Aunque la elección del «nuevo» Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) acaparó la atención mediática, esta no fue la única designación que la Asamblea Nacional (AN) electa en diciembre de 2020 realizó el pasado 27 de abril. Los diputados también aprovecharon para nombrar por primera vez a los titulares de los dos otros organismos que integran al Poder Judicial: la Inspectoría General de Tribunales y la Escuela Nacional de la Magistratura, a pesar de ser esta una facultad del TSJ según el artículo 267 de la Constitución.
Hasta ahora las máximas autoridades de las instancias antes mencionadas eran designadas por la Sala Plena, que en los últimos años había designado al frente de ambas a alguno de sus integrantes. Sin embargo, en la reforma de la Ley Orgánica del TSJ, que el Parlamento aprobó a principios de año, los legisladores se hicieron con la potestad de realizar estos nombramientos, y de paso establecieron que ninguno de estos puestos los podía ocupar alguno de los miembros del organismo rector del Poder Judicial.
Para dirigir a la Inspectoría General de Tribunales los diputados nombraron a Gladys del Valle Requena, mientras que en la Escuela Nacional de la Magistratura reeligieron a Guillermo Blanco Vásquez.
Una investigadora de dudosa imparcialidad
La designación de Requena como inspectora de tribunales es, a nuestro juicio, motivo de preocupación, debido a la evidente alineación de la funcionaria con los gobiernos del fallecido Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, durante los cuales se desempeñó como diputada en dos ocasiones, siendo la última hasta hace apenas unas semanas. También fue ministra de la Mujer y para la Igualdad de Género, viceministra para la Suprema Felicidad del Pueblo y segunda vicepresidenta de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente electa en 2017.
En 2019 Gladys requena hizo un despliegue de intolerancia, al referirse a la oposición en los siguientes términos: «Son unos lamebotas, vasallos del Imperio. Ya no vale la pena decirles opositores, porque opositores es otra cosa», y dos años antes defendió el cerco que el Gobierno, a través del TSJ y el CNE, le tendió a la AN electa en diciembre de 2015 con mayoría opositora, y fustigó las acciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) que buscaban permitirle al Parlamento de esa época el ejercer sus funciones.
Al respecto, declaró lo siguiente:
«Las mujeres chavistas, socialistas, feministas no nos calamos la Carta Democrática. Aquí la Carta Democrática es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que garantiza a nuestras mujeres todos nuestros derechos, que nos garantiza la paz (…) Nos pronunciamos contra el injerencismo internacional y contra organizaciones de ese viejo orden internacional como lo es la OEA que se meten en el concierto desestabilizador que se dirige desde el imperio norteamericano».
Como si lo anterior no fuera suficiente, no se puede olvidar que Requena fue elegida en febrero pasado para integrar el Comité de Postulaciones Judiciales que precisamente escogió a los candidatos a magistrados, a inspector de tribunales y al director de Escuela de la Magistratura, y aunque se retiró antes de tiempo, sin duda constituye un conflicto de intereses, y más aun siendo diputada de la AN que designa a los magistrados, así como representante del partido de gobierno que la domina.
La Inspectoría General de Tribunales es la encargada de la «inspección y vigilancia de los tribunales de la República», de acuerdo con el artículo 81 de la Ley Orgánica del TSJ. Este organismo es una especie de Fiscalía que se encarga de recabar las pruebas de las presuntas faltas o fallas cometidas por los jueces para recomendar su destitución ante la Comisión Judicial, en el caso de los provisorios; o para pedir su procesamiento ante la jurisdicción disciplinaria, en el caso de los titulares.
Sin el chivo, pero con el mecate
En el caso de la Escuela Nacional de la Magistratura, la cual es «el centro de formación de las juezas y jueces, así como de las demás servidoras y servidores del Poder Judicial», la AN decidió mantener en el cargo al último director designado por la Sala Plena: Guillermo Blanco Vásquez, quien hasta el día de su nombramiento compartía ese puesto con el de magistrado de la Sala de Casación Civil. Sin embargo, al tomar esta decisión, el funcionario no pudo continuar en el máximo juzgado.
Guillermo Blanco Vásquez era parte de esa mayoría de magistrados alineados con el Gobierno de Maduro, quien respaldó con su voto polémicas sentencias como la que elevó la multa al diario El Nacional y abrió las puertas para arrebatarle su sede o la que autorizó el enjuiciamiento de la entonces fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz.
Durante su primera etapa en la Escuela Nacional de la Magistratura esta instancia realizó 91 cursos de postgrado y programas de formación en distintas materias a 14.151 participantes, informó el entonces presidente del TSJ, magistrado Maikel Moreno, en el pasado acto de apertura judicial. Estos números casi triplican a las actividades realizadas por la instancia en el año 2020, cuando apenas ofreció 35 cursos dirigidos a 4.260 participantes, lo que tiene sentido por la aparición de la COVID-19 en ese año y el consecuente cierre de la sede judicial por varios meses.
Aunque llama la atención el número de entrenamientos suministrados, no se ha visto una mejora en el servicio de administración de justicia.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
Si la designación del «nuevo» TSJ, el cual tiene entre sus filas a 60% de los miembros del anterior, ha corroborado las pocas intenciones del chavismo de avanzar en la recuperación de la independencia judicial, los nombramientos hechos en los llamados órganos auxiliares del Poder Judicial reafirman que no hay ningún tipo de voluntad hacia el cambio. El chavismo ha designado en instituciones clave como la Inspectoría General de Tribunales y la Escuela Nacional de la Magistratura a personajes que han demostrado, de viva voz o mediante sus actos, su alineación con los intereses del Gobierno.
