La ineficiencia e intereses contrarios al derecho que pululan en los órganos de administración de justicia en Venezuela sobrepasan al ciudadano común e incluso los jueces, quienes también están sometidos a los vicios de todo el sistema. Es el caso de Gumer Quintana, juez que, a pedido del Ministerio Público (MP), tomó declaración a Giovanny Vásquez, uno de los testigos del asesinato del fiscal Danilo Anderson, pero que terminó pasando ocho años imputado por este hecho.
El expediente dice que Vásquez rindió el testimonio ante Quintana en 2005, pero tres años después se inició una averiguación por un supuesto cambio del contenido de las actas de la declaración. Debido al presunto forjamiento de las actas, el juez fue citado en abril de 2008 para rendir declaración como testigo, pero a los dos meses pasó a estar sometido a una acción penal e imputado por falsa testación (dar fe de un testimonio de forma errónea) y agavillamiento.
La documentación del caso indica que tras la declaración de Vásquez se produjeron tres actas, una corregida por errores ortográficos y fecha, otra cuestionada por el testigo y el acta finalmente aceptada por Vásquez. La multiplicidad fue lo que generó la denuncia.
Gumer Quintana consiguió que aprobaran su petición de control y regulación de la investigación para preparar su defensa, pero una recusación permitió a la Fiscalía apoderarse del expediente con la averiguación del caso, lo que paralizó el proceso.
La Fiscalía argumentó la imputación en que trabajadores del tribunal señalaron que Vásquez no declaró en el juzgado, cuando la experticia de las actas arrojó que la declaración se efectuó correctamente y la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) aseguró haber trasladado al testigo.
Debido al desorden procesal y lo irregular de la situación que padecía, Gumer Quintana introdujo en octubre de 2008, cuatro meses después de haber sido imputado, una solicitud de avocamiento al TSJ. Para el juez, la actuación del MP respondía a intereses ajenos a la investigación, que abarcó el ocultamiento de elementos que evidenciaban que los hechos imputados no revestían carácter penal.
La petición de avocamiento fue admitida y la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aceptó conocer el caso a los pocos días, pero desde ese mismo momento ocurrió otra serie de irregularidades que extendieron la causa hasta 2016. La anomalía más cuestionable es que los primeros seis de los ocho años que pasó Quintana imputado sin que el proceso avanzara se debieron al desacato de la Fiscalía de remitir el expediente de la averiguación, lo que le impidió al TSJ decidir, sin que ese órgano judicial hiciera nada ante el incumplimiento de sus órdenes por parte de la Fiscalía.
No fue sino hasta que el propio Quintana entregó copia certificada del expediente al máximo tribunal en agosto de 2014 que se destrabó la causa, pero el juez debió esperar otros dos años por la sentencia, debido a cambios e inhibiciones de magistrados que para nada justifican el retraso pues eso es algo normal en un tribunal.
En noviembre de 2016 el TSJ le dio la razón a Quintana y sobreseyó la causa, pero ello evidenció que los entes del sistema de justicia no solo actúan a capricho, sino según los intereses de jueces y fiscales, y sin apego a los lapsos legales.
Llama la atención que el TSJ no tomara acciones que obligaran al MP a obedecer una de sus órdenes, cuando en la sentencia lo acusa de no cumplir la ley y crear una situación de indefinición jurídica que afectó al juez Quintana por ocho años. La sentencia desgrana por si sola las graves irregularidades de este caso, al decir que dejaron en entredicho la actuación de los operadores de justicia, pues se violaron derechos constitucionales como el de la defensa y el debido proceso.
Así pues, el juez Gumer Quintana pasó ocho años imputado sin juicio. El retardo procesal injustificado lesiona todos los derechos, pero cada vez más los ciudadanos sometidos a algún acto judicial sufren la condena anticipada de dicho retardo.
Si desea tener más información sobre la sentencia en cuestión puede consultar en el siguiente enlace: https://accesoalajusticia.org/scp-declara-sobreseimiento-por-simulacion-de-hecho-punible/
