Para que la administración de justicia sea verdaderamente independiente es indispensable que sus integrantes, en particular fiscales, defensores públicos y jueces, sean seleccionados y designados conforme a los principios internacionales en la materia y a la Constitución venezolana, es decir, por concursos públicos de oposición que garanticen su independencia e idoneidad para el cargo. Así lo han declarado organismos de Naciones Unidas como la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela.
En octubre de 2021 el fiscal impuesto por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, anunció «la activación de un plan especial de regularización funcionarial de fiscales provisorios activos», lo que no corresponde al concurso público de oposición pero es un intento para mejorar la situación de los fiscales actuales. En este sentido, al presentar el pasado 8 de abril su informe anual correspondiente al año 2021 ante la Asamblea Nacional (AN) oficialista, el funcionario declaró lo siguiente:
«Quiero referirme a este plan de regularización funcional de fiscalías provisorias del Ministerio Público, que iniciamos con la finalidad de reconocer la trayectoria laboral de los fiscales provisorios con más de cuatro años de ejercicio en sus cargos. Mediante este plan especial los fiscales provisorios que cumplieran los requisitos podrían aspirar a lograr la titularidad del cargo que ocupan (…) Se trata de un importantísimo paso para buscar fortalecer la independencia de los despachos fiscales, para este año hemos iniciado un nuevo proceso que ha permitido a los funcionarios que, no siendo fiscales, pero que cumplen los requisitos, se puedan postular para ocupar distintos despachos fiscales».
Segunda flexibilización de las condiciones
Los 2.200 fiscales del Ministerio Público (MP) en ejercicio lo tendrán relativamente fácil para hacerse con la titularidad de sus cargos, pues Tarek William Saab flexibilizó los requisitos para que puedan conseguir ese objetivo no una, sino en dos ocasiones en los últimos meses.
El 18 de febrero Saab dictó su resolución n.° 367, que contiene las Normas para el VII Concurso de Credenciales y de Oposición para el Ingreso a la Carrera Fiscal, publicado en la Gaceta Oficial n.° 42.326 del 24 del mismo mes. Sin embargo, cuatro semanas después apareció en la Gaceta Oficial n.° 42.343 la resolución n.° 559, en la cual el funcionario reformó parcialmente la normativa que regirá las pruebas para adjudicar los cargos de fiscal.
En este segundo texto el único cambio lo sufrió el artículo 7, que contiene los requisitos que deben cumplir los interesados para participar en los concursos. Así, en el literal J se suprimió la limitante que decía que el aspirante debía tener «más de quince (15) años de servicio en la Administración Pública», por lo cual con tener un año laborando en el MP bastará para participar en el proceso.
La disposición contradice lo dicho por Saab en octubre de 2021, cuando anunció la puesta en marcha del llamado Plan especial de regularización funcionarial de fiscales provisorios activos, que, según dijo, reconocerá «la trayectoria laboral de los fiscales provisorios, quienes previo cumplimiento de los requisitos básicos, tales como haber ejercicio el cargo de forma ininterrumpida por un tiempo mínimo de cuatro años podrán aspirar a la titularidad del mismo». Sin explicación, solo doce meses ejerciendo como fiscal bastarán para poder competir en el proceso para hacerse con el cargo de manera permanente.
La modificación parece poca cosa, pero en su primera resolución Saab ya rebajó drásticamente los requerimientos que deben cumplir los fiscales para hacerse titulares. De ahora en adelante, los funcionarios en ejercicio no tendrán que participar ni superar ningún curso de formación y entrenamiento, tal y como era requerido durante la gestión de Luisa Ortega Díaz.
«Haber aprobado el Programa de Formación para el Ingreso a la Carrera Fiscal que se imparte en la Escuela Nacional de Fiscales». Esta era una de las condiciones que los fiscales que participaron en los primeros concursos celebrados entre 2011 y 2014 debían cumplir para poder formar parte de los mismos, ganarse la estabilidad y evitar ser destituidos sin un procedimiento que les garantice el debido proceso. Así constaba en las normas que regularon los III concursos.
Más fácil aprobar
Como si lo anterior no fuera suficiente, Saab también rebajó la nota que deberán conseguir los fiscales para aprobar las pruebas orales y escritas.
En el artículo 11 de las Normas se establece que se dará por aprobado al aspirante que consiga 120 puntos sobre 200, es decir, el 60%. Por el contrario, en las normas que regularon a los primeros concursos de oposición se establecía ese mínimo debía ser del 75%. Esto explicaría por qué uno de los tres concursos celebrados entre 2011 y 2013 quedó desierto.
Lo que Saab mantuvo es que las credenciales (estudios, experiencia laboral y docente y desempeño previo en el MP) continuarán equivaliendo al 50% de la calificación, mientras que las pruebas oral y escrita representarán el restante 50%. Asimismo, ratificó que seguirá siendo él quien encabezará los jurados que evaluarán a los aspirantes.
Lo que aún no está claro es cuándo se celebrarán estas pruebas. Hasta ahora el MP no le ha puesto fecha al primero de estos procesos ni ha informado cuándo creen que se pondrá realizar.
¿Voluntad de enmienda?
La publicación de las normativas parece indicar que Saab iba en serio cuando en octubre anunció la puesta en marcha del Plan especial de regularización funcionarial de fiscales provisorios activos. Una iniciativa que «venía a saldar una deuda pendiente» con los funcionarios de la institución, cuya totalidad son de libre nombramiento y remoción por decisión del propio Fiscal General.
En septiembre de 2018, Saab reformó el artículo 3 del Estatuto del Ministerio Público para estipular que todos los cargos del organismo son «de confianza» y, por lo tanto, de libre nombramiento y remoción. Esta medida implicó la reversión de lo poco que se había avanzado durante la gestión de su antecesora en materia de combate a la provisionalidad.
Precisamente el hecho de que los jueces, fiscales y defensores públicos venezolanos no se hayan hecho con sus cargos mediante concursos públicos de oposición, tal y como manda la Constitución, ha sido una de las críticas que ha recibido la justicia venezolana no solo por parte de las instancias de la ONU ya citadas, sino también por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH y Corte IDH, respectivamente).
«Un adecuado proceso de designación de los miembros del Poder Judicial, que sea transparente y garantice la igualdad de los candidatos, es garantía fundamental para su independencia», afirmó en 2009 la CIDH, en su informe Democracia y derechos humanos en Venezuela”, en el cual denunció la ausencia de concursos para designar a los fiscales y cuestionó los procesos que entre 2006 y 2007 llevó adelante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el caso de los jueces.
El giro de Saab de primero promover la provisionalidad para ahora querer combatirla, aunque sea a través de un proceso de regularización de fiscales provisionales, casi coincidió con la decisión de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de abrir una investigación por los crímenes de lesa humanidad presuntamente ocurridos en Venezuela. Sin embargo, el hecho de que no se hayan abierto concursos públicos de oposición y que solo fiscales en ejercicio puedan participar en el proceso diseñado por el actual titular del MP no ha sido bien visto por la MDH, por considerar que «no adopta medidas para garantizar que el acceso a la carrera fiscal se determine mediante un concurso público».
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
Las medidas que desde octubre de 2021 ha tomado Tarek William Saab para resolver la provisionalidad de los fiscales a su cargo en el MP, hecho que él mismo extendió y consolidó y que trajo nefastas consecuencias para la independencia de los mismos, parecen destinadas a hacer creer a instancias internacionales, como la Fiscalía de la CPI, que se están corrigiendo las fallas que aquejan al sistema de justicia.
Sin embargo, no basta con organizar exámenes orales y escritos para que los actuales fiscales se hagan con la titularidad de sus puestos. A estos procesos deben poder concurrir todos los profesionales del Derecho interesados en participar; y los más capacitados y preparados, sin importar su tendencia ideológica, deben ser los escogidos. Asimismo, a fin de garantizar la transparencia y confianza de las evaluaciones, las mismas deben ser abiertas y públicas. Esta es la única manera en que la administración de justicia mejorará y flagelos como la corrupción se minimizarán.
Cualquier otra cosa que se haga solo abre las puertas a eternizar los problemas de falta de profesionalismo y servilismo que confronta el MP en la actualidad.
