2024 está a la vuelta de la esquina y su arribo promete venir acompañado de nuevas iniciativas para hacer justicia respecto de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país al menos desde 2014. La primera es el inminente pronunciamiento de la Sala de Apelaciones sobre la continuación o no de la investigación, y la segunda es la apertura de la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en Caracas.
La dependencia, que fue anunciada durante la tercera visita que el fiscal Karim Khan realizó a Venezuela en junio pasado, debe ponerse en marcha en el año nuevo. Así lo asegura en su informe anual de actividades correspondientes a 2023, publicado recientemente.
Esto se lee en el reporte titulado Delivering better together («Ofreciendo mejores resultados juntos», en español):
«La oficina local de la Fiscalía en Caracas, prevista para ser inaugurada en 2024, será un importante acelerador de la ambición de la Fiscalía de profundizar su colaboración con las autoridades nacionales venezolanas, para fortalecer el objetivo de una acción interna significativa (en materia de lucha contra las vulneraciones a los derechos humanos)».
No para investigar, sino para asesorar
En el informe de Khan se deja entrever que la oficina en Venezuela no tendrá por objeto investigar los presuntos crímenes de lesa humanidad que él considera que se han cometido en el país desde 2014.
«La oficina de la Fiscalía en Venezuela está destinada a trabajar en iniciativas de complementariedad en colaboración con las autoridades nacionales», expuso en su reporte el Fiscal de la CPI.
¿Pero cómo se traduce lo anterior? Así prosigue el documento de 134 páginas de extensión:
«El objetivo (de la) oficina en Caracas se enfocará en mejorar la cooperación con las autoridades nacionales y apoyar la prestación de asesoramiento y asistencia. El despliegue de personal en esta nueva oficina sobre el terreno facilitará la prestación de asistencia para la evolución legislativa en el campo de la justicia y el intercambio de conocimientos y mejores prácticas con las autoridades nacionales (en materia de investigación criminal)».
El propósito de Khan con esta idea es que el sistema de justicia, a saber, que los jueces, los fiscales y los policías venezolanos cumplan con sus labores de investigar las violaciones a los derechos humanos, identificar a sus responsables y castigarlos como corresponde, de acuerdo con la legislación nacional y los estándares internacionales en la materia.
Para lograrlo, los funcionarios de esta dependencia también buscarán acercarse a la sociedad civil.
«La Fiscalía tiene además la intención de celebrar una reunión de organizaciones de la sociedad civil en Venezuela para escuchar sus opiniones e identificar la mejor manera de integrar sus puntos de vista y experiencias dentro del esfuerzo conjunto para buscar una complementariedad dinámica entre la Fiscalía y Venezuela».
Sobre este particular, Acceso a la Justicia espera que la comunicación de la oficina de la CPI con la sociedad civil venezolana sea permanente y directa, para que las diferentes organizaciones de derechos humanos y las víctimas o sus familiares puedan brindar información relevante sobre el avance de sus casos en las instancias nacionales del sistema de justicia.
Esto es fundamental a los efectos de la complementariedad, pues esta exige que el país objeto de una investigación ante la CPI sea quien juzgue a los responsables, y si no es así, la CPI será la competente para hacerlo, por ello la Fiscalía debe contar con la voz de las víctimas, sus familiares, abogados y de las organizaciones de la sociedad civil, quienes son quienes interactúan directamente con el sistema de justicia venezolano.
Un nuevo enfoque, para un nuevo tiempo
La oficina en Caracas forma parte del llamado «enfoque de doble vía» que Khan pretende poner en marcha y que recientemente presentó con el fin de buscar «formas novedosas e imaginativas de asociación con las autoridades nacionales, la sociedad civil y todos los actores» que permitan hacer justicia.
En su informe, el fiscal se refirió a esto indicando que para «responder a nuevas formas de crímenes y abrir nuevas vías para conseguir evidencias» es necesario «estar más cerca de las comunidades y avanzar hacia un modelo centrado en el campo».
«Nuestras ambiciones con respecto al aprovechamiento de la tecnología y la cooperación con los Estados, las organizaciones y la sociedad civil nos permitirían entregar más casos al tribunal», expuso en la introducción de su reporte.
A la espera
Pero la apertura de la oficina en Caracas no es la única medida relacionada con Venezuela que la Fiscalía de la CPI tiene en su agenda para 2024. Khan también anunció que tiene previsto celebrar una conferencia sobre la justicia internacional en el país con el propósito de «Continuar el importante diálogo sobre la mejor manera de lograr la justicia internacional en colaboración con una variedad de partes interesadas, como Estados u otras organizaciones internacionales», agregó.
Sin embargo, la investigación por los presuntos crímenes de lesa humanidad apenas se menciona en el informe. Esto tiene una posible explicación: el caso está en curso en La Haya y así va a continuar, salvo que la Sala de Apelaciones de la CPI decida lo contrario atendiendo la solicitud de las autoridades venezolanas de anular la autorización que a mediados de este año la Sala de Cuestiones Preliminares le dio para retomar sus indagaciones. Es decir, que no hay novedades en este aspecto por los momentos y se está a la espera de una decisión que se espera se produzca en el corto plazo.
Lo último ocurrido en ese ámbito fue la celebración de la audiencia oral y pública en la que las autoridades venezolanas, la Fiscalía y la Oficina de la Defensoría Pública de las Víctimas (OPCV, por sus siglas en inglés) pudieron exponer sus puntos de vistas a los magistrados en relación con la averiguación.
El presidente de la Sala, el magistrado Marc Perrin de Brichambaut, aseguró que emitirían su veredicto «lo más pronto posible». No obstante, no aclaró cuándo podría ocurrir esto y los reglamentos del juzgado internacional no fijan un plazo, aunque se tiene como referencia el caso previo de Filipinas, en el que la Sala se tomó 3 meses, con lo cual es posible que para principios de 2024 se cuente con una sentencia.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
El informe anual de la Fiscalía de la CPI revela que 2024 será un año en el cual Venezuela tendrá un lugar destacado en la agenda de la Fiscalía del juzgado con sede en La Haya (Países Bajos), algo que indudablemente genera expectativas positivas en las víctimas y sus parientes.
Entre los anuncios importantes destaca que en 2024 abrirá la oficina en Caracas, que tendrá como rol ayudar a las autoridades venezolanas a hacer su trabajo, es decir investigar y juzgar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos al menos desde 2014. También incentivará reformas legislativas en materia de justicia para su mejora y finalmente, pero no de menor importancia, evaluará el cumplimiento o no de las obligaciones de investigación por parte del Estado venezolano para determinar si el principio de complementariedad debe operar.
Sobre este extremo, esperamos que se tome en cuenta de manera activa, directa y permanente a la sociedad civil y a las víctimas, pues estas últimas son la razón de ser de la Corte Penal Internacional.
