Pese a que el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece que el máximo juzgado es el responsable de garantizar la «supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales», el organismo rector del Poder Judicial no ha hecho más que anular la carta magna y desmantelar con sus decisiones la democracia venezolana. Así lo denunció Acceso a la Justicia al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El señalamiento lo realizó la agrupación en el informe que remitió a la instancia con sede en Ginebra, Suiza con motivo del III Examen Periódico Universal (EPU) de Derechos Humanos, al que Venezuela deberá someterse a finales de este año.
El comportamiento del TSJ frente a la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015 es para Acceso a la Justicia una clara demostración de que el Poder Judicial, comenzando por su máxima instancia, no actúa conforme a lo estipulado en el texto fundamental.
En el reporte se lee lo siguiente:
«En diciembre de 2015 los venezolanos le dieron la mayoría de la AN a la oposición. Sin embargo, esta no se había instalado aún y ya había comenzado a ser neutralizada por el TSJ, que la eliminó de facto a través de 145 sentencias, desde diciembre de 2015 hasta diciembre de 2020».
Además, se recuerda que «Solo en 2020 el TSJ dictó veintiséis fallos contra la AN, de los que aún se desconoce el contenido de muchos. En el último lustro, el máximo juzgado emitió en promedio una sentencia cada doce días contra el Legislativo».
En el informe, se destacan los fallos 155 y 156 que la Sala Constitucional dictó en 2017, no solo porque mediante los mismos liquidó al Parlamento y el máximo juzgado se arrogó sus facultades, algo que la carta magna no le permite, sino porque además esos fallos desencadenaron una ola de protestas antigubernamentales que se prolongó por casi cuatro meses y que fue duramente reprimida por las autoridades.
Persecución a la orden del día
El TSJ no se limitó a neutralizar al Parlamento dominado por la oposición, sino que también emprendió una campaña de persecución contra sus miembros. Al respecto, Acceso a la Justicia denunció esto ante el Consejo de Derechos Humanos:
«Para mayo de 2020, más de noventa y seis parlamentarios de oposición y disidentes del chavismo, principales y suplentes, habían sufrido algún tipo de persecución política. El TSJ tuvo un rol protagónico en el caso de una treintena de diputados opositores, violando su inmunidad parlamentaria. Cinco de ellos han estado presos y para junio de 2021 al menos dos continuaban privados de libertad: Juan Requesens (con medida de casa por cárcel) y Gilberto Sojo (quien lleva más de cuatro meses detenido [para el momento del envío del informe])».
El voto en la mira
Como si no fueran suficientes los ataques a la AN, poder público que, junto a la máxima autoridad del Ejecutivo, es electo directamente por los ciudadanos y que realmente representa la pluralidad del país, Acceso a la Justicia denunció que el TSJ ha pasado el último lustro socavando el derecho al voto, pilar de cualquier democracia civilizada, pues tanto en las presidenciales de 2018 como en las parlamentarias de 2020, las salas Constitucional y Electoral no colaboraron activamente para que las elecciones se celebraran sin cumplir con los estándares internacionales y diseñando incluso una oposición «a la medida».
La organización recordó que el máximo juzgado, junto al Consejo Nacional Electoral (CNE), maniobró para neutralizar a los partidos opositores y disidentes del chavismo, a fin de acabar con cualquier posible competidor real del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Así, de sesenta y siete partidos inscritos en el CNE para diciembre de 2015, «tres años después (…) solo quedaban diecisiete partidos políticos, y de ellos solo cinco de oposición».
Como si lo anterior no fuera suficiente, de cara a las elecciones parlamentarias celebradas en diciembre de 2020, el máximo juzgado intervino e impuso directivas a nueve formaciones políticas opositoras (Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia, Movimiento Republicano, Acción Ciudadana en Positivo y Bandera Roja) y disidentes del chavismo (Tupamaro, Patria Para Todos y Compromiso País).
Asimismo, autorizó al CNE ―designado por el mismo TSJ, por cierto―, a reformar la legislación electoral para favorecer al oficialismo, algo que logró, pues la alianza gubernamental se hizo con el 92% de los escaños de la AN, aunque solo tenía el 68% de los votos.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
El TSJ ha dejado en claro en los últimos cinco años que su único objetivo es proteger y resguardar los intereses del Gobierno y de quienes hoy ostentan el poder político en Venezuela, dejando a un lado su misión de salvaguardar la Constitución y garantizar a los ciudadanos los derechos que esta les reconoce.
Tal situación demuestra que la justicia venezolana no ha mejorado nada desde el último EPU al que se sometió el país a finales de 2016; es más, parece poner en evidencia que las autoridades no se toman suficientemente en serio este proceso. De aplicar las recomendaciones que los Estados formularon y las que ellos mismos prometieron ejecutar, situaciones como las descritas en el informe de Acceso a la Justicia no hubieran ocurrido.
Para leer el informe La consolidación de un Estado de hecho en Venezuela, haga clic aquí.
