Venezuela ha culminado este jueves 16 de marzo de 2017 su evaluación en el marco del segundo ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), mecanismo que utiliza la ONU para monitorear la situación de los Derechos Humanos a nivel mundial. En esta ocasión se recibieron 18 recomendaciones de manos de 16 países distintos relativas a la independencia de los poderes, y el Estado aceptó 10 de ellas lo que (aunque insuficiente) es un logro del sistema EPU y de la sociedad civil organizada.
Para poner esta situación en contexto, vale la pena recordar que durante el primer ciclo de este examen, que fue en 2011, nuestro país recibió 17 recomendaciones relativas a la independencia judicial y las rechazó absolutamente todas, negándose a aceptar que existe un problema en el sistema de justicia venezolano.
Adicionalmente, desde el gobierno se ha acusado de “injerencista” a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en reiteradas ocasiones cuando sus decisiones no coinciden con la narrativa oficial; llegando al punto de denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que en la práctica se ha traducido en que los venezolanos tengamos una instancia menos a la que acudir cuando consideramos que nuestros derechos no están siendo respetados, concretamente la Corte Interamericana.
Ahora bien, volviendo al EPU actual, Acceso a la Justicia ve con buenos ojos que el Estado venezolano haya decidido aceptar 10 de las 18 (55%) recomendaciones recibidas sobre independencia de los poderes (con especial énfasis en la independencia del Poder Judicial), agregando un compromiso voluntario en esta materia; lo que implica que finalmente reconoce que existe mucho trabajo por hacer en este ámbito.
Sobre todo esto es relevante si se tiene presente que hace apenas unos meses el gobierno regresó de Ginebra en negación; anunciando que había “salido eximido” en el examen, a pesar de que 102 países (más del doble que en 2011) intervinieron para realizar 274 recomendaciones, lo que difícilmente puede considerarse un triunfo.
Desgraciadamente no todo es positivo y las ocho recomendaciones restantes en materia de independencia de poderes “no contaron con el apoyo” del Estado pues fueron consideradas “sesgadas, confusas, políticamente mal intencionadas y elaboradas sobre bases falsas”.
Acceso a la Justicia quiere hacer notar que en el caso de las sugerencias aceptadas, el Estado venezolano las apoya pues “ya se están implementando de manera prioritaria en su primer Plan Nacional de Derechos Humanos 2016-2019” lo que, al menos en el tema que nos ocupa, no es así.
Como hemos mencionado más arriba, el Estado venezolano rechazó todas y cada una de las recomendaciones en esta materia durante el primer ciclo del EPU, hace 5 años, negando el problema. Tampoco aparece mencionado en su Informe Nacional correspondiente al examen de este año, por lo que habría que pensar que en opinión del Estado no había nada relevante que decir, ni que hacer.
Más aún, si se revisa el Plan Nacional de Derechos Humanos a que alude la representación diplomática de nuestro país, el mismo no habla de independencia de poderes en ningún momento, así como tampoco lo hace el Plan Estratégico del Poder Judicial vigente; por lo que es obligado preguntarse ¿a qué se refiere el Estado venezolano cuando asegura que “continuará” trabajando en este tema? De hecho la situación ha empeorado mucho respecto de 2011, por lo que si ya en esa época la situación era grave, ¿en qué ha trabajado si ahora es peor? ¿Por qué no explicó en el Informe Nacional qué ha hecho?
Lo mismo puede decirse del quinto compromiso voluntario en que el gobierno ofrece “continuar con la realización de concursos públicos para el ingreso a la carrera judicial y al Ministerio Público”, cuando desde el 2004 no se realizan los primeros (aunque el Tribunal Supremo de Justicia dice que desde 2005) y el más reciente de los segundos fue en el año 2011.
Resulta poco alentador que el Estado venezolano considere que está trabajando en un asunto en el que tiene 13 años en mora, pese a que es un mandato expreso de la Constitución, y, aunque hace poco aprobó unas normas para regular los concursos de los jueces, las mismas solo permiten que participen los que ya están dentro de la judicatura que no son titulares, escogidos a dedo, y además, no prevén que la sociedad civil forme parte del proceso para la selección de los jueces, lo que no son precisamente garantías para la independencia judicial, todo lo contrario.
En conclusión; si bien Acceso a la Justicia saluda que el Estado venezolano acepte la existencia de un problema en materia de independencia judicial, es necesario exigir que esto lleve a acciones concretas y que no se convierta en otra declaración de intención que queda en palabras y nada más.
¿Y tú venezolano, qué puedes hacer?
Con la aceptación de las recomendaciones por parte del Estado se confirman las denuncias que desde hace años hace la sociedad civil de que los derechos de los venezolanos están siendo vulnerados, y esta es una situación que un Estado democrático no puede simplemente ignorar, como hace un niño que cree que si cierra los ojos la realidad desaparece.
Ante esta situación es poco lo que en la práctica podemos hacer, pero lo que sí está a nuestro alcance (y es de capital importancia) es no permitir que este escenario nos parezca normal y, por ello, reclamar nuestros derechos de manera constante y persistente.
