En el informe del 4 de noviembre de 2024 en el que la Corte Penal Internacional (CPI) alude a sus actividades desde el 16 de septiembre de 2023 hasta el 15 de septiembre de 2024, haciendo referencia a las situaciones más relevantes sin revelar información confidencial, la Fiscalía de la Corte aseguró que «reanudó sus investigaciones independientes», e incluso aseveró que durante los últimos 12 meses «realizó avances» en lo relacionado con los hechos ocurridos en Venezuela desde 2014. Sin embargo, en el documento no reveló cuáles fueron esos progresos logrados.
En el reporte se admite que el grueso de las actuaciones de la instancia en lo referido a Venezuela fue de carácter técnico y administrativo, y resaltó que la visita que el fiscal Karim Khan realizó a Caracas en junio del año pasado, la cuarta desde que asumió el cargo, no fue la única. En el documento, la CPI asegura que, hasta el momento, ha enviado 11 misiones al territorio nacional en los últimos años.
Por su parte, Khan, en el informe anual, indicó que desde 2021 ha enviado a nueve grupos de funcionarios a Venezuela, de los cuales tres exclusivamente técnicos estuvieron el año pasado, específicamente en febrero, mayo y julio.
Durante su último viaje, el fiscal inauguró la oficina que su despacho instaló en el país y con la cual espera «prestar asesoramiento a las autoridades nacionales sobre la legislación encaminada a tipificar los crímenes definidos en el Estatuto de Roma», según se agrega en el informe y dentro de la estrategia que el jurista británico viene desarrollando para cumplir con el principio de complementariedad que rige a la justicia internacional.
Sin embargo, a finales del año pasado, Khan advirtió a las autoridades que está opción «no puede ser una historia interminable» y criticó la falta de «ímpetu y progreso real» demostrada por la justicia venezolana para castigar los crímenes ocurridos en el país.
«La pelota está en la cancha de Venezuela, pero la vía de la complementariedad se está agotando», declaró durante su comparecencia ante la Asamblea de Estados parte de la CPI.
Con las víctimas y los defensores
La Fiscalía no solo ha abierto canales de comunicación con las autoridades, sino que también ha buscado establecerlos con las víctimas y sus defensores. Así, en el informe de la CPI se asegura que el despacho de Khan y otras instancias de esa institución, como la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas (SPVR, por sus siglas en inglés), han celebrado reuniones virtuales y presenciales (fuera del país) con «las partes interesadas para responder preguntas, aclarar la información errónea y distribuir material informativo producido por la Corte».
En estos encuentros han participado también funcionarios de la Sección de Información Pública y Sensibilización del tribunal, según se lee en el reporte.
Entre noviembre de 2022 y septiembre de 2024, la SPVR también organizó numerosas sesiones informativas con una gran cantidad de interlocutores y participó en eventos junto a «grupos de víctimas y organizaciones comunitarias y de derechos humanos regionales e internacionales».
Por su parte, la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas (OPCV, por sus siglas en inglés) ha pasado los últimos meses asesorando a abogados que representan a las víctimas de violaciones a los derechos humanos en temas relacionados con la representación de sus intereses ante la CPI.
Dando motivos para criticar
El informe de la CPI contiene elementos que refuerzan los señalamientos de aquellos quienes consideran que la actuación de la Fiscalía en el caso venezolano es lenta, en comparación con otros casos abiertos posteriormente, como el relacionado con la invasión rusa a Ucrania.
El reporte anuncia que en 2024, la Sala de Cuestiones Preliminares del juzgado atendió la petición del despacho de Khan y dictó cuatro órdenes de captura contra igual número de altos mandos militares rusos, entre ellos el general Sergei Shoigu, exministro de la Defensa de Rusia.
En diciembre pasado, las críticas contra el fiscal Karim Khan se reavivaron luego de que el reconocido abogado chileno Claudio Grossman, asesor de su despacho y quien fuera presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), renunciara alegando que «sus estándares éticos ya no le permiten permanecer en silencio» y porque ya no podía justificar «la elección (de Khan) de no tomar las medidas serias correspondientes contra los autores de las graves violaciones» en el caso de Venezuela.
Las críticas contra Khan se vienen escuchando cada vez con más fuerza dentro de la propia CPI. Así, la OPCV, al responder la recusación que una fundación estadounidense presentó contra el jurista británico, cuestionó que el caso venezolano muestre menos avances que otros.
«(Las víctimas venezolanas) se preguntan por qué los crímenes y el sufrimiento que han soportado parecen tratarse con menos urgencia en comparación con aquellos que afectan a las víctimas en otros contextos», indicó la jefa de la OPCV, Paolina Massidda.
Sin recursos suficientes
Durante los últimos 12 meses, la CPI se ocupó de 16 casos en etapa de investigación y otras 20 causas pendientes con 34 acusados o imputados ante la Corte. Asimismo, celebró 166 audiencias con declaraciones de 74 testigos, 36 de las cuales se celebraron presencialmente en su sede, mientras que el resto fueron a través de videoconferencia, se lee en su informe.
Para 2025, en la Asamblea de Estados Parte se le aprobaron a la Fiscalía algo más de 62 millones de euros (aproximadamente 64 millones de dólares), lo cual implica un aumento de 3,3 % en relación con lo otorgado en 2024 y 7 millones menos del monto propuesto.
Durante los debates se puso de manifiesto la preocupación por la mora en los pagos por parte de varios Estados miembros, entre los que figura Venezuela. La deuda del país asciende a más de 14 millones de euros, pues no consigna pagos desde 2018, alegando incapacidad producto de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y otros países. Esta situación dificulta a la Fiscalía y a la Corte poder cumplir sus tareas.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
El informe de la CPI pone de manifiesto que el caso venezolano no está paralizado ni olvidado. Sin embargo, también revela que la actuación de la justicia internacional está siendo bastante lenta, como algunos informaban que sería, lo cual envía una mala señal a las víctimas que aguardan por la oportunidad de poder exponer sus casos ante una instancia independiente e imparcial.
La falta de recursos financieros originada por el incumplimiento de los pagos al juzgado por parte de Estados como Venezuela parece formar parte de una estrategia para obstaculizar la labor de una instancia que en 2024 condujo actuaciones en casos de cuatro continentes que abarcaban a más de 16.000 víctimas.
