Para Acceso a la Justicia, resalta del caso su larga e injustificada duración, que demuestra lo cierto del viejo adagio: “justicia tardía no es justicia”.
El caso de Neila Negrón, jueza destituida en 1999 por presunta corrupción llegó a su fin el 5 de agosto de 2015, cuando luego de años de litigio el TSJ mediante una sentencia aceptó la restitución de Negrón en un cargo similar al que ocupaba en la década de los noventa, al determinar que la juez no era culpable de lo que se le imputaba: poseer “signos externos de riqueza que no guardan proporción con los ingresos que percibía en el Poder Judicial”.
Por su lado, La Contraloría y el Ministerio Público, quienes investigaban a la jueza, ya en 2003 y 2004, respectivamente, habían declarado que no estaba demostrado su enriquecimiento ilícito.
Sin embargo, en el año 2010 la Sala Político Administrativa decide el caso la primera vez (por sentencia nº 990 de fecha 20 de octubre), declarando sin lugar el recurso por falta de interés de la demandante, con lo cual viola una norma constitucional, porque “sacrifica la justicia por la omisión de formalidades no esenciales” (artículo 257 de la Constitución).
Es en el año 2011 cuando la Sala Constitucional anula esa sentencia, mediante decisión nº 1960 de fecha 15 de diciembre de 2011, porque la Sala Político cometió el error de no notificar a la demandada para determinar si tenía o no interés en continuar el proceso y por ello, le dio la orden de volver a dictar la sentencia conforme a derecho e incluso tramitar la jubilación de la jueza
La Sala Político Administrativa dicta nuevamente sentencia (la número 950 ) casi 4 años (agosto 2015), después de que la Sala Constitucional le ordenara enmendar su error. Finalmente, hace justicia y le pide a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura que reincorpore a la jueza Negrón al cargo del que fue destituida con pago de los salarios dejados de percibir desde la destitución hasta su reingreso, así como que se analice la posibilidad de jubilarla.
En resumen, el Tribunal Supremo de Justicia tardó 15 años en darle la razón a la demandante y lo hizo tan tarde que la misma no puede reincorporarse por razón de su edad al cargo del que fue destituida, por lo que se está considerando la opción de jubilación.
A pesar de lo anterior, se aplaude la decisión del TSJ de hacer justicia finalmente, aunque haya sido tardía.
¿Y a ti venezolano cómo te afecta esto?
Los retrasos en las decisiones de cualquiera de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia o tribunales del país si estuvieras involucrado en un caso, puede generarte:
– Grandes pérdidas económicas ya que la República no paga el costo de tu abogado ni del juicio.
– Si eres funcionario público tu derecho al trabajo puede verse afectado por un proceso, en el que aún sin ser culpable, te quedes sin tu cargo por más de una década y sin recibir indemnización completa por los daños causados.
– Te puede someter al escarnio público, al ser publicada la decisión sobre tu cargo e investigación en la Gaceta Oficial, sin que ello pueda resarcirse con el paso del tiempo, ni el Estado necesariamente responda por ello.
Con esto no se quiere decir que el Estado no investigue ni castigue en caso de corrupción, pero al hacer tan importante labor, debe garantizar el acceso a la justicia y el debido proceso, para que ello no haga nulo el derecho al trabajo de los ciudadanos o los haga incurrir en costos irreparables y no indemnizables para lograr justicia.
