Pese a que el artículo 305 de la Constitución venezolana obliga al Estado a garantizar la seguridad alimentaria y establece que «la producción de alimentos es de interés nacional y fundamental al desarrollo económico y social de la Nación», en 2024 más de 5 millones de venezolanos no pudieron costearse las tres comidas diarias y requirieron asistencia humanitaria por parte de instancias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una situación que pone de manifiesto que el marco legislativo está lejos de ser letra viva.
La afirmación fue realizada por el relator especial para el derecho a la alimentación de la ONU, Michael Fakhri, en el informe que presentó al Consejo de Derechos Humanos luego de la visita que realizó al país entre el 1 y el 14 de febrero del año pasado.
En el reporte, de 21 páginas de extensión con fecha 5 de marzo del presente año, el funcionario concluyó que «a pesar de los marcos legales y políticos progresistas de Venezuela, persisten los desafíos para abordar la seguridad alimentaria y garantizar la asequibilidad y accesibilidad [de los alimentos] para todos».
Tras recordar que en los últimos años se han dictado numerosas normas como las leyes Orgánica de Seguridad y Soberanía Alimentaria, de Pesca y Acuicultura, de Semillas o la que regularizó a los polémicos Comités Locales de Producción y Abastecimiento (CLAP), que están destinadas a impulsar la producción de alimentos, hoy el derecho fundamental a la alimentación en el país sigue sin estar plenamente garantizado.
Como prueba de ello, el relator mencionó que para 2023 distintos informes de organizaciones nacionales e internacionales revelaban que el 83,6 % de los venezolanos no tenían acceso a alimentos suficientes debido a sus altos costos.
Michael Fakhri achacó esta situación a la falta de aplicación de las normas y advirtió que constató un «creciente sentimiento de decepción entre los movimientos sociales, los campesinos, los pescadores y los pueblos indígenas» por esta situación.
Los jueces tampoco ayudan
El funcionario de la ONU dejó claro en su informe que la omisión a la hora de hacer valer el marco legal vigente no solo se limita a las autoridades gubernamentales, sino que también abarca a las judiciales.
«En cuanto a la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, los tribunales nacionales no los aplican de forma coherente y, según informes, en algunos casos el Tribunal Supremo ha dictaminado que los derechos económicos, sociales y culturales no entran dentro del ámbito de la protección judicial».
En su sentencia n.º 1.002 de 2004, la Sala Constitucional del TSJ aseguró que la violación de derechos económicos, sociales y culturales, como la educación, alimentación, vivienda o salud puede ser demandada judicialmente. Sin embargo, en el mismo fallo rechazó ordenarles a las autoridades adoptar medidas concretas para garantizarlos.
Esto señaló en esa ocasión la intérprete del texto fundamental:
«La labor judicial consiste, esencialmente, en señalar transgresiones. El Poder Judicial no puede sustituir al Legislativo o Ejecutivo en la formulación de políticas sociales, como una manifestación del principio de división de poderes, que, de quebrantarse, conduciría a un gobierno de los jueces».
Y remató así:
«La cuantía de los presupuestos, su distribución y la consignación de las cantidades necesarias para que los servicios de sus respectivas competencias estén dotados de los medios personales, financieros y materiales que posibiliten una prestación eficiente, es una actividad netamente política, tal como lo señalara, inclusive, la otrora Corte Suprema de Justicia en Pleno, el 20 de mayo de 1997 (caso: Procurador General de la República vs Acuerdo del Congreso de la República), naturaleza que la condiciona como una actividad eminentemente abstracta y constitutiva y, por tanto, imposible de ser objeto de amparo constitucional destinado, como se sabe, al restablecimiento de situaciones jurídicas (concretas) infringidas».
Testigo privilegiado
¿Por qué hoy casi un cuarto de la población venezolana no puede garantizarse una alimentación adecuada? Para el relator de la ONU la respuesta a esto está en dos factores: la inflación y la dolarización.
«La hiperinflación, con una tasa anual cercana al 190% en 2023, y la dolarización informal de la economía venezolana debilitan aún más el poder adquisitivo de los hogares», expuso el funcionario.
Acto seguido, Michael Fakhri aportó al Consejo los siguientes datos:
«La canasta alimentaria para una familia de cinco miembros ascendía a 532 dólares en 2024, mientras que desde marzo de 2022 el salario mínimo se mantenía en 130 bolívares (2,19 dólares el 10 de febrero de 2025) debido a la devaluación. Una familia media necesitaría ingresos cien veces superiores al salario mínimo para hacer frente al coste de la cesta básica de alimentos para alimentarse».
«Uno de los principales retos que plantea la seguridad alimentaria en Venezuela es la accesibilidad económica (asequibilidad) a alimentos adecuados, ya que los precios son sencillamente demasiado altos en comparación con los ingresos de los hogares», agregó, al tiempo que reportó que presenció algunas de las numerosas protestas que educadores, funcionarios públicos o jubilados han protagonizado en los últimos años.
A tomar medidas
Tras asegurar que las mujeres, ancianos, niños y pueblos indígenas son aquellos que tienen menos garantizado su derecho a la alimentación, el funcionario de la ONU constató que un importante porcentaje de la población venezolana se ha visto obligada a tomar duras medidas para sortear la situación.
«Las familias se ven obligadas a adoptar mecanismos de supervivencia negativos, como reducir el tamaño de las raciones, saltarse comidas, comprar alimentos menos nutritivos o incluso buscar comida en la calle o en vertederos. Algunos de los más afectados han recurrido a mecanismos de supervivencia como la reducción de la calidad de los alimentos, la venta de los bienes del hogar (descapitalización) para poder comer, y la reducción de los gastos en sanidad, ropa y educación».
Michael Fakhri admitió que las sanciones que gobiernos como el de Estados Unidos han impuesto contra algunas instituciones y funcionarios han agravado la situación. Asimismo, reconoció que iniciativas gubernamentales como los CLAP han servido para paliar la crisis alimentaria, aunque denunció su ineficacia y politización.
El relator afirmó:
«El CLAP tenía buenas intenciones como ayuda humanitaria temporal del Gobierno. Sin embargo, el CLAP se ha vuelto susceptible al clientelismo político y no aborda las causas profundas del hambre y la malnutrición en Venezuela ni cumple las normas del derecho a la alimentación».
Además, reveló que ha recibido informaciones que indican que el programa no ni es consistente ni llega a todas las zonas del país.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
El informe del relator de la ONU para el derecho a la alimentación confirma que, pese a una leve mejora económica registrada en los últimos años, la situación alimentaria de millones de venezolanos sigue siendo precaria. Asimismo, ratifica que las disposiciones del marco legal venezolano están lejos de hacerse realidad para un importante porcentaje de la población, pero no solo por la mala gestión de las autoridades administrativas sino también de la justicia.
El reporte, como otros de instancias internacionales, no solo contiene críticas y denuncias, sino también una serie de recomendaciones que podrían servir de hoja de ruta para revertir la actual situación.
