Pocos jueces y sin estabilidad: una tormenta judicial perfecta
Como ha explicado Acceso a la Justicia anteriormente, casi el 80% del presupuesto del Poder Judicial en nuestro país se utiliza para conceptos salariales. A pesar de esto, la cantidad de jueces que tenemos es insuficiente, por lo que no es posible garantizar a los ciudadanos un servicio de justicia de calidad y oportuno.
En este sentido resulta muy ilustrativo revisar cuantos jueces tenemos en el país por cada cien mil habitantes, cifra que entre 2003 y 2012 osciló alrededor de los 6,8 jueces. A partir de ese año ha caído de manera lenta pero constante; esto hace que en 2016, a pesar de tener el valor más alto de la serie en cuanto a jueces totales, la tasa se ubique en 6,75.
Al comparar este resultado con los 9 jueces por cada cien mil habitantes que -según el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA)- existen en promedio en Latinoamérica, llama la atención que Venezuela esté bastante por debajo de otros países con circunstancias sociales y culturales similares a la nuestra. Dicho de otro modo, la capacidad de respuesta del sistema de justicia en nuestro país está por debajo de los estándares latinoamericanos, por lo que, porcentualmente, la altísima inversión que se hace en personal no es eficiente.
En Acceso a la Justicia hemos realizado una investigación donde, entre otras cosas, recopilamos la información de los 2058 tribunales existentes en el país y con esos datos hicimos un levantamiento del número total de jueces. Para hacer dicho trabajo utilizamos información dispersa que tiene la página web del TSJ, ya que desde hace años el organismo no ofrece este dato de manera oficial.
En un 3% de los tribunales (58) no aparece un juez designado para el período estudiado, o no es posible confirmar si quien aparece como juez lo sigue siendo para el momento de realizar el levantamiento de la información. Además, en algunos casos no aparece quién es el juez principal nombrado sino su suplente, el accidental o el itinerante sin que se aclare si es titular o no. En otros casos aparece más de un juez en los tribunales de instancia, lo que imposibilita saber cuál es el titular. En esos supuestos se tomó como juez titular el que firma la última sentencia publicada en la web, y si no la hay se verifica la fecha de nombramiento de cada juez que aparece como parte del tribunal y se toma al más reciente como el actual.
De esta manera, el resultado es que hay 2099 jueces en el país y de estos, 1166 (56%) son provisorios, 244 son temporales (12%), 16 son accidentales (0.76%), 87 son suplentes especiales (4.24%) y apenas 575 (27%) son titulares. En otras palabras, casi tres cuartas partes de los jueces no son titulares, lo que implica que no cumplen con la obligación constitucional de ser nombrados mediante concurso público. Y no es solo esto, sino que la Sala Constitucional no les reconoce estabilidad alguna a los jueces no titulares por lo que no tienen derecho a un proceso disciplinario con el mínimo de garantías que exige un Estado de derecho; pueden ser destituidos discrecionalmente por la Comisión Judicial del TSJ mediante un simple oficio, sin explicación alguna.
Esto implica que la independencia con la que deben actuar más del 70% de los jueces es vulnerada, pues están conscientes de que cualquier decisión que pueda no agradar a los órganos que los supervisan, aunque esté completamente ajustada a Derecho, puede costarles el cargo. La situación es todavía más alarmante en los estados Amazonas y Delta Amacuro, donde apenas existe un juez titular para toda la entidad federal.
Finalmente, al discriminar entre tribunales penales y no penales encontramos que existen en el país 846 de los primeros y 1212 de los segundos. Luego, al separar este número encontramos que con la excepción de Caracas y el estado Zulia (138 y 69 respectivamente), ningún estado alcanza los 50 tribunales penales.
¿Y a ti venezolano cómo te afecta?
Para nadie es un secreto el grave problema que existe con la administración de justicia en nuestro país. Retardos procesales, atención inadecuada y una completa carencia de insumos hacen que el servicio que recibimos sea totalmente inadecuado.
¿Cómo podemos esperar una mejora si somos uno de los países con menos jueces de la región y, además, la inmensa mayoría de los que tenemos saben que su empleo está en juego cada vez que toman una decisión que pueda no gustarle a sus superiores? Solo con la realización de los concursos de oposición que establece la Constitución podremos aspirar a tener jueces de calidad, que se ajusten a las necesidades de una sociedad que vive uno de los momentos más conflictivos de su historia reciente.
En cambio, el Tribunal Supremo de Justicia hace poco dictó unas normas en que pretende hacer ver que finalmente va a retomar dichos concursos, pero también son inconstitucionales y no garantiza que haya jueces independientes e imparciales.
