«El que pega primero, pega dos veces». El chavismo ha hecho de este refrán su mantra y así lo demostró en días pasados, cuando no solo desempolvó su amenaza de dictar una ley para regular la actividad de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y afines, sino que también llevó un borrador a la Asamblea Nacional (AN), cuyo contenido no había trascendido públicamente, y lo aprobó en primera discusión en cuestión de minutos.
El proyecto, llamado Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Afines, fue presentado el 24 de enero por el diputado Diosdado Cabello, quien en los últimos años ha atacado de manera recurrente a las agrupaciones civiles y, por ello, ha sido denunciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Menos de una hora después, el texto recibió el respaldo del oficialismo, que tiene una abrumadora mayoría en el Parlamento. La bancada de la llamada Alianza Democrática salvó el voto, aunque por momentos pareció que no se oponía realmente a la iniciativa.
La manera como se presentó el proyecto y se produjo su aprobación contradijo lo previsto en la Constitución. Lo primero que debe tomarse en cuenta es que según señala la carta magna en su artículo 207, «todo proyecto recibirá dos discusiones, en días diferentes, siguiendo las reglas establecidas en esta Constitución y en los reglamentos respectivos». Además, el artículo 208 precisa que
«en la primera discusión se considerará la exposición de motivos y se evaluarán sus objetivos, alcance y viabilidad, a fin de determinar la pertinencia de la ley, y se discutirá el articulado. Aprobado en primera discusión el proyecto será remitido a la comisión directamente relacionada con la materia objeto de la ley. En caso de que el proyecto de ley esté relacionado con varias comisiones permanentes, se designará una comisión mixta para realizar el estudio y presentar el informe». (Resaltado nuestro).
Por su parte, el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional (RIDAN), publicado en Gaceta Oficial n.° 42.064 del 8 de febrero de 2021, establece que en «la primera discusión se considerará la exposición de motivos y se evaluarán sus objetivos, alcance y viabilidad, a fin de determinar la pertinencia de la ley, y se discutirá el articulado en forma general» (resaltado nuestro).
Es decir, que la norma del RIDAN agrega que se discutirá «en forma general» el articulado,mientras que la disposición 208 del texto constitucional solo dice que «se discutirá el articulado».
Sin embargo, en la sesión de la AN en la que se discutió el proyecto de ley no se hizo ni lo uno ni lo otro. En ningún momento de su intervención el diputado Cabello ofreció detalles del instrumento: no reveló cuántos artículos contiene el proyecto ni informó sobre su exposición de motivos. Tan solo se limitó a atacar a las ONG y a acusarlas de ser «apéndices de organismos que operan en el mundo para garantizar al imperialismo su operación en el mundo entero».
«Las organizaciones no gubernamentales que operan en Venezuela no dependen del Gobierno bolivariano, dependen del Gobierno de Estados Unidos, mal pudieran ser llamadas organizaciones no gubernamentales», dijo, al tiempo que aseguró tener una «lista de 62 que operan con fines absolutamente políticos y que reciben financiamiento de otros organismos de otras naciones y de gobiernos distintos al bolivariano para imponer su democracia. Lo que ellos interpretan democracia».
Sin réplica y de manera exprés
El diputado José Brito, quien tomó la palabra por la Alianza Democrática, anunció que la bancada minoritaria salvaría su voto, por cuanto «acabo de recibir el proyecto de ley, no conocemos en toda la medida su alcance, lo cual dificulta un pronunciamiento». Asimismo, pidió la constitución de una comisión de consulta «amplia, plural y diversa» para estudiar el tema.
No obstante, acto seguido afirmó: «Nadie puede oponerse a que haya un registro, una fiscalización y una rendición de cuentas ante el país que se opera (…). El que no la debe, no la teme».
«Por unos pocos vividores, que los hay, que han desviado el propósito humanitario y altruista, llegando hasta desestabilizaciones no pueden pagar justos por pecadores», agregó el legislador haciendo en parte suyos los señalamientos de Cabello contra las ONG.
La intervención de Brito fue respondida por el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, quien le recordó que «en primera discusión no se discute artículo por artículo (…) un diputado veterano como usted debe saber eso». El aludido intentó replicar, pero Rodríguez le negó el derecho de palabra.
Llamativo fue que el presidente del Parlamento, quien se autodenominó como «novato» en las lides legislativas, tampoco informó sobre los detalles del instrumento ni mandó a que se leyera la exposición de motivos, a pesar de que la primera discusión, tal y como está prevista en la carta magna, está concebida como una especie de introducción de la propuesta que permite a los parlamentarios formular o exponer sus posiciones sobre el texto que se estudia.
Además, como ya mencionó, el artículo 208 constitucional señala que en esta etapa del proceso se presentará la exposición de motivos del texto y se realizará una evaluación de sus objetivos, alcance y viabilidad. No obstante, como viene siendo costumbre en las AN dominadas por el oficialismo apenas hubo tres intervenciones.
Finalmente, el diputado Rodríguez adujo que en la primera discusión no se debe hacer la revisión de artículo por artículo, lo que es cierto, pero sí debe revisarse el articulado de la propuesta, aunque sea de forma general, y esto no se hizo, tal y como lo mandan la Constitución y el RIDEN.
A ciegas
El proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Afines fue presentado en la AN sin que antes se hubiera divulgado su contenido, lo cual supone una violación al derecho de acceso a la información como medio para fomentar la participación ciudadana.
En el Parlamento se ha vuelto rutinario que las leyes sean aprobadas al amparo de la opacidad. La falta de transparencia ha llegado a tal nivel que, pese a que el oficialismo que domina el Legislativo desde 2021 viene recurriendo a la práctica de aprobar leyes, no las publica siempre en la Gaceta Oficial, tal como fue denunciado por Acceso a la Justicia.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
El proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Afines supone una nueva amenaza al ejercicio de los derechos a la asociación y a la participación en los asuntos públicos. No se puede ignorar que en los últimos años las autoridades venezolanas han emprendido una ofensiva contra la sociedad civil organizada, lo cual ha incluido ataques y hostigamientos por parte de altos personeros, así como el uso del sistema de justicia penal contra activistas y organizaciones y la aprobación de una serie de resoluciones y medidas administrativas que han dificultado la operación de dichas instancias.
Esperamos que esta iniciativa por la AN oficialista no vaya en la misma línea que la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros aprobada por el régimen nicaragüense, la cual ha permitido al Gobierno de Daniel Ortega cerrar miles de ONG.
Hacemos votos para que durante la segunda discusión los diputados organicen las consultas públicas e inviten a los sectores interesados a debatir este texto, tal y como lo manda la Constitución.
