El 18 de noviembre de 2015, la Corte Suprema de Justicia de Chile acogió un recurso de protección a favor de los ciudadanos Leopoldo López y Daniel Ceballos (ver más…), presos por razones políticas en Venezuela, basando su competencia en que era aplicable la jurisdicción universal ya que “los tribunales de la República Bolivariana de Venezuela no aparecen actuando con suficiencia en la protección de los derechos de sus ciudadanos”, y sobre esa base, ordenó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) que constatara las condiciones de detención de estos ciudadanos y rindiera un informe ante la Asamblea General de la OEA para que esta tomara las medidas necesarias para garantizar su completa protección.
Sin embargo, en vista que el gobierno de Chile y otros organismos competentes no han cumplido hasta la fecha con lo ordenado por la vía diplomática como correspondía, la propia Corte Suprema de justicia el 29 de diciembre de 2015, al rechazar un recurso del Consejo de Defensa del Estado, declaró que hará su solicitud directamente a la Comisión.
Esta decisión es innovadora porque por primera vez se entiende la jurisdicción universal, no como generalmente se hace, es decir, como un mecanismo de sanción o castigo de delitos cometidos por Estados o grupos de poder contra los derechos humanos, sino como un instrumento preventivo y garantista para la protección de privados de libertad.
La sentencia comentada del 29 de diciembre de 2015 también llama la atención porque para Acceso a la justicia es una muestra importante de cómo funciona la separación de poderes en un país democrático y con un Estado de derecho de alto nivel como es el caso de Chile, por lo que su poder judicial actúa aún en contra de lo que piense el poder ejecutivo, sin que éste tome represalias por ello.
Pero ¿cuál fue el fundamento de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Chile?
Los delitos contra los derechos humanos pueden ser de tal magnitud y afectan tanto a la comunidad de naciones, que en muchas ocasiones no pueden juzgarse utilizando los límites de los marcos jurídicos de cada país, porque estos podrían ser medios de protección para facilitar la impunidad de los perpetradores. En este sentido, el derecho ha evolucionado para lograr su objetivo, que es hacer justicia, y lo que es aplicable a los delitos comunes, como el robo, no lo es a delitos contra los derechos humanos, como por ejemplo es el genocidio, dada la gigantesca diferencia de magnitud entre uno y otro tipo de delito.
Por tanto, una vez que se comete por ejemplo un genocidio, esto es, el exterminio de un grupo de personas por razón de su raza, sexo, nacionalidad o condición social, no puede país alguno hacerse de la vista gorda y quedarse de manos atadas ante la presencia en su territorio de uno o varios de los autores de esa atrocidad.
Partiendo entonces de estas premisas nace el concepto de jurisdicción universal, que no es otra cosa que la persecución de todos aquellos criminales que violen los derechos humanos con independencia del sitio donde lo hayan hecho, la nacionalidad de las víctimas o del victimario. La idea es que en presencia de un violador de derechos humanos, o incluso de una violación de derechos humanos, cualquier Estado actúe y castigue dicha acción, respetando, por supuesto, las garantías y derechos que tiene todo procesado.
Pese a ello, la idea de que cualquier país juzgue delitos contra los derechos humanos, aunque no se hayan cometido en su territorio, es controversial y no es aceptado en muchos países; aun así ha tenido reconocimiento y aplicación práctica en muchos otros, como es el caso de Chile.
¿Y a ti venezolano como te afecta?
Las violaciones a los derechos humanos afectan a todos los seres humanos, porque todos nos vemos perjudicados si los Estados no cumplen con sus obligaciones en esta materia. Por ello, se considera que los delitos contra los derechos humanos no se ejecutan contra una sola persona, aun cuando en la práctica así parezca, sino contra toda la humanidad, por lo que su persecución y castigo, incluso por países o instituciones que están fuera del territorio del país donde se cometieron, garantizan que no haya impunidad en infracciones tan graves de los Estados o grupos de poder contra ciudadanos. En efecto, si un violador de derechos humanos sabe que será sancionado, es posible que muchas vidas puedan salvarse.
