La Sala de Casación Social está conformada por 5 magistrados, de los cuales dos son mujeres y tres hombres. Adicionalmente, cuatro están en el cargo desde el 28 de diciembre de 2014, y uno forma parte de los llamados “magistrados exprés” nombrados por la Asamblea Nacional saliente el 23 de diciembre de 2015.
En cuanto a los requisitos establecidos en la Constitución (art. 263) y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ, art. 37), la investigación realizada por Acceso a la Justicia muestra que la situación es similar a la de las otras salas: dos magistrados los cumplen apropiadamente (Marjorie Calderón y Mónica Misticchio), sobre Edgar Gavidia existen dudas y los magistrados Danilo Mojica y Jesús Manuel Jiménez no tienen el perfil requerido.
Edgar Gavidia fue vicepresidente del Cabildo Metropolitano de Caracas como representante del partido de gobierno (para ese momento aún denominado Movimiento Quinta República), y no se conoce su renuncia formal y explícita a dicha militancia política a pesar de que la LOTSJ lo requiere. Esto no es un mero trámite que pueda suponerse que hizo, sino que es preciso recordar que, como en cualquier cargo, es deber del postulado demostrar suficientemente que cumple con todos los requisitos solicitados.
En el caso de Jesús Jiménez, se desconoce si fue procesado administrativamente luego de ser acusado de violar los derechos -entre ellos, el debido proceso- del periodista Leocenis García. En ese sentido, existen dudas de si cumple con un requisito de la LOTSJ que impide a personas con sanciones administrativas definitivamente firmes acceder al máximo tribunal.
Asimismo, la Constitución exige que los magistrados hayan ejercido la abogacía por 15 años y tengan un posgrado en derecho, ofreciendo dos posibles alternativas a este requisito: haber sido profesor universitario de derecho por al menos 15 años o haber sido juez superior en el área de la sala a la que se postula por el mismo período de tiempo. Jiménez no tiene posgrado en derecho y ninguna de las alternativas le aplica, por lo que nunca debió recibir ese cargo.
Sucede algo similar con Danilo Mojica pues fue suspendido de su cargo de juez por la Comisión de Emergencia Judicial en 1999. El magistrado en su defensa alegó en su momento no saber por qué había sido sancionado, sin derecho a la defensa ni debido proceso, lo que de ser verdad resultaría grave pero no parece suficiente para disipar las dudas que se generan sobre su idoneidad. En consecuencia, no cumple con el requisito legal explicado más arriba y, además, crea serios cuestionamientos sobre su honorabilidad; ello hace que su nombramiento sea también inconstitucional.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
Las irregularidades encontradas en la conformación de esta Sala ilustran perfectamente lo que es una constante en todo el Tribunal Supremo de Justicia: magistrados que son militantes (e incluso dirigentes) de partidos políticos, que no tienen la experiencia y el conocimiento necesarios en materia de derecho o que, más grave aún, han estado involucrados en delitos o faltas administrativas. Esta realidad explica la postura claramente favorable al actual gobierno, que ha tomado a lo largo de todo este año el Tribunal, incluso si eso implica atropellar los derechos de la ciudadanía.
Pero no se trata solo de eso, ya que no podemos olvidar que los magistrados tienen funciones de control sobre todos los jueces del país, esos que deciden directamente sobre la vida diaria de las personas. ¿Qué clase de justicia podemos esperar?
