Ejercer el cargo de juez en la Venezuela de hoy no es una tarea sencilla: las presiones del Gobierno y organismos de seguridad sobre quienes tienen el poder de sentenciar o liberar a detenidos son cada vez más evidentes.
Luego de la protesta del pasado 18 de febrero de 2017, en la cual varios manifestantes exigían la liberación de presos políticos, fueron encarcelados dos camarógrafos que utilizaban un dron, Andreas Díaz, Rumel Ochoa y Eduardo Párraga, y presentados el 20 de febrero ante la jueza del Tribunal 39 de Control del Área Metropolitana de Caracas, Karla Moreno, quien renunció en la sala de audiencias mientras se realizaba la presentación.
Según fuentes periodísticas Moreno habría recibido presiones por parte del Sebin para condenar a los jóvenes, a lo cual se negó, prefiriendo renunciar a su cargo.
Blanca Rosa Mármol, ex magistrada del TSJ, aseguró al respecto: “Un juez debe tener autonomía, la policía pretendía presionarla para que dejara detenidos a los periodistas que estaban cubriendo el acto, entonces ella renunció en la misma audiencia, si eso es así, atendiendo a lo que salió publicado, en buena hora porque es una jueza que le hace honor al cargo porque es autónoma y no se dejó presionar por la policía; es una buena noticia en medio del cuadro que nosotros tenemos de sumisión total de los jueces al régimen”.
“Con la presión no funciona el Poder Judicial, siempre he dicho que ser juez es una vez, es decir, esa vez en que deciden con autonomía de acuerdo a la ley y a su conciencia y en el entendido de que les puede costar no sólo el cargo, sino también ir a prisión como en el caso de la jueza Afiuni”, agregó la abogada Mármol de León.
Los jueces han cargado con el efecto Afiuni, es decir, el miedo no solo a ser despojados de sus cargos, sino además a vivir una pesadilla en prisión: “Se ha puesto peor porque no hubo reacción de parte de los jueces, es buena la oportunidad para señalar que este régimen se ocupó de poner un artículo en la Constitución que dice que los jueces no podrán asociarse, quizá si hubiera existido la asociación de jueces como existió en su momento se hubiera podido tener una reacción de los jueces, como en el caso de la jueza Afiuni”. En este sentido, la parte final del artículo 256 de la Constitución establece que: “Los jueces o las juezas no podrán asociarse entre sí”.
“En consecuencia, como están completamente dispersos y como no se ha respetado la carrera judicial ni el ingreso por concurso, entonces tenemos jueces improvisados, provisorios, y no son jueces formados realmente, eso es lo que ocasiona ser obediente y que pase lo que está pasando y por eso no hay manera en este momento de que puedan salir de eso a menos que se vuelva a los concursos para estar en el Poder Judicial”, concluye la exmagistrada.
La otra cara de la moneda
Desde que la jueza Karla Moreno renunció a su cargo ha sido elogiada con comentarios positivos, artículos y publicaciones que aplauden la decisión de una jueza que califican como digna, títulos como “La justicia tiene pantalones” o “El rostro de la dignidad” no se han hecho esperar, sin embargo, en otros casos su actuación no fue aparentemente tan independiente políticamente hablando.
Alfredo Romero, director de Foro Penal, aclara que Moreno había condenado antes a Víctor Uga, tuitero apresado por difundir una imagen del cadáver de Robert Serra: “ella estuvo relacionada con varios casos también de personas que fueron arrestadas por motivos políticos y al día de hoy es la jueza que lleva el caso de un preso político que es Víctor Uga, que tiene más de dos años preso. Nosotros hemos tenido dudas en determinar si ella realmente ha actuado correctamente”.
Con respecto al efecto Afiuni cada día es más latente en los tribunales del país, Romero indicó: “Es algo que hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo, es lo que hemos denominado como el uso del Poder Judicial como arma política, que está básicamente relacionado con la influencia directa y la presión del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, las llamadas, presiones, amenazas de encarcelamiento, como un caso emblemático el de la juez Afiuni que fue encarcelada por tomar una decisión contraria a lo que el Gobierno había considerado”.
Lo cierto es que la renuncia de una jueza en plena audiencia por las presiones de la policía política no es evidencia de que estemos en un estado “de derecho y justicia” como indica la Constitución.
¿Y a ti venezolano cómo te afecta?
El caso que originó la renuncia de la juez Karla Moreno ilustra perfectamente el problema de que el Ejecutivo interfiera en la labor de los jueces, quienes requieren de absoluta independencia para poder hacer justicia. Dos ciudadanos comunes y corrientes que simplemente estaban trabajando debieron enfrentar un proceso judicial porque su labor no resultaba conveniente al gobierno. Y no solamente eso, sino que el mismo gobierno se encargó de presionar a la jueza para que le diera la razón así fuera una injusticia con esas dos personas. ¿Cuántas veces no habrán logrado salirse con la suya sin que lo sepamos? ¿Cuántos inocentes estarán presos como consecuencia de ello? ¿Qué nos garantiza que no seamos los próximos? La única garantía que podemos tener es un poder judicial independiente, con jueces que tengan estabilidad en sus cargos y la capacidad de decidir sin que los castiguen por ello.
