En el marco del Plan País, coordinado por la Asamblea Nacional, Acceso a la Justicia trazó un camino para lograr la reinstitucionalización del Poder Judicial en Venezuela durante la transición democrática.
La propuesta de Reforma del Poder Judicial que será entregada el próximo viernes 24 de mayo al presidente interino de la República, Juan Guaidó, en la sede de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) contó con la colaboración del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana.
“Venezuela no se caracteriza por la robustez de su estado de derecho. El Poder Judicial es apenas un apéndice y “protector” de las decisiones del Ejecutivo nacional”, dijo Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia, como preámbulo de la presentación de la propuesta de esa organización en la UCAB.
El Plan busca reinstitucionalizar al Poder Judicial desde cuatro ámbitos específicos: la independencia, la transparencia, el acceso a la Justicia y la gestión judicial.
Independencia
Daniels fue enfático al señalar que tenemos que construir nuevos acuerdos, pues ninguno ha servido para garantizar la independencia de los poderes.
En este sentido, para que la independencia sea real, Acceso a la Justicia propone abordar el Poder Judicial desde dos niveles: el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el resto del Poder Judicial.
Como Observatorio Venezolano de la Justicia, la ONG considera que la independencia del Poder Judicial pasa, fundamentalmente, por la actuación y conducta de los jueces y magistrados, por lo que ha focalizado los esfuerzos en la revisión de sus credenciales y actuaciones.
En relación al TSJ, la propuesta contempla que los magistrados designados por la AN en julio de 2017 que hoy están en el exilio sean considerados principales (ya existe la base legal para ello), y que se revisen las credenciales de los magistrados oficialistas actualmente en sus cargos para ver si cumplen o no con los requisitos exigidos en la ley, de manera de poder cubrir los 19 restantes para alcanzar los 32 totales. Una vez hecho esto, de ser necesario se convocaría a los suplentes electos en 2017 para cubrir las vacantes que queden tras el proceso antes indicado.
Para el resto del Poder Judicial, Acceso a la Justicia propone evitar la “cacería de brujas”, como se realizó en 1999, en medio del proceso constituyente. En este sentido, la idea es crear una Comisión Mixta (con apoyo internacional) que permita revisar la situación de los jueces en todo el país, siempre con respeto al debido proceso y sin paralizar el servicio de justicia.
Adicionalmente, la ONG venezolana recomienda la reforma de la Ley del Sistema de Justicia, en la que existe una injerencia abusiva tanto del Poder Ejecutivo como del llamado “Poder Comunal” en la administración de justicia.
Transparencia
La opacidad en materia de justicia no es sólo un problema de limitación de las posibilidades de estar informado sino que facilita la comisión de corrupción, por ello, entre las medidas a corto plazo para darle más transparencia al Poder Judicial, Acceso a la Justicia considera importante ordenar a los jueces cumplir con la publicación de las sentencias y las estadísticas básicas de su gestión.
Dado que la opacidad en el Poder Judicial llega a tal punto que no se conoce información básica sobre el mismo, Acceso a la Justicia propone la creación de una comisión que permita conocer toda la información de los jueces en el país, cuántos son y cuántos son provisorios o titulares, actualizar la ficha de los jueces, el personal a su cargo y la dotación de recursos tecnológicos, entre otros aspectos que increíblemente el TSJ no ha querido hacer públicos en su política de desinformación sobre los tribunales.
En un sentido más histórico y pedagógico, se recomienda la creación de una “comisión de la verdad” que identifique los patrones de represión y control de los jueces utilizados por el régimen para saber cómo han operado los llamados “juristas del horror” en la mediatización de la justicia para dejar impune la comisión delitos de lesa humanidad.
Acceso a la Justicia
“¿Quién dijo que un abogado no puede sacar foto de un expediente, si ese es un documento público?”, se preguntó Daniels al introducir la necesidad de que el acceso a la justicia esté garantizado en la transición democrática.
La ONG propone que cualquier abogado o ciudadano común pueda fotografiar un expediente, práctica por demás habitual en otros países y que sólo debe limitarse por respeto a las víctimas en casos muy determinados.
En la propuesta de Acceso a la Justicia, la oralidad y los jueces de paz están de vuelta y la justicia que aplica el derecho penal del enemigo está de salida, por ello se contempla restituir la justicia de paz y asignarla a la competencia del municipio.
Gestión Judicial
Para que todo esto funcione hay que aceitar el engranaje a través de una eficiente gestión judicial. En esto último es importante que se implemente a corto plazo una política inmediata de desocupación de los calabozos judiciales, se actualice la cuantía de los tribunales de acuerdo a la realidad económica del país y se reactive la utilización de todas las herramientas que ofrece el Juris 2000, entre otras.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
Un país donde los ciudadanos consideren a los tribunales como un estorbo o, peor aún, como un medio para legitimar abusos, y no para solucionar sus problemas, es un país sin futuro, por lo que con el cese de la usurpación se hace necesario y urgente, para dar viabilidad a un proyecto real de país que la judicatura finalmente se convierta en lo que nunca ha sido: el defensor de los derechos de todos frente al poder.
Un juez independiente e imparcial no teme enfrentarse al poder y decirle que no puede actuar violentado libertades. Ojalá algún día presenciemos esto.
Por ello, no podemos quedarnos en meros deseos y proponemos propuestas concretas para hacerlos efectivos, pues mientras no entendamos que debemos construir un Poder Judicial con bases sólidas, no tendremos futuro y estaremos sujetos a los caprichos del poder.
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