manos el destino de todos los jueces penales del país, y en consecuencia los casos penales de los venezolanos?
¿Y a ti venezolano cómo te afecta?
Para nadie es un secreto que los venezolanos vivimos en medio de una violencia generalizada que es, en parte, consecuencia de la impunidad reinante en el país. A pesar de que la situación no depende enteramente de la Sala de Casación Penal, vale la pena preguntarse qué posibilidades hay de que mejore cuando el máximo tribunal penal del país (que debería servir de ejemplo a los demás) y que tiene funciones de control sobre los tribunales y jueces de instancia en la materia, no solamente tenga magistrados que no cumplen los requisitos, sino que en más de un caso han sido protagonistas de casos que cuestionan seriamente su capacidad para impartir cualquier tipo de justicia.
