El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha sido utilizado en Venezuela para imponer instrumentos sublegales que limitan el espacio cívico y vulneran la libertad de asociación. En este contexto, es importante analizar los resultados que la evaluación del GAFI realizó al país sobre sus políticas en materia de lucha contra el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo.
En materia de organizaciones sin fines de lucro (OSFL), el GAFI señala expresamente en su recomendación n.° 8 (R.8) que es obligación de los Estados «establecer medidas focalizadas y proporcionales, en línea con el enfoque basado en riesgo» destinadas a las OSFL «para protegerlas del abuso para el financiamiento del terrorismo». Sin embargo, muchas organizaciones en el país no perciben que exista tal protección, sino que por el contrario se utilizan los mandatos del GAFI en contra de ellas.
Por tanto, es importante conocer, analizar y difundir los resultados de la cuarta ronda de evaluaciones mutuas respecto del caso venezolano, pues del mismo pueden sacarse conclusiones que muestran una realidad muy alejada de los objetivos del GAFI y, por tanto, de desprotección de las OSFL en el país.
Nuestro informe, titulado Resultados de la evaluación del GAFI: ¿se protege a la sociedad civil en Venezuela?, está dividido en cuatro capítulos: el primero explica qué son las evaluaciones mutuas llevadas a cabo por el GAFI, el segundo y tercer capítulo explican qué y cómo se evalúa en los países investigados, y el cuarto describe la evaluación hecha a Venezuela, haciendo referencia a las OSFL.
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