«La Asamblea Constituyente no es una panacea que va a solucionar todos los problemas de Venezuela, pero va a contribuir a solucionarnos, va a ofrecer un piso». Con estas palabras, apenas horas después de ser electo, en diciembre de 1998, el fallecido Hugo Chávez insistía en que su primera decisión nada más posesionarse del Palacio de Miraflores sería convocar a esta instancia para que redactase una nueva Constitución, instrumento que permitiría atacar la corrupción, la pobreza, la desigualdad y otros graves problemas que aquejaban al país a finales del siglo XX.
Sin embargo, dos décadas y dos Constituyentes después, dichos problemas lejos de resolverse se han agravado. Así lo denuncia Acceso a la Justicia en una investigación titulada Informe sobre la Asamblea Nacional Constituyente. Su utilización como parte de la fachada institucional en Venezuela.
En el reporte se hace un repaso sobre los dos procesos constituyentes que ha vivido el país desde 1999 y se deja en claro que, con sus diferencias, ambos sirvieron para debilitar la ya precaria institucionalidad venezolana y reemplazarla por un Estado cada vez más ausente y con una forma de gobierno autocrática.
Aunque el primer proceso dio a luz al texto fundamental vigente, este nunca ha sido aplicado por el chavismo; de hecho, se ha ido desmantelando la institucionalidad existente en el país. El segundo proceso constituyente ha sido realmente grave, no solo por la manera en que se instaló –sin convocatoria popular y con unas bases comiciales ajenas a los principios más básicos de la democracia– sino además porque su objetivo en realidad era neutralizar el obstáculo que suponía tener una Asamblea Nacional (AN) no alineada con los intereses del Gobierno, cuando después de diecisiete años de chavismo todos los demás poderes estaban bajo el control del Ejecutivo Nacional.
Mal ejemplo
Tras recordar que el proceso de 1999 se dio, pese a que la Constitución de 1961 no preveía la figura de la Constituyente como un mecanismo para su reforma y fueron necesarias interpretaciones de la Corte Suprema de Justicia, Acceso a la Justicia señala que la manera cómo terminó conformada la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) –90% de los escaños para el chavismo, aunque solo contaba con el 60% de los votos– acabaría teniendo unas nefastas consecuencias para la aplicación de la nueva Carta Magna.
En el documento, de setenta y una páginas de extensión, se afirma:
«Luego de la aprobación de la Constitución de 1999, el Gobierno de Hugo Chávez Frías introdujo poco a poco modificaciones de peso que fueron imponiendo una estructura normativa paralela a la prevista en la carta venezolana, en unos casos y otros, la adopción de interpretaciones contrarias a la Constitución que permitieran evadir los límites por ella impuesta, una política que también sería reproducida por el Gobierno de Nicolás Maduro Moros, luego de la desaparición física de Chávez en 2013».
El informe deja en claro que esto no se habría podido lograr si el oficialismo no hubiera tenido el control de los demás poderes del Estado desde el primer minuto.
Se agrega además lo siguiente:
«Entre 1999 y 2012 Chávez gobernó sin el contrapeso de la Asamblea Nacional, dado que este órgano, controlado por el partido de gobierno, lo había habilitado en el ejercicio de la función legislativa a partir de cuatro leyes habilitantes. Esta práctica le permitiría a Chávez dictar más de dos centenares de decretos legislativos que le sirvieron para desmantelar las instituciones democráticas que habían sido consagradas en el texto constitucional venezolano. Así entonces, mediante esas leyes habilitantes, el Poder Ejecutivo también ejercía como Legislativo».
Nicolás Maduro siguió el mismo camino, pero tras el triunfo opositor en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015 debió recurrir a otros mecanismos como el Estado de Excepción para gobernar sin control. Ello no habría podido ser posible sin el aval del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el cual ha estado alineado con el Gobierno desde su instalación; y ha respaldado todos los decretos de emergencia económica dictados desde enero de 2016.
Un paso más allá
La escalada de la conflictividad social provocada por el no reconocimiento de la AN opositora y las pretensiones de Maduro de continuar gobernando sin responderle a nadie degeneraron en una nueva ola de protestas en 2017, a la cual las autoridades no solo respondieron con más represión, sino también con un nuevo proceso constituyente, que distó mucho del de 1999, pues no se consultó a los ciudadanos su parecer al respecto, ni tampoco sobre las condiciones para elegir a los miembros de la instancia que se encargaría de redactar otra Constitución. Todo ello provocó que la oposición, académicos y defensores de derechos humanos, la Iglesia católica y cuarenta gobiernos extranjeros la desconocieran.
Durante los más de tres años que ha estado en funcionamiento, la ANC no ha presentado agenda previa ni ha recibido a los sectores de la sociedad civil interesados en exponer sus puntos de vista. No sesiona constantemente y no va a presentar un proyecto de Constitución. Sin embargo, se ha apelado a su condición de «supraconstitucional», que ya tuvo su antecesora de 1999, para arrebatar potestades a los poderes constituidos y no respetar las disposiciones de la carta magna para favorecer los intereses del Gobierno de Maduro y perseguir a la disidencia.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
Las Constituyentes deberían ser instrumentos para dotar a los países de unas reglas básicas de convivencia, las cuales sean acordadas y aceptadas por amplias mayorías sociales, para así garantizar no solo que perduren las Constituciones producto de su instalación sino también su eficacia y efectividad. No obstante, los últimos dos procesos que ha vivido Venezuela en estos casi veintiún años, por la manera cómo se desarrollaron o cómo fueron convocados, no han conseguido estos objetivos; y, por lo tanto, se unirán a la ya larga lista de experimentos que en los dos siglos de historia republicana no se han traducido en estabilidad política ni en prosperidad para los ciudadanos.
La Constituyente de 1999, pese a alumbrar la primera Constitución aprobada por el pueblo en referendo popular, también abrió las puertas para el debilitamiento de la democracia y la consolidación de un régimen hegemónico al otorgarle más potestades al presidente de la República y facilitarle el control de todos los poderes públicos. Esta experiencia se ha exacerbado con la Constituyente de 2017, que ha servido para «darle la estocada final al proceso de desmantelamiento del Estado constitucional de derecho».
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