La Ley de Fiscalización, Regulación, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro, también conocida como la Ley Antisociedad, es un nuevo instrumento de represión que el Gobierno pretende usar para profundizar el cierre del espacio cívico en Venezuela.
El propósito inconfesable de este instrumento legal, aprobado el 15 de agosto de 2024 por la Asamblea Nacional (AN), en el contexto del recrudecimiento de la represión gubernamental tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, es debilitar la promoción y defensa de los derechos humanos desde la sociedad civil. Lejos de garantizar el pleno ejercicio del derecho a la asociación, esta nueva ley busca eludir las obligaciones del gobierno de respetar y proteger los derechos humanos, conforme a la Constitución y a los tratados, pactos y convenios internacionales.
El mayor perjuicio recae sobre las personas beneficiarias de la asistencia humanitaria y el apoyo que brindan las organizaciones de la sociedad civil. En medio de la profundización de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela, las poblaciones vulnerables corren el riesgo de perder el apoyo que ofrecen estas organizaciones.
Para descargar el artículo, pulse aquí.
