El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) publicó el 27 de junio en su página web la Sentencia n.º 470 de la Sala Constitucional, con la que respondió a un recurso de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, solicitando la nulidad de las bases comiciales de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Pero decidió algo más: fue la anulación del nombramiento del vicefiscal general, Rafael González, designado el 17 de abril por la Fiscal, previa aprobación de la Asamblea Nacional (AN).
La razón de esta decisión es el supuesto desacato del Parlamento que lo imposibilita a actuar y hace nulas todas sus decisiones. En vista de ello, la Sala declara que nombrará más adelante al vicefiscal y, mientras tanto, el actual está atado de manos y no puede proceder como tal.
Esta sentencia es un capítulo más del golpe de estado de índole judicial que ha estado perpetrando la Sala desde la elección del Parlamento en diciembre de 2015 con una mayoría opositora al gobierno.
Previamente, el TSJ emitió la Sentencia n.º 469 de la Sala Constitucional que le da acceso al defensor del pueblo, Tareck William Saab, a todos los actos de investigación que cursen ante el Ministerio Público (MP), en materia de violaciones de derechos humanos. Esto se traduce en que la Fiscalía queda muy limitada en cuanto al ejercicio de sus competencias ,y sobre todo, su independencia.
El Defensor del Pueblo es constantemente señalado por su parcialidad política a favor del Ejecutivo nacional, al igual que el Tribunal Supremo de Justicia, en particular su Sala Constitucional. Una muestra más es el hecho de que ambas instituciones quieren intentar una toma aparentemente “legal” de un organismo público que recientemente se ha declarado despolitizado y alineado con la Constitución, mediante el enjuiciamiento de su titular y la anulación de todas sus actuaciones.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) calificó este viernes como “profundamente preocupante” el proceso judicial contra Ortega Díaz, la destitución del vicefiscal, así como el despojo de competencias al MP para otorgárselas a la Defensoría del Pueblo.
“Los países deben garantizar que los fiscales puedan ejercer su labor sin intimidación, obstaculización, acoso, interferencias inadecuadas o exposiciones injustificadas a responsabilidades civiles, parciales u otras”, expresó el portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Rupert Colville, según la agencia internacional EFE.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
Si las instituciones de justicia, como la Fiscalía o la Defensoría están politizadas no habrá garantía de la defensa de nuestros derechos, ni de que se castigue a quienes cometen delitos ni la corrupción. Esos órganos serán más bien usados por el partido de gobierno para perseguir a la disidencia política, que en un régimen como se ha instaurado en Venezuela, de corte totalitario, ya casi comprende a todos los habitantes del país.
