Uno de los principales propósitos de la justicia debe ser la protección de los ciudadanos. Es así como la aplicación de la Constitución y la ley debe estar dirigida a cumplir esa meta. No obstante, durante períodos de regímenes autoritarios y dictatoriales estos parámetros se incumplen y desvirtúan, lo que da paso a graves violaciones de derechos humanos en todos los ámbitos de la vida cotidiana, y convierte en víctimas a estas personas, sus familiares y todo aquel que haya padecido las consecuencias de actos criminales cometidos por el Gobierno autoritario.
En Venezuela, donde se atraviesa una emergencia humanitaria compleja que ha obligado a aproximadamente a 4 millones de personas a emigrar, se vulneran permanentemente los derechos a la alimentación, a la salud, a la información, al acceso al agua potable y consumible, incluso, a la vida, con total impunidad, debido a que el sistema de justicia en el país está controlado por el régimen y es presa del flagelo de la corrupción.
¿Qué hacer para retomar el camino hacia la aplicación de un sistema de justicia autónomo e independiente en el que la corrupción se ha enquistado? ¿Cómo sacar sus tentáculos del sistema de justicia? ¿Cómo aplicar las leyes durante la transición hacia la democracia?
Estas y otras interrogantes fueron analizadas durante el encuentro “Transición de la justicia en Venezuela: Construyendo propuestas desde la sociedad civil”, en el que David Lovatón Palacios, consultor de la Fundación para el Debido proceso (DPLF), habló acerca la Justicia Transicional frente a la gran corrupción y las graves violaciones de derechos humanos en Venezuela.
Lovatón, abogado, magister en Derecho Constitucional, profesor universitario y director del Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica (CICAJ) de Perú, explicó que la evolución de la justicia transicional nace y se desarrolla enfocada en las graves violaciones de derechos civiles y políticos–torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, genocidio, entre otras–.
No obstante, la corrupción en entes de gobierno y sus consecuencias en la ciudadanía también han implicado violaciones directas a los derechos humanos.
“En la evolución de la justicia transicional se puede incluir también la búsqueda de la verdad, justicia y reparación, frente a las redes de gran corrupción vinculadas a graves violaciones de derechos económicos y sociales”, señala Lovatón quien advierte que esta inclusión no debe implicar dejar de lado vulneraciones a derechos civiles y políticos. “Esta evolución no debería suponer la sustitución de una prioridad por otra, sino la suma de varias prioridades –derechos civiles, políticos, económicos y sociales– y la interrelación entre todas”.
Entre las recomendaciones que el experto hace para que la justicia transicional en Venezuela se lleve a cabo con éxito incluye la conformación de una Comisión por la Verdad que sea, efectivamente, un medio a través del cual se brinde reparación, justicia y no repetición de los hechos a las víctimas.
“Esta Comisión de la Verdad debería centrarse, por un lado, en analizar y dar a conocer a la sociedad las causas que originaron las graves violaciones de derechos y a la democracia y, por otro lado, en formular recomendaciones en relación a la judicialización de ‘casos emblemáticos’ de gran corrupción y graves violaciones de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y ambientales y a medidas de reparación y de no-repetición”.
Saber qué pasó y cómo es un derecho de las víctimas, reitera Lovatón. “La sociedad venezolana tiene derecho a saber –en algún momento– qué pasó para permitir la destrucción y deterioro del país, de su institucionalidad y de su economía. Ese derecho colectivo a conocer las causas que llevaron a esta situación comprende también en el caso venezolano saber por qué fue posible tanta corrupción desde la cima del poder: las redes o grupos que se tejieron, el dinero aproximado que se robaron, dónde fue a parar ese dinero, qué se dejó de hacer, invertir o construir”.
El jurista advierte que desconocer el pasado implica un grave riesgo de que violaciones a derechos humanos puedan repetirse en el futuro. Lovatón habla desde la experiencia en Perú, su tierra natal.
“Quizá si la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) hubiese investigado y formulado recomendaciones respecto a redes de gran corrupción, el Perú post-conflicto y post-Fujimori no hubiese vuelto a padecer, en tal magnitud, la gran corrupción que ha generado que todos nuestros ex presidentes estén investigados, detenidos o prófugos o nuestro sistema de justicia siga infectado de redes de corrupción, como el escándalo de los CNM/audios.
Lovatón recalcó: “Los peruanos debimos incluir en el mandato de la CVR las redes de gran corrupción que se perpetraron desde el poder, pues con posterioridad se ha comprobado que había una parcial identidad entre dichas redes y las graves violaciones de derechos humanos. La mejor muestra de ello es que Fujimori o Montesinos no sólo fueron condenados judicialmente por graves violaciones de derechos civiles y políticos, sino también por actos de gran corrupción”.
No obstante, rescata la acción de la justicia transicional en su país. “Pese a ello, la CVR en Perú, que se centró en las graves violaciones de derechos civiles y políticos, pretendió aportar a un nuevo intento de transición a la democracia luego de la caída de un gobierno no sólo autoritario, sino también corrupto”.
En el caso de las vulneraciones al derecho a la salud, que han tenido como consecuencia la muerte de venezolanos, Lovatón señala: “Es especialmente dramática la extendida y sistemática violación a ese derecho”.
