La mañana de este lunes, 9 de octubre (hora de Ginebra) Laura Louza, directora y fundadora de Acceso a la Justicia, participó en la quinta revisión de la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por la República Bolivariana de Venezuela ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A continuación, se presenta la reproducción del discurso.
En Venezuela, la justicia ha sido completamente secuestrada por el poder político; esta no cumple su rol y respalda las acciones arbitrarias del partido de Gobierno, quien está en el poder sin alternancia desde hace más de 20 años.
No hay separación de poderes ni Estado de derecho, lo que ha convertido los abusos contra los derechos humanos en generalizados y sistemáticos. Ello ha sumido al país en una emergencia humanitaria compleja, por lo menos desde 2015.
Jueces, fiscales y defensores públicos no cumplen su rol, son parte de la represión estatal y justifican las arbitrariedades del poder político. Ello se debe a que no se nombran conforme a estándares nacionales e internacionales, su estabilidad es nula y no tienen a quién acudir frente a presiones. La Defensoría del Pueblo calla o respalda al Gobierno en lugar de abordar las violaciones masivas a los derechos humanos.
Lo anterior ha sido documentado de manera detallada tanto por el alto comisionado como por la Fact-finding Mission (FFM), que califica al sistema de justicia como cómplice de presuntos crímenes de lesa humanidad.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) creó en 2014 tribunales de terrorismo sin base legal para juzgar a opositores políticos reales o percibidos como tales.
Algunos casos recientes son los de Javier Tarazona, presidente de la ONG FundaRedes, detenido arbitrariamente desde julio de 2021 y sometido a tortura y malos tratos; seis sindicalistas condenados en agosto de 2023 a 16 años de prisión por protestar contra políticas salariales gubernamentales; John Álvarez, estudiante universitario detenido arbitrariamente en agosto y torturado, perdió un ojo en el proceso y fue llevado ante un médico casi un mes después de su detención.
El TSJ permite juicios de civiles en tribunales militares, pese a una prohibición legal expresa, y trata la tortura como un asunto administrativo y no penal para evitar enjuiciar a los responsables. Juezas y jueces tampoco responden adecuadamente a denuncias de tortura o habeas corpus.
El Gobierno atribuye su incumplimiento de las obligaciones de derechos humanos a sanciones internacionales, aunque la falta de independencia del sistema de justicia y de la Defensoría del Pueblo no se relacionan con aquellas; se trata simplemente de cómo se ejerce el poder en Venezuela: sin voluntad política de querer cambiar esta realidad de indefensión generalizada y abuso sistemático del poder.
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