Un porcentaje importante de las leyes que la Asamblea Nacional (AN) ha aprobado en 2023 ha terminado en el limbo porque no han sido publicadas aún en la Gaceta Oficial, por lo tanto, técnicamente no han entrado en vigor ni se puede exigir su cumplimiento ni a las autoridades ni a los ciudadanos.
El año pasado, el Parlamento venezolano aseguró haber dictado 14 instrumentos legislativos, pero una revisión realizada por Acceso a la Justicia de la lista de textos arrojó que 4 de ellos no han sido sometidos al último trámite para considerar que en realidad están vigentes. La cifra supone el 28,57 % del total.
El artículo 215 de la Constitución de 1999 es claro al señalar que «la Ley quedará promulgada al publicarse con el correspondiente “cúmplase” en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela». Por su parte, el artículo 1 del Código Civil establece que «la Ley es obligatoria desde su publicación en la Gaceta Oficial o desde la fecha a posterior que ella misma indique». Algo similar estipula la Ley de Publicaciones Oficiales, cuyo artículo 10 señala que «las leyes y demás actos jurídicos del Estado de efectos generales entrarán en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela».
Una tendencia preocupante
La revisión realizada por Acceso a la Justicia arrojó que los textos cuya suerte se desconoce son la Ley Especial de las Trabajadoras y Trabajadores Agrícolas, sancionada el 26 de julio de 2023; la Ley Aprobatoria del Acuerdo entre los gobiernos de Venezuela y de Turquía relativo a la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, sancionada a finales de septiembre de 2023; la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero del Año 2024; y la Ley Especial de Endeudamiento Anual, ambas sancionadas el 14 de diciembre.
Hasta el momento no se ha informado si el presidente Nicolás Maduro vetó parcial o totalmente alguno de los instrumentos, o si por el contrario los promulgó (para lo cual tiene 10 días a partir de su recepción), pero por alguna causa los mismos no han sido enviados al Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial (Saingo) para su publicación en el diario oficial del Estado, o si los recibió se desconocen las razones por las cuales estas Gacetas no son públicas. En el caso de la Ley aprobatoria del acuerdo en materia de inversiones entre Venezuela y Turquía, queda a discreción del Ejecutivo el momento de su promulgación según lo dispone el artículo 217 de la carta magna, no así en los otros casos.
El último escenario planteado ya se ha producido en el pasado. La Ley de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Actividad Aseguradora fue sancionada por la AN el 11 de octubre de 2022; sin embargo, su publicación en la Gaceta Oficial no se produjo sino hasta el 29 de noviembre de 2023, es decir, que entró en vigor más de 13 meses después.
Los retrasos en la publicación de las leyes que el Parlamento sanciona se registran desde hace años, y aunque en 2023 el número de normas de las que se perdió la pista tras ser aprobadas por los diputados fue menor al registrado en el período previo, cuando ocho de esos instrumentos jurídicos corrieron esta misma suerte, lo cierto es que esta práctica y sus peligrosos efectos se mantienen vigentes.
Siete años en las sombras
De las cuatro leyes aprobadas en 2023 por la AN cuyo paradero se desconoce hasta ahora, destacan tanto la del presupuesto nacional como la Ley de Endeudamiento para el presente año. Ambas normas son de gran trascendencia e impacto para los ciudadanos, por cuanto prevén los fondos que el Estado destinará a servicios tan fundamentales como la educación, salud, seguridad y al pago de pensiones o jubilaciones, así como a inversiones en infraestructuras y servicios públicos.
Sin embargo, desde 2015 las autoridades han optado por no difundir el texto íntegro del proyecto de ingresos y gastos de la nación, algo que viola flagrantemente disposiciones como las contenidas en el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, el cual estipula que la administración de los fondos públicos estará «regida por los principios constitucionales de legalidad, eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad, equilibrio fiscal y coordinación macroeconómica».
Debemos advertir que la opacidad que rodea al presupuesto público impide el ejercicio de la contraloría social y fomenta la corrupción administrativa. También llama la atención que la Contraloría General de la República no haya dicho nada al respecto desde 2015, lo que demuestra una vez más su falta absoluta de autonomía.
A veces menos es más
La productividad de la AN electa en 2020 ha ido disminuyendo, aunque esto no es necesariamente negativo, lo importante es que haya debate y conocimiento previo de los proyectos de leyes que se van a discutir. Pero los debates no son nada frecuentes en un Parlamento cuyos curules están ocupados en más de 90 % por el partido gobernante y aliados.
Ahora bien, si nos atenemos a las cifras sobre el número de leyes aprobadas, el resultado es el siguiente: en 2023 14 leyes fueron sancionadas, lo que es un tercio menos que las 21 de 2022. Por su parte, las 21 aprobadas por los diputados en 2022 fueron 44 % menos que las de 2021, cuando 38 instrumentos recibieron el visto bueno de la AN.
Durante el año pasado, el Legislativo también aprobó en primera discusión 14 proyectos de ley, entre los cuales destacan el polémico borrador de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines; el de Desarrollo y Producción de Cervezas Artesanales; el de Prevención, Atención y Tratamiento de Enfermedades de Transmisión Sexual; y que el busca castigar todo tipo de discriminación.
Los proyectos de Ley de la Danza; del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat; de Pesca; de Fomento de Exportaciones no Petroleras; de Defensa de la Guayana Esequiba; y de Atención Integral a las Personas Sordas y Personas con Discapacidad Auditiva también recibieron un primer visto bueno.
Sin embargo, el grueso del año 2023 el Parlamento lo dedicó a aprobar acuerdos políticos (73), mientras que aprobó la designación de 14 embajadores por parte del presidente y nombró al actual Consejo Nacional Electoral (CNE).
Para este año, una de las promesas del Poder Legislativo es renovar al Consejo Moral Republicano, lo que implica designar a un nuevo fiscal general de la República, un defensor del Pueblo y un contralor general. No obstante, hasta el momento ese proceso no se ha iniciado; se espera que cuando lo haga haya transparencia y, sobre todo, que se cumpla lo establecido en la Constitución, lo que no ha ocurrido desde su entrada en vigencia a finales de 1999, ocasionando la falta de independencia de sus autoridades.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
La irregularidad expuesta refuerza la situación de indefensión e inseguridad jurídica en la que se encuentran los habitantes de Venezuela, por cuanto hay incertidumbre en relación a si algunos de los instrumentos aprobados por los diputados están en vigor o no. Esto es otro ejemplo de la ruptura institucional en Venezuela, causa de la emergencia humanitaria compleja que afecta al país.
Pese a que el número de leyes cuya situación legal se desconoce es menor en 2023 respecto a años anteriores, lo cierto es que esta práctica no termina de desaparecer y parece formar parte de la opacidad estructural que invade a la administración venezolana. Lo más grave es que los proyectos de leyes no son de conocimiento público y tampoco hay frecuentes debates en la AN ni una consulta transparente y plural de los instrumentos legislativos durante su discusión en el Parlamento.
Enlace a la tabla sobre las leyes de la AN, promulgadas por el Ejecutivo Nacional y publicadas en Gaceta Oficial 2021-2024.
