Desde el miércoles 5 y hasta el 12 de diciembre se instalará en los Países Bajos la 17ª sesión Asamblea anual de los Estados Parte del Estatuto de Roma (ER) de conformidad con el artículo 112 del instrumento constitutivo.
El 13 de diciembre del año 2000 Venezuela ratificó el ER, creado en 1998 por iniciativa de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para que se juzgaran crímenes de máxima gravedad,
En el evento se espera una evaluación de la rendición de cuentas del presidente de la Corte Penal Internacional (CPI), la fiscal y el secretario, así como sobre el presupuesto de la Corte, entre otros aspectos. En esa oportunidad también se puede hacer alguna enmienda al ER y decidir mediante votación secreta la destitución de algún juez, el fiscal (en este caso, la fiscal) o fiscales adjuntos.
El evento revierte importancia para Venezuela, porque en el informe anual de la fiscal Fatou Bom Bensouda, en el que ofrece un balance resumido por país de los exámenes preliminares abiertos por la presunta comisión de delitos que competen a la Corte (crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra o agresión), se espera que mencione el caso contra el Estado venezolano y especifique que el examen preliminar se encuentra en la fase dos.
Vale recordar que en febrero de este año la fiscal abrió un examen preliminar para determinar si existen elementos para iniciar una investigación contra el Estado venezolano por crímenes de lesa humanidad durante las manifestaciones antigubernamentales de 2017. La fase dos implica que la Fiscalía verifica su competencia en los casos denunciados: territorial, dónde se cometieron los crímenes (que sea un Estado parte del ER); temporal, cuándo (si los delitos ocurrieron a partir de la entrada en vigor del ER, es decir, junio de 2002); y material, si competen a la Corte (en el caso venezolano, ya se ha dicho que son crímenes de lesa humanidad) y analiza la seriedad de las denuncias presentadas.
Se considera que el Gobierno de Nicolás Maduro incurrió en por lo menos cuatro delitos, que son asesinato, tortura, persecución y desaparición forzada de personas. Las denuncias de abogados y organizaciones de derechos humanos presentadas ante la fiscal deben probar que existió un patrón por parte de las fuerzas de seguridad para cometer los delitos, con conocimiento de causa y como parte de una política sistemática para acabar con la disidencia.
