Ante la dramática situación que vive la población venezolana por el desabastecimiento y la falta de alimentos, medicinas y otros rubros esenciales para la productividad del país, el Gobierno nacional, a través de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), pretende institucionalizar los Comités Locales de Abastecimientos y Producción (CLAP) mediante una supuesta “ley constitucional” publicada en Gaceta Oficial (G.O.) n.° 41.330 del 29 de enero de 2018
Al respecto, es importante recordar que en 2016 los CLAP fueron creados por el Ejecutivo Nacional mediante Decreto n.° 2323 (G.O. n.° 6.227 extraordinaria del 13-05-2016), como una nueva forma de organización popular para la distribución de alimentos a fin de vencer la llamada “guerra económica” y combatir el acaparamiento y el “bachaqueo” de alimentos. Dichas figuras son dirigidas por grupos de personas simpatizantes del gobierno o militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Los CLAP, desde entonces hasta ahora, no han garantizado a la población el libre acceso a los productos de primera necesidad de una forma justa y equitativa, pues sus dirigentes sólo reparten o distribuyen los alimentos a algunos sectores de la población, marginando y excluyendo a otros. De acuerdo con la Encuesta sobre Condiciones de Vida (Encovi) 2017, realizada por las universidades Católica Andrés Bello (UCAB), Simón Bolívar (USB) y Central de Venezuela, las cajas CLAP sólo llegaron a 62% de los hogares abordados en Caracas (6.168) una vez al mes, mientras que en el interior del país la situación se agrava, pues sólo llegó a 18% de los hogares, también una vez al mes durante el año pasado.
Tampoco es un secreto la manipulación que se ha producido con la distribución de alimentos por parte de los CLAP en las contiendas electorales, toda vez que se han convertido en un mecanismo de control social utilizado por el poder, destinado a coaccionar o intimidar a los venezolanos beneficiados con el programa social o que aspiran a obtener esa ayuda a cambio de un voto a favor.
A esto se le añade la estrategia política y el uso del Carnet de la Patria, entre otros mecanismos fraudulentos, con lo cual el chavismo se aseguró la victoria casi absoluta de las gobernaciones y alcaldías durante las pasadas elecciones celebradas en 2017, vulnerando el carácter libre y voluntario del sufragio.
Tal práctica ha sido reconocida por el propio jefe nacional de los CLAP y actual ministro de la cartera de agricultura urbana, Freddy Bernal, al expresar públicamente que “El CLAP se ha transformado en una herramienta de conciencia, en una herramienta de organización y podemos decir responsablemente que los CLAP junto al PSUV, contribuyeron sustancialmente a ganar la Asamblea Constituyente, las elecciones de gobernaciones y las elecciones de alcaldes”.
De esta forma, la intervención arbitraria llevada a cabo por los CLAP, sumada al control de precios implantado por el Gobierno especialmente desde 2011, más otras políticas públicas fallidas, sólo han servido para agravar considerablemente el desabastecimiento y la escasez de alimentos que golpea cada día el estómago de los venezolanos.
En este sentido, Acceso a la Justicia advierte que tampoco con la pseudo Ley Constitucional del Comité Local de Abastecimiento y Producción, emitida por la ANC, usurpando las funciones legislativas de la Asamblea Nacional (AN), se alcanzará solución alguna a la actual emergencia humanitaria. Por el contrario, será un detonante que provocará más carestía en la población venezolana en los próximos meses, por las siguientes razones:
1. Refuerza el carácter partidista y militante de los integrantes de los CLAP, tal como se lee en el artículo 7, cuyo texto reza: “El Comité Local de Abastecimiento y Producción estará integrado por los siguientes voceras o voceros: 1. Una lideresa o un líder territorial. 2. Una o un fiscal popular. 3. Una activadora o un activador productivo. 4. Una comunicadora o un comunicador. 5. Una vocera o un vocero de la Milicia Bolivariana. 6. Una vocera o un vocero de la organización UNAMUJER. 7. Una vocera o vocero de las comunas. 8. Una vocera o vocero del Frente Francisco de Miranda. 9. Una vocera o vocero de la Unidad de Batalla Bolívar Chávez. 10. Las demás voceras o los demás voceros que determine la normativa que regule el funcionamiento de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción”.
En consecuencia, sólo acrecentará la intención política que ya existe entre los CLAP para la venta o distribución de los alimentos y productos dentro de la población venezolana.
2. Se crea la figura ¿inquisitiva? del “fiscal popular”, cuyo perfil está definido en el artículo 8, en el cual se lee “1. Debe ser participante, activa o activo en las organizaciones del Poder Popular. 2. Difundir y promover los lineamientos del Plan de la Patria y apegar su conducta a los mismos”.
Por otra parte, el artículo 5.4 dice que dicho Fiscal “es la vocera o vocero designada por el Comité Local de Abastecimiento y Producción que realizará el seguimiento y control, supervisión y fiscalización para garantizar la transparencia y eficiencia en los procesos productivos, comercialización y abastecimiento de alimentos, de artículos de aseo personal y fármacos, en el sector público y privado, para promover adecuadamente la comercialización de los artículos a precios fijados por el órgano del Estado que regula la materia”.
Resulta obvio que el ejercicio de tales funciones de control y fiscalización centralizada no ofrecerá ninguna garantía de imparcialidad y objetividad dado el perfil político que debe cumplir la persona asignada para ejercer dicho cargo.
3. Los CLAP se sustentan inconstitucionalmente en el sistema político, económico y social del llamado Estado Comunal, instaurado en el país por las llamadas Leyes del Poder Popular.
Es innegable, que las Leyes del Poder Popular en las que se sustenta el Estado Comunal, —estructura que no es cónsona con la división político-territorial prevista en la Carta Magna venezolana—, comportan un proceso de centralización política y económica. Y es en ese mismo sentido que están concebidos los CLAP, como un mecanismo “colectivista” dedicado a centralizar la distribución y producción de los alimentos, lo cual está divorciado de los principios económicos y valores democráticos del Estado social de derecho venezolano, consagrados en la Constitución de 1999.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
La existencia de los CLAP, ahora institucionalizados fraudulentamente por la ANC, es una burda confesión del Gobierno acerca de la grave emergencia alimentaria (desnutrición y malnutrición) que estamos padeciendo los venezolanos, sin ninguna esperanza, de momento, de que se solvente, ya que el régimen no tiene ninguna intención de hacerlo, sino que es parte de una política de Estado.
Este reconocimiento es un menosprecio a la dignidad humana. Alimentarse es un derecho humano, y hacerlo sanamente también lo es, en efecto, está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), específicamente en el artículo 25.1, en el que se lee: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación”.
