Cada vez más lejos. Así ve la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, la solución a la grave crisis política, institucional, económica y humanitaria que padece Venezuela. ¿La razón? La decisión del Gobierno de Nicolás Maduro de arreciar en su campaña en contra de las organizaciones no gubernamentales (ONG), los medios de comunicación y la disidencia en general, un camino que dijo «no contribuye a apaciguar las tensiones, sino todo lo contrario».
«Me inquietan los crecientes signos de reducción del espacio cívico», denunció la exmandataria chilena al presentar este 11 de marzo una nueva actualización oral sobre la situación venezolana al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al cual reportó que:
«Desde septiembre, mi Oficina ha documentado al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de los Derechos Humanos, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición, incluidos los miembros electos de la Asamblea Nacional de 2015 y sus familiares».
A diferencia de su anterior informe, del 26 de febrero de 2020, en esta ocasión se refirió a la detención de los cinco activistas de la agrupación zuliana Azul Positivo y expresó su alarma ante los procesos judiciales iniciados contra organizaciones que han prestado «asistencia humanitaria como parte del Plan de Respuesta Humanitaria de Naciones Unidas».
«Me preocupan las recientes iniciativas para imponer restricciones indebidas a la capacidad de actuación de las organizaciones no gubernamentales, incluida la congelación de activos», afirmó, al tiempo que llamó a las autoridades a dar marcha atrás y permitir que «se reanuden los proyectos suspendidos».
Objetivo a atacar
Desde finales del año pasado el Gobierno y el Poder Judicial han llevado adelante acciones de criminalización y persecución contra distintas instituciones de la sociedad civil que trabajan para tratar de paliar los efectos de la crisis humanitaria que vive el país.
Apenas horas antes de que Bachelet y la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de la ONU publicaran sus últimos informes, el diputado Diosdado Cabello declaró que «Las ONG, en su gran mayoría, son instrumentos de desestabilización, de conspiración contra la patria. Reciben recursos directamente de Estados Unidos y otras partes del mundo para conspirar en Venezuela. No es un secreto a voces, eso se sabe».
Los ataques a las ONG no han sido solo verbales. En diciembre los directivos de la asociación civil Convite sufrieron el allanamiento de su sede por agentes de la Policía Nacional Bolivariana en Caracas. Semanas antes, la sede de Alimenta La Solidaridad y la casa de su director, Roberto Patiño, también fueron visitadas por agentes policiales, mientras que las cuentas de la agrupación fueron congeladas.
En noviembre, la Superintendencia de Instituciones del Sector Financiero (Sudeban) ordenó a los bancos que monitorearan las cuentas de las ONG, y días antes los ministerios del Interior y Exteriores emitieron una resolución conjunta en la que creaban un registro en el que deberán inscribir las agrupaciones internacionales no domiciliadas en el país.
Más ejecuciones, más muertes en las cárceles
Bachelet también se pronunció en relación con la masacre de La Vega, en la cual decenas de personas perdieron la vida en un presunto enfrentamiento entre agentes de las cuestionadas Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES) y miembros de la banda de «El Coqui».
«Pido que se realicen investigaciones rápidas e independientes para garantizar la rendición de cuentas, prevenir sucesos similares y poner fin a esta práctica», señaló sobre los sucesos registrados entre el 7 y 9 de enero en la barriada caraqueña.
Otro asunto al que se refirió fue a la situación carcelaria. Aunque saludó las medidas ad hoc puestas en marcha por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Ministerio Público y el Gobierno de Maduro para reducir el retardo procesal y el hacinamiento, expresó su preocupación por «los informes sobre muertes en detención a causa de la tuberculosis, desnutrición y otras enfermedades. Garantizar una alimentación y una atención sanitaria adecuadas es crucial para evitar más muertes trágicas como la de Salvador Franco».
El pasado 3 de enero, el líder pemón, Salvador Franco, quien permanecía detenido desde 2019 por presuntamente participar en un asalto a un cuartel militar en Bolívar, murió porque no fue trasladado a un centro de salud para recibir atención médica, pese a que así lo ordenó en noviembre pasado un tribunal.
«Un país es juzgado por cómo trata a sus más vulnerables, incluidos sus detenidos», recordó la exmandataria chilena, dejando entrever que el veredicto para Venezuela no es nada favorable.
Excusas y más excusas
Tras la presentación de Bachelet se abrió el tiempo para el debate entre los miembros del Consejo de Derechos Humanos y miembros de la sociedad civil. El representante venezolano fue el primero en tomar la palabra y criticó el reporte de la Alta Comisionada, por considerar que estaba sesgado, pues contenía «información no verificada» y, sobre todo, porque no tomó en cuenta «los perversos efectos que las ilegales sanciones» de Estados Unidos y la Unión Europea (UE) tienen sobre la economía. En la misma línea se pronunciaron Rusia, China, Bielorrusia, Irán, Cuba y Corea del Norte, todos países con un lamentable registro en materia de derechos humanos.
Por su parte, las delegaciones de la UE y del Reino Unido instaron a las autoridades venezolanas a permitir que más relatores y expertos de la ONU puedan visitar el país para constatar in situ la situación de las libertades de expresión y asociación, así como de las ejecuciones extrajudiciales y la tortura.
Precisamente, este fue uno de los compromisos que el Gobierno de Nicolás Maduro asumió con Bachelet en 2019 y que aún no ha cumplido.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
El nuevo informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos expone que la situación venezolana no ha mejorado y que las violaciones a las garantías fundamentales, que la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos calificó como crímenes de lesa humanidad el año pasado y ratificó este año, siguen ocurriendo.
Esta situación se produce porque las autoridades no tienen la más mínima voluntad y propósito de enmienda, lo cual queda en evidencia con su negativa a acatar las recomendaciones que la alta comisionada y otras instancias internacionales han formulado.
El caso de la masacre de La Vega es el mejor ejemplo: si el Gobierno hubiera seguido la recomendación de Bachelet y hubiera disuelto a las FAES, posiblemente el baño de sangre ocurrido a principios de año en el populoso sector se habría evitado.
La observación internacional que hace la oficina de Michelle Bachelet permite que el mundo conozca la realidad que padecen millones de venezolanos. Esto abulta el ya voluminoso expediente por el que tendrán que responder, tarde o temprano, quienes han tenido las riendas de la República por lo menos desde 2014, que es a la fecha que se remontan las investigaciones por crímenes de lesa humanidad de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos.
