La justicia, como valor e institución, ha sido fustigada en Venezuela en los últimos veinte años. Su deterioro, que comenzó con la gestión del fallecido Hugo Chávez Frías, se incrementó desde que Nicolás Maduro llegó al poder en 2013 hasta convertirse en un arma que el régimen utiliza de acuerdo con sus intereses para mantenerse en el poder, lo que ha permitido que la impunidad, la corrupción y la criminalidad campeen y alimenten una crisis humanitaria compleja sin precedentes que asola al país.
Rescatar el sistema de justicia autónomo, transparente y eficaz es uno de los retos de la transición hacia la democracia. Para ello es imprescindible contar con un gobierno judicial integrado por funcionarios independientes, capaces e imparciales que garanticen la aplicación irrestricta de una justicia que obedezca a los criterios del estado de Derecho, el debido proceso, los derechos humanos y el respeto a la Constitución. Pero, ¿cómo lograr estas metas?
Expertos, juristas y representantes de la sociedad civil, tanto venezolanos como de otros países de América Latina que también han padecido gobiernos autocráticos y dictatoriales, participaron en el encuentro Transición de la Justicia en Venezuela: Construyendo propuestas desde la sociedad civil, donde analizaron las vías para diseñar una hoja de ruta para transitar el camino de la reinstitucionalización de la justicia y para enfrentar los crímenes de lesa humanidad, así como los esquemas de corrupción enquistados en las instituciones públicas venezolanas.
Mantener el modelo y respetar la Constitución
Úrsula Indacochea, de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), se refirió a que las necesidades de cada nación determinan su modelo de justicia, así como su vigencia y aplicación. No obstante, para la abogada “nada más paradisíaco para que florezca la corrupción que un sistema autocrático combinado con mecanismos políticos de designación”, pues los regímenes dictatoriales controlan el Poder Judicial para, a través de este, también dominar los otros poderes púbicos.
Indacochea considera que hay que establecer criterios que conduzcan a la independencia en la aplicación de justicia, lo que a su criterio pasa por diseñar órganos autónomos con funciones jurisdiccionales, administrativas y disciplinarias en el ámbito judicial; definir las competencias y acciones de los organismos del gobierno judicial, así como establecer presupuestos y mecanismos de rendición de cuentas que garanticen la transparencia y combatan la corrupción.
Los especialistas Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia; Carlos Ayala Corao, vicepresidente de la Comisión Internacional de Justicia; Román Duque Corredor, exmagistrado de la extinta Corte Suprema de Justicia y miembro fundador de Bloque Constitucional, y Fernando Fernández, del Observatorio de Crímenes contra la Paz, coincidieron en que la transición hacia la democracia se puede desarrollar a través del modelo de justicia previsto en la Constitución venezolana, que desde su entrada en vigencia no se ha aplicado, lo que hay que hacer por tanto es ponerlo realmente en marcha.
Alí Daniels considera que hay que garantizar la independencia en el ámbito judicial, lo que históricamente ha sido una de las falencias más importantes de la justicia en Venezuela. Durante su intervención explicó que en el país se han puesto en práctica varias modalidades de gobierno judicial, no obstante, estas no siempre han asegurado la independencia judicial. “El problema no es el modelo, sino la falta de voluntad política para garantizar las condiciones de independencia judicial”.
El director de Acceso a la Justicia hizo un recorrido histórico en el que explicó cómo fue evolucionando el modelo del gobierno judicial. Habló de cinco períodos: en los últimos 50 años Venezuela ha pasado por las estructuras de gobierno judicial que se pueden identificar como los modelos fundamentales a nivel internacional: el que está bajo la tutela del Ministro de Justicia, que nombra jueces y supervisa su gestión (modelo europeo); el que un órgano externo al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo, lo detente, es decir, el Consejo de la Judicatura o de la Magistratura (modelo latinoamericano), y aquel en el que el propio Poder Judicial está a cargo (modelo norteamericano).
También señaló que, a pesar de que el último modelo –implementado en el año 2000 con la entrada en vigencia de la Constitución de 1999– podría ser calificado como el que mayor independencia podría asegurar, en el caso venezolano ha sido, en la práctica, el más afectado y el que menos se ha aplicado.
Carlos Ayala Corao, al explicar el proceso a través del cual la aplicación del modelo de justicia se fue desvirtuando, indicó:
“El modelo ya está diseñado, existe en la Constitución, tiene problemas de implementación, pero no para partir de cero. Nosotros tuvimos 40 años de reflexión sobre la justicia en democracia, la sociedad civil fue empoderándose y cuando llegó la Constituyente de 1999, universidades, sociedad civil y expertos hicimos las propuestas. Y las que llegaron a la Constitución fueron propuestas, no de la clase política, son de la sociedad civil (…) El modelo está allí. No es malo, es que nunca se aplicó”.
Para Ayala hay que aplicar la Constitución de 1999 y evaluar “cómo hacemos la transición de la no justicia a la justicia que está en la Constitución”. Exhortó a recuperar la formación profesional de quienes aspiran integrar el Poder Judicial y a fortalecer la meritocracia.
Combatir la “justicia de plastilina”
Fernando M. Fernández propuso combatir la “justicia de plastilina” que se amolda a los intereses del poder y revisar el papel de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
“Vista la situación actual de la Sala Constitucional, dentro del Tribunal Supremo de Justicia, es también un conflicto de intereses. Ellos son quienes han decidido, en el tema ético de los jueces, por ejemplo, está desaplicado todavía el Código de Ética. Entonces, ellos intervienen en el gobierno judicial porque tienen sus propios intereses, ya no es el dominio de varios partidos ni de un bufete, sino el dominio de un partido político y, muy particularmente, en el ámbito de la justicia penal”.
Fernández señaló la importancia de la participación ciudadana en la aplicación de la justicia a través de mecanismos como los jurados y llamó a identificar y atacar conflictos de intereses políticos, económicos y personales que opaquen la imparcialidad de las decisiones.
La transición
Román Duque Corredor habló del Estatuto que rige la transición a la democracia, aprobado por la Asamblea Nacional (AN), como un medio para determinar las acciones a seguir una vez que se inicie el proceso de transición política.
“El Estatuto establece, entre otros cometidos y objetivos, que la AN puede regular la actuación de las diferentes ramas del Poder Público y dentro de eso está lo que corresponde al gobierno del Poder Judicial. Hay ya un cauce jurídico para empezar a trabajar algo inmediato, que es el gobierno judicial tal como existe para cuando llegue la transición”.
El exmagistrado planteó no hacer cambios que impliquen la posibilidad de una reforma constitucional:
“Cuando ocurra la transición, la Asamblea va a tener que ratificar o designar los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia para recuperar la legitimidad de los Poderes Públicos. Una manera de hacerlo es corregir lo que se ha hecho mal dentro de lo que ya existe en la Constitución. Lo que cabe en este momento político es el proceso jurídico de revisar el modelo del gobierno judicial dentro de las pautas del Estatuto de Transición, de manera de que cuando llegue el momento planteamos si más que una simple transición lo que necesitamos es una reforma del modelo”.
Miguel Mónaco, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello, advirtió que en las transiciones aumenta la inestabilidad: “Todos los reclamos de la sociedad civil se ejercen ante el Poder Judicial y se harán con fuerza. El sistema será puesto a prueba”.
El diputado de la AN, Juan Miguel Matheus, planteó una interrogante: ¿el país vive una transición y de qué tipo: hacia la democracia o hacia una regresión? Para Matheus, uno de los principales retos es recuperar la confianza de los ciudadanos en el gobierno judicial y el sistema de justicia en Venezuela.
Por su parte, la diputada Delsa Solórzano instó a que también se fortalezca y depure el Ministerio Público, institución que está controlada por el régimen de Maduro.
“En Venezuela jueces y fiscales actúan de manera concatenada, ellos saben que uno y el otro van absolutamente de la mano. De manera que nosotros tendríamos que ir, en este proceso de reformas, también hacia repensar el actual Ministerio Público”.
Rafael Armando Rodríguez, de Fundación Provene, calificó la situación como “el peor momento de la justicia en Venezuela” y exhortó a encontrar vías que conduzcan a la transparencia, la autonomía y la solución de las necesidades de justicia del ciudadano común.
Ramiro Orias, abogado y defensor de derechos humanos boliviano, miembro de la Fundación para el Debido Proceso comparó el caso de Venezuela con el de Ecuador: “Aquí no son jueces del régimen, sino los representantes del sistema judicial de un Estado fallido. Ya no es cuestión de remover unos magistrados por otros”. Considera que una de las lecciones aprendidas para el futuro una vez iniciada la recuperación del sistema de justicia en Venezuela es tener mayor precisión sobre el jurado del Comité de Postulaciones para nombrar magistrados.
“Como se hizo en España, se debe establecer un pacto de reinstitucionalización de la justicia; es decir, hacerlo a través de un pacto, incorporando a ONG, sociedad civil y no dejar solo al Estado o al órgano encargado. Sería un ‘Pacto de Fortalecimiento de Justicia”.
El experto peruano David Lovatón, también miembro de la Fundación para el Debido Proceso, opina que en Venezuela debe conformarse una comisión de la verdad para analizar y dar a conocer a la sociedad las causas que originaron las graves violaciones de derechos humanos y a la democracia en estos años, así como para formular recomendaciones en relación con la judicialización “de casos emblemáticos de gran corrupción y graves violaciones de derechos civiles, sociales y ambientales y a medidas de reparación y de no repetición”.
“Venezuela deberá definir su camino, pero dada la gravedad, profundidad y extensión de lo ocurrido, nos inclinamos hacia que dicha Comisión tenga un componente internacional, aunque la dosis deberán definirlo los venezolanos. Esta Comisión de la Verdad en Venezuela no debería confundirse con una posible Misión o Comisión Internacional de Apoyo a Venezuela, como mecanismo heterodoxo para apoyar la transición democrática en varios frentes”.
