A 6 meses de la reforma de la L.O.P.N.N.A
Bajo la falsa creencia que la mano dura previene la violencia y la imperiosa necesidad de garantizar una mayor seguridad ciudadana, el pasado 8 de junio del año 2015 el Ejecutivo Nacional publicó en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.185 la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (L.O.P.N.N.A), mediante la cual, sobre todo, modificó el diseño y el funcionamiento del Sistema Penal de Responsabilidad de los y las adolescentes. Entre los cambios más importantes, destaca el incremento de las penas y la creación de nuevos tipos de delitos por los cuales un adolescente puede ser privado de libertad.
En la reforma comentada, las penas aplicables a los y las adolescentes se aumentan entre 6 y 10 años, cuando se trata de la comisión de los delitos de homicidio (salvo el culposo), violación, secuestro, delitos de drogas en mayor cuantía (en cualquiera de sus modalidades), abuso sexual con penetración, sicariato o terrorismo. Asimismo, se establece una pena de 4 a 6 años cuando se trata del delito de lesiones gravísimas (salvo las culposas), robo agravado, robo sobre vehículos automotores, abuso sexual, extorsión o asalto a transporte público.
Lamentablemente, la exposición de motivos no explica las razones jurídicas ni criminológicas que justifican estas modificaciones, ni existen suficientes datos oficiales actualizados, disponibles y confiables que permitan cuantificar el grado y tipo de participación de adolescentes en hechos punibles que fundamenten esos incrementos.
Constituye una inexactitud afirmar que en todos los delitos que se materializan en el país tienen participación los adolescentes, así como, considerar que el incremento de las penas constituye en sí mismo un desestimulo para la comisión de hechos punibles, ya que es conocido que para que esto funcione es indispensable acompañarlo de una estructura estatal adecuada, así como de políticas públicas que determinen y erradiquen las causas que llevan a los jóvenes adolescentes a delinquir. Es más incrementar las penas y tipos de delitos aplicables a las y los adolescentes sin disponer de las condiciones mínimas para su implementación y sin una política pública de reinserción adecuada traerá como consecuencia mayor impunidad, desprotección a las víctimas y abordajes inadecuados en relación a la o al adolescente y a su familia.
El problema mayor es que a seis meses de publicada esta reforma, el Estado no ha informado sobre sus avances, ni sobre las estrategias o recursos disponibles para lograr su implementación.
Frente a esto, surgen varias preguntas, entre las cuales, Acceso a la justicia plantea las siguientes: ¿Cuáles son los centros especializados disponibles para los adolescentes que cometen delitos? ¿Cuál es el recurso humano especializado para un correcto acompañamiento? ¿Cuáles son los programas y servicios que atienden las necesidades y problemáticas de estos adolescentes?
¿Y tú venezolano qué puedes hacer?
A todos los venezolanos nos afecta la delincuencia y es un hecho notorio que los adolescentes son responsables de muchos delitos, y aunque como ciudadanos debemos rechazar la violencia y la impunidad, la problemática en relación a la justicia penal juvenil va más allá de la pena impuesta, porque lo que hay que analizar es por qué los y las adolescentes venezolanos están siendo atraídos por el mundo de la violencia y del delito, o están viéndose más bien atrapados en él.
Lo que está claro es que un adolescente victimario es en realidad una víctima. Se trata de una evidencia que el Estado, las familias y la sociedad no lograron protegerlo, ni garantizarle sus derechos, ni hacerlo crecer en un ambiente adecuado y con incentivos a la educación y a una vida libre del delito.
Por ello, como venezolanos debemos exigir al Estado que promueva políticas de educación y protección a los y las adolescentes, que los incentiven a ser buenos ciudadanos y no delincuentes.
