La administración de justicia penal en Venezuela

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JUSTICIA PENAL

El objetivo del informe La administración de justicia penal en Venezuela es presentar un diagnóstico general del sistema de justicia penal en Venezuela durante el siglo XXI. No pretende entrar en profundidades, pero sí dar un panorama claro y sencillo en la medida de lo posible de cómo funciona la justicia penal en el país y explicar las causas principales de la situación actual en ese ámbito.

El siglo XXI coincidió con el arribo al poder de Hugo Chávez, un populista de izquierda, militar, muy carismático, quien prometió una mayor igualdad entre los venezolanos. Para ello, propuso, entre otros aspectos, hacer una nueva Constitución e importantes reformas, especialmente en el sistema de justicia. No obstante, los cambios realizados no siguieron los procedimientos de un Estado de derecho y, poco a poco, este se debilitó a tal punto que también se deterioró la democracia, aun siendo Venezuela antes del chavismo la democracia más estable de América Latina desde hacía cuarenta años.

En el periodo chavista, se empezó a instrumentalizar el derecho y la justicia desde el poder a fin de obtener fines políticos. Paulatinamente el Ejecutivo nacional se apoderó de todas las instituciones, las partidizó y, al mismo tiempo, destruyó la economía y la libertad de empresa con expropiaciones, nacionalizaciones, inseguridad jurídica, controles de precios y de ganancias.

La situación antes descrita en esta investigación ha ocasionado que Venezuela ocupe el último lugar de los 139 países evaluados por la organización internacional World Justice Project; que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) haya abierto una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por los órganos del Estado y que, además, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) haya activado un mecanismo independiente, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela para investigar presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluida la violencia sexual o de género, perpetrados desde 2014.

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