Caer en el sistema judicial venezolano es una de las peores cosas que le puede pasar a una persona. Acá te contamos el caso de Franklin Adaul Hernández, quien desde hace más de 20 años ha sido sometido a un juicio penal sin fin.
En el año 2003, en la ciudad de Santa Ana de Coro, ocurrió la muerte de una persona. Por ese hecho se inició un proceso penal contra Franklin Adaul Hernández, quien luego de ser imputado fue acusado, enjuiciado y obtuvo una sentencia absolutoria.
La fiscalía apeló dicha sentencia y la Corte de Apelaciones ordenó realizar un nuevo juicio. Pero esta situación no ocurrió una, sino tres veces, dejando al acusado en un bucle procesal eterno.
Por este motivo, el abogado defensor de Hernández solicitó en 2016 a la Sala Constitucional la interpretación del artículo 460 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual se refiere a la doble conformidad, y señala que si se ordena la apertura de un nuevo proceso en contra de un acusado que haya sido absuelto por la sentencia de primera instancia y obtiene otra sentencia absolutoria, en contra de esta no será admisible recurso alguno.
El abogado alegaba que su defendido estaba siendo sometido por tercera vez a un juicio y se corría el riesgo de que la fiscalía nuevamente impugnara la sentencia absolutoria, condenando a su representado a un proceso sin fin.
Sin embargo, la Sala Constitucional, luego de 7 años, se declaró incompetente para decidir la solicitud y ordenó la remisión a la Sala de Casación Penal, quien lego de unos meses decidió que tal recurso era inadmisible.
Sin duda se trata de una sentencia que pasa por alto que el acusado está siendo víctima de un proceso penal que hasta la fecha acumularía más de 20 años de retraso, y al quien se le estaría violando sus garantías procesales.
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